10 de mayo de 2018

Los gobiernos de Perú y Paraguay criminalizan a luchadores sociales, concluye el informe elaborado por Amnesty Internacional. El estudio, que revela casos de ataques emblemáticos en los últimos años, señala que las autoridades de ambos países «están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra activistas medioambientales y de los derechos relacionados con el acceso a la tierra, en tanto reclama que dejen de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos. También que investiguen y pongan a disposición judicial a los responsables de los ataques. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostiene que estas agresiones «tienen un impacto devastador» para los activistas, sus comunidades y familias.