8 de diciembre de 2024
Poder legislativo. La esencial función del Congreso en el esquema democrático es soslayada y minimizada por el Ejecutivo.
Foto: Shutterstock
El presidente Javier Milei definió como «infinito» su desprecio por el Estado, en una entrevista concedida al semanario británico The Economist. Luego, al disertar ante empresarios en Uruguay, amplió: «Yo soy anarcocapitalista porque odio el Estado. El Estado es una asociación criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos».
Ahora bien, Milei es en este período el jefe del Estado republicano argentino y como tal, más allá de sus declaraciones, tiene a su cargo uno de los tres poderes constitucionales.
Resulta inquietante en este sentido su decisión de continuar gobernando el país sin la sanción parlamentaria, por un segundo período consecutivo, de un Presupuesto para la Administración Pública nacional.
Estamos entrando así en un terreno desconocido en el que, sin embargo, brilla una certeza: la posición adoptada por la Casa Rosada implica una clara degradación de la democracia.
El Gobierno fuerza esa situación para ganar discrecionalidad en la asignación de partidas, en especial las orientadas a las provincias, y poder negociar votos en las sesiones legislativas.
De hecho, en estos días diversos medios de prensa publicaron informaciones que confirman ese comportamiento. En particular, al favorecer con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional por más de 20.000 millones de pesos a provincias cuyos representantes acompañaron con sus votos los objetivos oficialistas. Por caso, al sostener el veto de la ley de financiamiento educativo.
Plaza de Mayo. Jornada de protesta nacional del jueves 5: masiva movilización.
Foto: NA
El mejor Parlamento
Desde la visión de la actual administración, el mejor Parlamento es el que no funciona. O, como dijo en una línea similar un diputado del PRO, el mejor Congreso es el que sanciona menos leyes.
Solo se hubiera incluido el proyecto de Presupuesto para 2025 en sesiones extraordinarias si los diputados y diputadas hubiesen estado dispuestos aprobar el texto enviado por el Poder Ejecutivo «sin cambiarle ni una coma», aseguró el titular de la Comisión respectiva de la Cámara Baja, José Luis Espert.
De este modo, el debate parlamentario es transformado en una formalidad, ya que se desconoce a las y los legisladores su derecho a debatir o modificar partidas y fijar prioridades respecto de los gastos e ingresos del Estado nacional.
Sin presupuesto, las decisiones quedan exclusivamente en manos del presidente y de su lapicera, y todo se vuelve discrecional. No es posible reducir el rol del Congreso, minimizar su intervención, sus controles y límites, sin afectar directamente a la democracia.
La justificación explícita de Milei para degradar el normal funcionamiento institucional es la meta gubernamental de «blindar el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico».
Está a la vista que ese escenario, por más que se lo quiera embellecer con afirmaciones sin fundamento real, incluye una profunda caída de la actividad productiva y un drástico recorte del consumo popular.
La palabra «recuperación» podrá reiterarse en los discursos presidenciales, pero la realidad es que la evolución de la actividad económica es muy dispar: pocos sectores crecen, otros exhiben estabilidad y la gran mayoría sufre caídas profundas.
Desplome. La actividad de la construcción cayó un 29% en los primeros diez meses del año.
Foto: Jorge Aloy
El desempeño negativo se observa tanto en el Índice de Producción Industrial Manufacturero como en el de Actividad de la Construcción, con desplomes interanuales acumulados entre enero y octubre del 11,6% y el 29%, respectivamente.
También cayó (11,6% en enero-septiembre, respecto de igual período de 2023) el consumo en supermercados, mientras las ventas de pan en la provincia de Buenos Aires disminuyeron un 53%. No es de extrañar que en este contexto hayan cerrado unos 400 comercios del ramo.
La política económica –que agudiza la recesión y redistribuye de modo regresivo los ingresos, con seria mengua en la demanda de la mayor parte de la población– se defiende con el argumento del equilibrio entre gastos e ingresos del Estado.
El presidente dijo esta semana: «Le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave». Agregó: «Todos los días reducimos el gasto del Estado, eso permite que bajemos impuestos. A medida que sigamos bajando los impuestos, seguirán llegando inversiones».
De nuevo palabras opuestas al rumbo que reflejan los datos. Según el índice que confecciona el economista Orlando Ferreres, la Inversión Bruta Interna bajó en octubre un 3,7% interanual y en el acumulado de los primeros diez meses del año tuvo una contracción de 18,7%.
El plano de la realidad mostró este jueves otra perspectiva, con la jornada de protesta nacional convocada por un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas, que en Buenos Aires se materializó en una movilización a la Plaza de Mayo.
La calle y el Parlamento siguen siendo espacios de articulación de fuerzas democráticas, por más que se busque interferirlos o reducirlos, inclusive por vías discrecionales o represivas.