18 de marzo de 2022
El Gobierno anunció sus planes para enfrentar las desigualdades heredadas del neoliberalismo. Retos con la nueva Constitución en el horizonte.
Palacio de la Moneda. El mandatario junto a los ministros de su Gabinete, el día de su asunción como jefe de Estado.
TORRES/AFP/DACHARY
Tras décadas de vigencia de un modelo que «modernizó» a Chile pero dejó una sociedad partida por la desigualdad, el nuevo presidente, Gabriel Boric, tiene la oportunidad, junto con la nueva Constitución que alumbre, de cambiar esa historia.
Boric asumió el viernes 11 de marzo con un gabinete joven, feminista, ecologista e inclusivo de las muchas naciones del país trasandino. Un Gobierno que surgió de la lucha estudiantil contra el neoliberalismo; del hartazgo de la educación y la salud pagas y caras, para millones, inaccesibles; de un régimen jubilatorio parecido a un saqueo financiero y de un marco impositivo perpetuador de la brecha social.
En su primer discurso, prometió una economía que, tras la pandemia, sea «sustentable» y vaya a la «consolidación sin reproducir las desigualdades».
El funcionario a cargo de ese proceso es uno de los pocos del Gabinete que supera los 60 años (el promedio de los ministros, en su mayoría mujeres, está en la década de los 40) y de los escasos con fuerte experiencia de gestión. Es Mario Marcel, expresidente del Banco Central y exdirector de Presupuesto. El nuevo titular de Hacienda tiene buena llegada (y asumida aceptación) del establishment. En las elecciones de 2021 votó a candidatos de derecha, incluso al derrotado en el balotaje por Boric, al ultraderechista José A. Kast.
Boric y Marcel dijeron que el primer anuncio será una suba del salario mínimo, de 350.000 a 500.000 pesos chilenos, equivalente a pasar de 430 a 620 dólares. Será gradual en los cuatro años de Gobierno, se prometió. Si se concreta, Chile, segundo en América Latina en salarios medidos en dólares para poder ser comparables, superará al líder Ecuador (dato engañoso, pues al ser una economía dolarizada no representa un gran ingreso para sus trabajadores en términos de poder de compra) y a Argentina.
El salario chileno enfrenta varios escollos: las carestías para muchos insalvables en educación y salud, el fuerte endeudamiento familiar, brutalmente incentivado al crédito al consumo y la financierización, el robo de las AFP (fondos de jubilación privada, negocio multimillonario de grupos en su mayoría extranjeros o locales extranjerizados, ya con un stock cercano a los 200.000 millones de dólares, equivalente al 70% del PIB) o, indirectamente, la debilidad del salario frente a leyes laborales y sindicales muy propatronales.
Tres ejes sustanciales que prometió Boric en lo económico son, por un lado, un apego al medioambiente, vara alta para un país que basa su producción en sectores como minería, pesca, forestación y agro donde se dan fuertes polémicas sobre la sustentabilidad. Y por otro, dos reformas clave para un sistema más igualitario y que a la vez pueda financiar los cambios progresistas en otras áreas, como las de salud y educación: la previsional y la tributaria.
En el primer caso, se trata de ir al hueso del puñado de administradoras de esos fondos para cambiar el esquema heredado de la dictadura pinochetista (1973-1990). Según datos oficiales, de los pensionados más viejos, con 35 años de aportes, la mitad cobra 75% del salario mínimo. Un nuevo jubilado hoy en Chile percibe una media del 35% de su salario activo.
Lo deseable y lo posible
Por el estallido social de 2019, el pueblo de Chile logró arrancarle al Gobierno de Piñera (su hermano José inventó las AFP en 1980) retiros parciales de sus ahorros. Pero amerita una transformación total que Boric prometió: se trata de un pilar colectivo para las jubilaciones y garantizando un mínimo. «El propósito es construir un sistema mixto, donde la capitalización siga siendo un componente, pero ya no el único eje del sistema y con un rol más importante del Estado», dijo recientemente al diario español El País el ahora ministro Marcel, un gradualista que, como Boric, consiera que nada cambiará sino a largo plazo y con sustentabilidad. En esa nota, además, Marcel dijo que «la desigualdad no se genera solo porque los ingresos son desiguales, sino porque la protección social es débil».
En materia impositiva, los ejes serán más regalías mineras, quitar exenciones y subsidios al combustible, la compraventa de acciones y otros rubros, y reformular el impuesto a la renta, que hoy no distingue utilidades corporativas de ganancias personales y es así una gran colectora de la autopista de la evasión y elusión fiscales.
Finalmente, en estas reformas buscadas juega el otro factor: cómo quedará la nueva Constitución cuando termine su redacción y se someta al voto popular obligatorio (otra gran novedad que habrá en Chile este año: la obligatoriedad de votarla). Si en el actual Congreso nacional, por cómo quedó compuesto, ni Gobierno ni oposición de derecha tienen mayorías, en el debate constitucional que básicamente busca enterrar la Constitución de Pinochet y su sesgo ultradefensivo de propiedad privada, también se requieren mayorías calificadas en los puntos más álgidos. Esos son los límites del nuevo progresismo chileno que encabeza Boric, en una fuerza de coalición que asimismo enfrentará, como está pasando en toda América Latina, no pocas tensiones entre lo deseable y lo posible.
