19 de enero de 2022

Manuel Alfieri

Avalado por la Justicia, el presidente López Obrador impulsa un referendo para que el pueblo defina su continuidad en el cargo. El nuevo escenario político.

En abril próximo, la política mexicana vivirá un hecho inédito en su historia: por primera vez, un presidente pondrá en juego lo que resta de su mandato a través de un referéndum. Lo curioso es que la consulta es impulsada por el propio mandatario del país azteca, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien cumplirá así con una de sus principales promesas de campaña y dejará en manos de la población su continuidad en el cargo. Más paradójico aún es que quienes están poniendo palos en la rueda para que eso no suceda son los distintos partidos de la oposición, que piden la renuncia de AMLO casi a diario.
La cuestión ensanchó aún más la extensa grieta que separa a oficialismo y oposición. Todo comenzó en septiembre del año pasado, cuando el Congreso mexicano aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato promovida por AMLO para plebiscitar su gestión. La oposición derechista, encabezada por el PAN y el PRI, cuestionó inmediatamente la convocatoria, argumentando que es muy costosa y que su único objetivo es fortalecer al Gobierno. El tema se judicializó con el fin de lograr la postergación o la anulación de la consulta, pero finalmente en diciembre pasado el Tribunal Electoral avaló su realización y fijó como fecha el próximo 10 de abril.
Si la embestida opositora no prospera hasta entonces, ese día los ciudadanos y ciudadanas deberán decidir si quieren revocar o no el mandato de AMLO, que lleva tres años en el cargo y todavía tiene otros tres por delante. Para que el resultado tenga validez deberán votar al menos 37 millones de personas (el 40% del padrón electoral). Sin embargo, el veterano presidente ya avisó que si la participación llega al 30% y los resultados no lo acompañan, dará un paso al costado. «Si la gente dice que me vaya, me voy. Porque no se puede gobernar sin el respaldo del pueblo», aseguró.
En el oficialismo confían en que eso no sucederá, aunque reconocen que la jugada es de todos modos arriesgada. Ocurre que, de no haber una gran participación popular, AMLO quedaría políticamente debilitado. Eso, justamente, es lo que sucedió en 2021, cuando el presidente convocó a un referéndum para promover el enjuiciamiento por corrupción de seis de sus antecesores: aunque ganó por amplio margen, solo participó el 6,5% del padrón y los principales referentes opositores se pasearon por los canales de televisión para celebrar el «fracaso» del Gobierno.

Motivaciones
Ahora, sin embargo, el escenario es distinto. A pesar de los furibundos ataques de la oposición política y mediática, y de las drásticas consecuencias de la pandemia, AMLO es un caso extraño en el mundo: todavía cosecha altos niveles de popularidad y aprobación (del 55% al 60% según distintas consultoras, y del 70% según sostiene él mismo). Por eso no considera que el referéndum sea un riesgo, sino más bien una oportunidad para ratificar su mandato, imprimiéndole además un sello de honestidad a su gestión.
Esto último es clave para AMLO, quien ya desde el inicio de su Gobierno propuso una «nueva forma de hacer política», centrada en la movilización y la participación ciudadana. «Hay que seguir impulsando la democracia participativa, no solo elegir y nos vemos en tres años», dijo alguna vez. En ese marco, la revocación de mandato es una forma de que «el pueblo tenga el poder en sus manos» y de que el presidente sea sometido a «la voluntad del soberano» para que «nadie se sienta absoluto».
Pero más allá de las motivaciones ideológicas, lo cierto es que la decisión de testear la popularidad presidencial en las urnas también tiene raíces eminentemente políticas. Un buen resultado en el plebiscito podría servir para atemperar el golpe producido tras las agrias elecciones legislativas de 2021, en las que el Gobierno triunfó, pero con un escueto 34%, lo que implicó la pérdida de 50 diputados y la imposibilidad de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.
A través del referéndum, AMLO podría además recibir un fuerte espaldarazo para afrontar la elección de gobernadores de junio, encarar la segunda mitad de su mandato con mayor tranquilidad e ir delineando la estrategia partidaria para las presidenciales de 2024, la gran contienda a la que no podrá presentarse, pero en la que estará en juego la continuidad de la llamada «Cuarta transformación» que él mismo inició.