28 de septiembre de 2016
Desde la crisis de 2008 la economía mundial no ha podido iniciar un camino de crecimiento sostenido. El panorama sigue siendo poco alentador: bajas tasas de crecimiento, volatilidad en el sistema financiero y en los precios de las materias primas, lento crecimiento del empleo, son solo algunos elementos aún presentes.
A partir de allí, surgió la idea de que la solución para una crisis originada en los países industrializados debía surgir desde un grupo ampliado, y no recurriendo solo al G-7 –pequeño grupo de grandes países–, que suele tomar las decisiones determinantes en el sistema global. Así ganó un rol preponderante el Grupo de los 20, incorporando a países en desarrollo en la toma de importantes decisiones. Este grupo hizo declaraciones muy críticas al sistema económico mundial y su diseño actual. De hecho, en la reunión de 2009 hizo una fuerte objeción a las guaridas fiscales, instando a sus integrantes a luchar contra esas prácticas.
Sin embargo, el tono crítico ha ido declinando, y terminó nuevamente convalidando la ortodoxia económica y favoreciendo el liberalismo financiero, causa fundamental de la crisis. Una crisis que puso en tela de juicio el rol del Estado, y el doble discurso de los gobiernos al hablar de libertad económica, mientras aplicaban políticas proteccionistas y dedicaban millones al salvataje del sistema bancario, solventado por los contribuyentes estadounidenses y europeos.
A pesar de continuar en un contexto de estancamiento global, el consenso de Hangzhou, resultado de la última reunión del G-20, sigue insistiendo con soluciones ortodoxas: instar a la aplicación de políticas que apunten al crecimiento económico global, pero sin dejar de lado la liberalización del comercio y de las inversiones.
