30 de diciembre de 2024

Para los que acompañamos y apoyamos con una fuerte convicción las políticas de defensa de los derechos humanos, sustentadas en la ya histórica idea de memoria, verdad y justicia, que marcaron los 40 años de nuestra democracia, la recuperación de otro nieto, el número 138, se transformó en una valiosa y alegre noticia como culminación de un año que en términos económicos, sociales y culturales fue muy difícil para una gran parte de la sociedad.

El acontecimiento coincidió con un acto multitudinario en la exEsma, un abrazo al edificio, en el que una franja importante de la ciudadanía se pronunció en contra de los permanentes recortes y cierres de todo lo concerniente al apoyo gubernamental a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a la búsqueda de los nietos secuestrados, la difusión y formación de una conciencia de memoria y la apoyatura a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.

La noble igualdad
En otro plano, el año termina también con la secuela de una acción propagandística del Gobierno con fin de instalar una sensación de triunfalismo sobre los resultados de su gestión, incluyendo la idea de que están librando una «batalla cultural» con el propósito no solo de destruir el Estado, como se plantea de forma manifiesta, sino también de ruptura del entramado de valores que durante décadas sustentaron la idea de justicia social, solidaridad, pueblo y nación soberanos, coronando con el concepto de libertad, pero amalgamado al valor de igualdad. Así lo imaginaron los fundadores de la patria y quedó plasmado en nuestro himno nacional, que proclama «libertad, libertad, libertad» y también «ved en trono a la noble igualdad».

El discurso gubernamental se apoya en el supuesto alivio psicosocial generado por la desaceleración inflacionaria que se fue dando luego del shock de la devaluación del 118% y la consecuente disparada de los precios establecida por los grandes formadores, quienes son siempre los que tienen la capacidad para fijarlos, y son los directos beneficiarios de esa determinación.

El establishment a la vez que declara enfáticamente su apoyo al experimento anarcocapitalista y a su presidente, por otro lado reclama perentoriamente que 2025 sea «el año de las grandes reformas estructurales». El presidente de la nación coincide con ese propósito de allí que se plantea que este será el año de las «reformas verdaderas». A saber: las reformas tributaria, previsional, laboral, a las que agregan la finalización del mal denominado «cepo cambiario».

El Fondo Monetario Internacional y los ideólogos del establishment local y extranjero agregan su visión de que resulta imperiosa una nueva devaluación. La cual, como siempre ocurre, implicaría un fuerte aumento de los precios con el consecuente impacto en la vida de la sociedad.

Juega la Corte
En definitiva, asumen que los tiempos políticos en la Argentina son dinámicos, por lo tanto el que comienza debe ser el año para implantar esas reformas y que a partir de ellas se rediseñe definitivamente la estructura económica y social de la Argentina con la idea de volver, como señala Milei, al país del 1900.

En el plano judicial, el cierre del año también arrojó novedades, especialmente desde la Corte Suprema de Justicia, que a partir de ahora tiene solo tres miembros. El tribunal dispuso allanar el camino para la elevación a juicio de la expresidenta Cristina Fernández en dos causas: «Memorándum de Entendimiento con Irán» y «Hotesur-Los Sauces», decisiones que no pueden ser vistas soslayando la inminencia del proceso electoral. A la vez, la Corte dispuso habilitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para revisar sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. De este modo benefició al expresidente Mauricio Macri, quien obtendría ventajas patrimoniales al quedar en condiciones de ser eximido del pago de cuantiosas deudas con el Estado investigadas en la causa del Correo Argentino.

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