23 de marzo de 2025
El 65% de los beneficios jubilatorios se deben a la implementación de algún mecanismo de «perdón» otorgado a trabajadores excluidos del mercado laboral formal. Lo que viene.
Hacia adelante. El fin de la política de inclusión afectará al 60% de la población actual, mientras que a futuro no se vislumbran mejores perspectivas.
Foto: Jorge Aloy
Lo había negado en más de una oportunidad, pero es finalmente el propósito de este Gobierno, llevar todas las prestaciones jubilatorias a algo parecido a una asignación universal, lo que actualmente se conoce como Asignación Universal por Adulto Mayor (PUAM). La eliminación de la moratoria no solo dejará a uno de cada diez hombres y ocho de cada diez mujeres fuera de una jubilación digna, sino que lo empujará a una asignación que hoy representa el 80% de un haber jubilatorio mínimo.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 finaliza el domingo 23 de marzo de este año y no será renovada. Esta medida impacta directamente en miles de personas que utilizaban este mecanismo para regularizar sus aportes y acceder a la jubilación a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La eliminación de las moratorias afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, como consecuencia de la persistencia de desigualdades de género en el mundo del trabajo, que condicionan las trayectorias laborales.
Con el paso de moratoria a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), 8 de cada 10 mujeres tendrán que esperar cinco años más para poder acceder a una pensión. Según estimó la economista Mercedes D’Alessandro, en los cinco años de espera adicional, cada una de las trabajadoras perderá $22.750.000. Por su parte, la PUAM está destinada a las personas mayores de 65 años que no pueden acceder a ninguna jubilación ni pensión por no contar con aportes constatables. A través de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima.
La responsabilidad de cumplir con los años de aportes nunca puede ser imputada a los trabajadores, sino a la evasión de las empresas y empleadores, a la expansión de la informalidad y a la falta sistemática de políticas de formalización y registración de empleo registrado. Estas últimas contribuyen a mejorar el financiamiento del sistema previsional, que está atravesado por problemas estructurales que afectan la estabilidad de los haberes y, por lo tanto, el nivel de vida de los adultos mayores.
Sin solidaridad
En el primer año de gestión de Milei, el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 1,7%. El freno de la economía se tradujo en que las personas desocupadas pasaron de 1,1 a 1,3 millones, desarticulando aún más el maltrecho sistema solidario. Entre las ocupadas creció el porcentaje de no asalariados (de 25,2% a 26,9%), de personas asalariadas pero que no están registradas (35,8% al 36,7%) y de ocupadas que buscan más empleo (de 15,2% a 17,6%). Con una inflación acumulada durante 2024 de 117,8% (173% si se considera la devaluación de diciembre de 2023), el salario real del sector privado registrado cayó 7%, el estatal 22% y el de las personas con trabajo informal al menos 19%. La transferencia de ingresos de trabajadores al capital fue de $19,2 billones, de acuerdo a cálculos del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) en su informe de cierre de 2024.
Seguridad Social. Al analizar los últimos 30 años se profundizaron las dificultades de los trabajadores para alcanzar los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación.
Foto: Jorge Aloy
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (tercer trimestre de 2024), la brecha entre población ocupada, según los ingresos de su ocupación principal, pasó del 21% al 27,8%. Es la más alta de los últimos seis años para el mismo trimestre. La brecha entre población asalariada de mujeres y varones pasó del 21% al 26%, la de ingresos totales −contando ingresos no laborales− del 16,2% al 20,7%.
Según los últimos datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgadas en 2024, el 59% se deben a la implementación de las moratorias. Esta proporción se da en mayor medida en las jubilaciones actualmente otorgadas por ANSES: de las 5.630.923 jubilaciones, el 65,5% se explican por vía de moratoria. Es más, se estima que el 81% de los altos haberes jubilatorios de ANSES en 2023 se explican por la implementación de algunas de las moratorias de los últimos 30 años.
En 2024, de las 427.505 nuevas altas de beneficios jubilatorios de ANSES, el 73% se explica por la moratoria.
De acuerdo con un informe presentado por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social (DNPSS), donde se analizan los aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 1994 a la fecha, por quienes están próximos a alcanzar la edad legal mínima jubilatoria, resulta evidente «la significativa dificultad de los trabajadores para alcanzar los años de servicios con aportes requeridos para acceder a la jubilación», existiendo además «una importante brecha entre varones y mujeres».
El 50% de los varones y el 69% de las mujeres con la edad legal cumplida no podrá, desde el próximo 23 de marzo, acceder al derecho a una jubilación por la decisión del Gobierno de Javier Milei de no renovar la moratoria previsional. Un total de 243.000 personas a las que el Estado les cerró la puerta impidiéndoles, tras largos años de trabajo, acceder a un ingreso mínimo de subsistencia. Tras padecer como trabajadores activos la precarización laboral y la falta de registración por parte de quienes los emplearon, ahora también sufrirán la pérdida en lo inmediato de ingresos que les permitan hacer frente a una canasta básica, a medicamentos, a un techo donde vivir.
El haber medio de los jubilados sin moratoria ronda los $540.000, mientras que el de quienes tienen una moratoria se ubica en torno a los $340.000, ingresos que apenas llegan o ni siquiera, a la mitad de una canasta básica para jubilados que ronda los $912.000, según la Defensoría de la Tercera Edad CABA a octubre de 2024. Respecto a este tema, el informe de Seguridad Social señaló que «eventualmente parte de quienes no puedan jubilarse podrá acceder a la cobertura previsional a través de alguna pensión no contributiva como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si es que logran cumplir con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales». Es decir que, más allá de los años sí aportados, la única opción posible podría ser una pensión que hoy es apenas el 80% del haber mínimo, $223.000. La eliminación de la moratoria previsional no hará más que profundizar los niveles de pobreza de las personas mayores que ya encabezan el segmento donde más creció la miseria. Según datos de MATE, cada jubilado/a acumuló solo en el primer año de gobierno de Milei una pérdida promedio de $2.031.242; esto en un escenario donde la jubilación mínima cayó, en promedio, un 18% respecto de 2023, quedando el poder de compra de la mínima similar al de 19 años atrás.
