28 de junio de 2025
Aliados. El ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora del FMI, Kristalina Georgieva: el organismo avala la política económica.
Foto: NA
Algunos de los puntos más regresivos del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el ajuste del gasto público destinado a mejorar la calidad de vida de los sectores populares, se cumplen a rajatabla. Un ejemplo: con el argumento de la defensa a ultranza del superávit fiscal, esta semana el Gobierno vetó la ley que declaró como zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, que luego de eventos climáticos extremos contemplaba una ayuda por 200.000 millones de pesos.
Entre los argumentos esgrimidos se dijo que la ayuda ya se concretó a través del decreto 238/25, que dispuso asistir a la ciudad de Bahía Blanca. En esa norma, sin embargo, se dice que se dispondrán «hasta» 200.000 millones (financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo), lo cual implica que podrían destinarse menos recursos. Por lo pronto, no se informa ningún monto que se haya adjudicado hasta el momento, solo números de beneficiarios bahienses.
Sobre el incumplimiento de otros compromisos macroeconómicos asumidos con el FMI, en tanto, los funcionarios del organismo con sede en Washington serían más contemplativos, especuló días atrás uno de los principales medios locales de comunicación.
El Fondo, indicó esa versión, «volará bajo radar y no cuestionará los desvíos del programa (…). La decisión política de Washington es la siguiente: hasta octubre no habrá reclamos y el pedido de correcciones al programa económico ocurrirá después de las elecciones».
El artículo agregó que «se trata –en definitiva– de un apoyo explícito: permitir que “Toto” (el ministro Luis Caputo) llegue sin turbulencias a la primavera y que Javier Milei pueda ganar las elecciones de octubre», para instrumentar después cambios estructurales en los ámbitos laboral y previsional.
En los próximos días se verá si el FMI hace la vista gorda sobre desvíos en aspectos relevantes del acuerdo, reflejados en los indicadores de las cuentas externas recientemente difundidos por el Banco Central.
Es la primera vez en casi un cuarto de siglo (desde 2003, cuando se creó la serie estadística) que se registra un signo negativo en la medición de la Inversión Extranjera Directa: entre diciembre de 2024 y mayo del actual año, salieron divisas por este concepto por U$S 2.374 millones. Es decir, salen más dólares de los que ingresan al país. Lo cual solo puede atribuirse a la desmejora del clima de negocios, por las tensiones e inconsistencias existentes.
También sobresale la formación de activos externos del sector privado no financiero, con una salida neta concentrada en abril y mayo que llega a los U$S 5.247 millones.
Sin ayuda. El presidente vetó la ley que disponía fondos para atender los daños causados por la inundación de marzo en Bahía Blanca.
Foto: Juan Sebastián Lobos
A la vez, los egresos por viajes al exterior sumaron 4.502 millones de dólares en el acumulado de los cinco primeros meses del año.
Mientras tanto, se anotaron nuevas bajas en los salarios, tanto del sector privado registrado como de estatales (cuya nómina ya fue raleada en 50.000 puestos, según se ufanó el ministro Federico Sturzenegger).
El desempleo total, en ese marco, llegó al 7,9% de la población activa en el primer trimestre de este año, dos décimas más que en enero-marzo de 2024.
Necesidades
El claro empeoramiento de las condiciones económicas que padece la mayor parte de la población deriva, entre otras cuestiones, de la lógica del Gobierno, según la cual, para mantener el equilibrio fiscal (o buscar un superávit) hay que achicar los gastos que benefician a la población, incluso dejando de atender las urgencias.
En realidad, las necesidades de las personas no deben acomodarse a los recursos existentes, sino al contrario, hay que generar los recursos para atender dichas necesidades, que también son derechos, sin poner al equilibrio en las cuentas públicas como un objetivo en sí mismo.
Como contracara de las políticas actuales, vale recordar la importancia que tuvo, no hace tantos años atrás, la Ley del Aporte Solidario y Extraordinario. Los recursos obtenidos afectaron solo a las grandes fortunas, y permitieron morigerar problemas de las personas (salud, vivienda, educación) y financiar una parte del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
Ese ejemplo es contrario a la apreciación del presidente Javier Milei, para quien «la justicia social es una aberración». De hecho, la mayoría de los países desarrollados utiliza el sistema tributario (con alta participación de impuestos a las ganancias de personas) y también la disposición del gasto, con fines redistributivos.
El Gobierno nacional busca perpetuar un modelo totalmente opuesto, con un reparto cada vez más injusto de las riquezas generadas en el país. Al igual que en otros períodos en que se aplicaron recetas neoliberales, se propicia en la actualidad el recorte de derechos, la desigualdad social, los procesos de endeudamiento y concentración económica. Y como se vio en el pasado, esos planes van de la mano de la represión a los sectores resistentes. Los Gobiernos de corte popular, en cambio, con sus limitaciones y errores, siempre avanzaron en la protección de los sectores más débiles o en la búsqueda de desendeudar al país, para instalar modelos de desarrollo soberanos, inclusivos y más igualitarios.
