10 de mayo de 2018
Mucho se ha hablado de los ya bien conocidos proyectos de Participación Público Privada (PPP). Una iniciativa que, cuando fue presentada en el Congreso de la Nación, se planteó como una prometedora alternativa para que el Estado pudiese afrontar obras de infraestructura con financiación privada. Pero no todo lo que brilla es oro. Además de importantes aspectos cuestionables de la normativa aprobada (abre la posibilidad de acordar posibles litigios en tribunales extranjeros, entre otros) me interesa abordar la experiencia internacional.
Hace pocos días, el Tribunal de Cuentas Europeo emitió un comunicado en el que señala que «las asociaciones público privadas cofinanciadas por la UE, no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas». Algo que experimentó el propio gobierno español de Mariano Rajoy en enero pasado, cuando tuvo que desembolsar entre 2.000 y 4.500 millones de euros para rescatar autopistas gestionadas bajo contratos de PPP. El informe del Tribunal Europeo debe haber tenido en cuenta este caso ya que también indica que «la distribución de riesgos entre los socios públicos y privados fue a menudo inadecuada, incoherente e ineficaz».
Pero más aún, sin necesidad de remitirnos al viejo mundo, el modo en que se plantea la normativa de PPP en Argentina no difiere demasiado de lo que fueron las privatizaciones de los 90. Aunque con algunos matices poco alentadores: ahora el empresario invierte y el riesgo recae en el Estado y los usuarios, antes quedaba solo en estos últimos. Son procesos que el país ya padeció y que deberían ser tenidos en cuenta. Constituyen una partida en la que ganan siempre los mismos: las empresas privadas.
