20 de marzo de 2013
El dictado de una serie de fallos polémicos y en algunos casos escandalosos, entre ellos la absolución de los acusados por la desaparición de Marita Verón, y lo ocurrido desde la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –la cual no puede aplicarse íntegramente a partir de las reiteradas maniobras del principal grupo de medios del país que, cautelares y recursos mediante, logró que tres años y medio después de ser aprobada por amplias mayorías parlamentarias, aún tenga dos artículos paralizados–, instalaron en la agenda de discusión política la transformación del sistema judicial en la Argentina.
La situación no es nueva. Sus antecedentes más cercanos datan del desembarco frontal del modelo neoliberal en la Argentina, fundamentalmente a partir de la llegada al Gobierno nacional de Carlos Saúl Menem en 1989. La Corte Suprema jugó entonces un rol fuertemente corporativo, avalando la entrega del patrimonio nacional y las políticas de privatizaciones. En el campo de los derechos humanos aquella fue una larga década de olvido y de negación del derecho a la justicia para las miles de víctimas del terrorismo de Estado, a través de la vigencia de figuras como la Obediencia Debida, el Punto Final (sancionadas durante el gobierno de Alfonsín) y el indulto, que beneficiaron a los responsables de la represión de la dictadura. Lo mismo ocurrió con las víctimas de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), a quienes se castigó doblemente con las desviaciones de la investigación y la consecuente ausencia de justicia. En ese contexto, no sorprendió que uno de los ejes de la rebelión popular de diciembre de 2001 fuera el reclamo de la renovación total de la Corte Suprema y su «mayoría automática».
Los recientes anuncios gubernamentales acerca de la presentación de propuestas legislativas para transformar distintos mecanismos del Poder Judicial fueron recibidos, como era previsible, por la reacción negativa de los sectores más conservadores del quehacer tribunalicio. Pero no fueron las únicas opiniones que se hicieron oír. Un grupo muy importante, integrado por cerca de un millar de jueces, fiscales y funcionarios judiciales se reunieron en la Biblioteca Nacional para apoyar el debate por una democratización de la Justicia.
Los cambios que se proponen son diversos. Incluyen desde la identificación de la matriz del poder judicial burocrática y autoritaria, que reconoce como antecedente fundacional la Corte convalidante del Golpe de Estado de 1930, hasta la autoproclamada «independencia» que encubre en muchos casos la sumisión a grupos, intereses y poderes a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de Justicia en un estado de derecho.
Parece haber llegado la hora de debatir cómo se forman los jueces y magistrados, cómo se los elige, quiénes deben llevar adelante los procesos de selección, de qué forma se transparenta la gestión y cómo se habilitan vías de participación popular en la construcción de una Justicia con equidad, a la altura de los nuevos tiempos que vivimos en nuestro país.
Llevamos muchos años de colonización corporativa sobre las distintas instancias del Poder Judicial, con el correlato de una continua dependencia de los poderes mediáticos, económicos y eclesiásticos y que ha tenido en la resistencia a la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual su punto más elevado en el abuso de las medidas cautelares y de la búsqueda de declaración de anticonstitucionalidad de una ley votada por amplia mayoría y debatida en miles de foros a lo largo y lo ancho del país.
Democratizar la Justicia es una tarea eminentemente política, demasiado importante para dejarla sólo en manos de los jueces, razón más que suficiente para entender que no podrá avanzar sin una amplia participación popular, sin un ferviente compromiso democrático y movilización de la opinión pública.
Un debate abierto y participativo es imprescindible, porque la cuestión de la Justicia y la equidad interpela a toda la sociedad y nos propone un futuro más justo y solidario.
