30 de junio de 2021
La sangrienta represión de las protestas puso de relieve el agotamiento del modelo neoliberal. Aumento de la pobreza, crisis sanitaria y regreso del paramilitarismo.
Bogotá. Manifestantes frente a policías, en una de las marchas contra el proyecto de reforma tributaria, luego retirado por Duque. (Juan Barreto/AFP)
El estallido social de Colombia, en el peor momento de la pandemia del COVID-19, reveló una acumulación de conflictos irresueltos que, a pesar de los acuerdos de paz, se expresaron en un crecimiento de la violencia. Lo que comenzó como un paro nacional en contra de una reforma impositiva, impulsada por el presidente Iván Duque, derivó en un estallido social que dejó –hasta el momento– un saldo de 41 civiles y un policía muertos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El 28 abril las principales centrales obreras convocaron a un paro nacional contra el proyecto de reforma tributaria de carácter regresivo, que impulsaba el Gobierno nacional. La iniciativa extendía el cobro del impuesto al valor agregado (IVA), que en Colombia es del 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (luz, agua y gas), objetos electrónicos, y servicios hasta ahora exentos, como los funerarios. Todo ello en un país golpeado por el aumento de la pobreza, el desempleo y los casos de COVID-19. A lo que se sumaron otras demandas, como el incumplimiento de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno.
Raíces del estallido
El deterioro de la economía se expresa en números que alarman. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2020 3,6 millones de colombianos cayeron bajo la línea de pobreza monetaria y 2,78 millones pasaron a la indigencia. Como resultado de ello, la pobreza hoy supera al 42% del total de la población, en una economía que sufrió una caída de 6,7 puntos porcentuales en el mismo período. A su vez, el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso con una ocupación hospitalaria superior al 95%, un aumento tanto de casos positivos (alrededor de 10.000 por día) como de muertes (a razón de 450 diarias), y con solo el 14% de su población vacunada, según cifras del Ministerio de Salud colombiano. De modo que la represión policial a las multitudinarias marchas pacíficas encendió una mecha que hizo explotar diversos conflictos que permanecían latentes.
«El desafío del cambio político en Colombia es enterrar el neoliberalismo, ya decadente, y derribar las estructuras del terrorismo de Estado que enlutan día a día a la familia colombiana», escribió Javier Calderón –Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA– en una columna periodística. Como ocurriera en las revueltas de 2019 y 2020, el movimiento de protesta aglutinó demandas políticas que ponen de relieve la crisis del modelo neoliberal. Entre esas demandas figuran un cambio de rumbo en la política económica, la reforma policial y el cese de la criminalización contra la protesta social.
Sobre esto último, y tras 20 días de paro, la espiral de protestas y represión institucional atravesó picos dramáticos con escenas de operativos policiales con helicópteros, disparos desde puentes, enfrentamientos armados de civiles contra policías y de civiles contra manifestantes, como los que se vieron en la ciudad sureña de Cali contra los manifestantes de la Minga Indígena, organización de pueblos originarios que forma parte del Comité de Paro. La plataforma de derechos humanos «Defender la Libertad» registró 51 homicidios cometidos «presuntamente por accionar de la fuerza pública», 611 heridos, 87 víctimas de violencia basadas en género y 89 desaparecidos en medio del paro nacional. Todos estos hechos, que recordaron las épocas más oscuras del paramilitarismo, con el expresidente Álvaro Uribe estimulando la represión y acusando de «terroristas» a los manifestantes. Los principales organismos internacionales defensores de derechos humanos fueron los primeros en denunciarlo. El más notorio: el de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) que denunció «disparos» contra sus observadores en el terreno «provenientes de la fuerza pública». Lo propio hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
En diálogo con Acción, la secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Aura Rodríguez Bonilla, señaló que fue la presión internacional la que logró «aminorar la brutalidad policial ordenada por el Gobierno en todo el país». «Los pronunciamientos de congresistas estadounidenses y parlamentarios europeos, además los anuncios de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hicieron que la represión policial bajara un poco», puntualizó. Sin embargo, los recientes anuncios por parte del presidente Duque de incrementar el despliegue de fuerza pública, mientras paralelamente mantiene diálogos con el Comité de Huelga, preocupa a las plataformas locales: «Tememos que estos anuncios lleven a la reproducción de mayores casos de violaciones a los derechos humanos, muertes y desapariciones», concluyó Rodríguez.
En ese escenario, la profunda crisis política y social que vive Colombia tiene final abierto, con un movimiento activo en la calle que reclama el fin de las políticas neoliberales y un Gobierno que, por el momento, solo apela a la salvaje represión para acallar las reivindicaciones de la ciudadanía.
