24 de julio de 2013
El incremento del desempleo en el primer trimestre del año y la persistencia de un alto porcentaje de trabajo informal configuran un llamado de atención luego de diez años de mejora en dichos índices.
Disparidad. La industria de la alimentación aumentó la cantidad de operarios. Otros sectores –entre ellos, el de construcción– redujeron personal. (Martín Acosta)
La generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, con la consecuente disminución de la tasa de desempleo, es uno de los logros más firmes que puede exhibir el sector político que gobierna el país desde 2003. La constatación de ese progreso no implica negar la persistencia de serios desafíos en materia laboral. Los reducidos niveles salariales, el alto porcentaje de trabajadores no registrados, el mantenimiento de un núcleo duro de desempleados y subempleados, son apenas algunas de las asignaturas pendientes.
La mayoría de los sectores políticos y sindicales del arco opositor no discuten esos avances, pero afirman que son cosa del pasado. A su juicio, el mercado de trabajo atraviesa una progresiva descomposición. Bajo esa interpretación se entiende que los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) avalarían esa postura. En efecto, las estadísticas del organismo oficial revelan que la tasa de desocupación del primer trimestre fue del 7,9%. El valor es un punto más alto que el registrado en el último trimestre del año pasado. Esa primera lectura, difundida ampliamente por los medios de comunicación, omite el factor de estacionalidad.
Ahora bien, la tasa de desocupación correspondiente al primer trimestre del 2013 (7,9%) también es superior a la del mismo trimestre del año anterior (7,1 %). Esos datos parecieran corroborar la idea de que existe una reversión de la tendencia positiva en materia de generación de empleo. No obstante, la primera impresión no siempre responde fielmente a la realidad. La apertura de la información recolectada por el INDEC permite verificar la existencia de un comportamiento heterogéneo del mercado laboral. Los números revelan que –en el período analizado– algunos sectores crearon 76.000 nuevos empleos y otros destruyeron 55.000 puestos de trabajo. Determinadas ramas manufactureras (industria alimentaria, fabricantes de maquinaria de oficina, la industria química, fabricación de radios y televisores) y de servicios (sociales, enseñanza, hotelería y restaurantes y comercio) se anotaron dentro de las que aumentaron su plantilla de empleados. Por el contrario, la construcción y las actividades inmobiliarias encabezaron el podio de empresas que redujeron su personal. El resultado final de ese comportamiento diferenciado fue la creación neta de 21.000 puestos de trabajo.
Quedan por explicar las causas de esa aparente paradoja. En otras palabras, ¿cómo es posible que aumente la tasa de desocupación habiéndose creado 21.000 nuevos puestos de trabajo? La explicación reside en que fue superior la cantidad de individuos que pugnaron por ingresar al mercado laboral (188.000 personas); es decir, los empleos generados no alcanzaron a incluir a todos los nuevos demandantes.
Lo cierto es que, más allá de las disquisiciones estadísticas, existió una ralentización en la generación de empleo durante el último año. Esa desaceleración estuvo asociada con la retracción económica que se tradujo en una caída de las inversiones. El dato positivo es que, a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas, el impacto de la crisis económica internacional no implicó un aumento abrupto de la desocupación o una destrucción masiva de puestos de trabajo. Un documento del Ministerio de Trabajo recalca que esa relativa estabilidad de los indicadores laborales no debería ser interpretada como una «etapa de estancamiento», sino como una «fase de sostenimiento de los avances laborales alcanzados desde 2003, en un contexto internacional complejo».
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, en «La crisis mundial y la experiencia argentina» (Revista de Trabajo, Año 5, Nº 7) sostiene que «la crisis del 2008 ha socavado el empleo, en nuestro país como en la mayoría de los países, pero la decisión política de proteger el empleo por encima de cualquier otro instituto, para evitar que la crisis la sostengan los asalariados, nos ha permitido, junto con Brasil, mostrar el menor impacto en la pérdida de puestos de trabajo en América Latina».
La expectativa oficial es que a través de diversas iniciativas en marcha (Cedin, Procrear) se reactive un sector clave en materia de inversiones y empleo: la construcción. Ese sector viene asistiendo a una franca recuperación desde el mes de febrero del corriente año. Durante los primeros cinco meses, la construcción creció un 2,9% en términos interanuales. Pero el dato más auspicioso fue el correspondiente al mes de mayo, en el que se registró un alza de 7,7% con relación al mismo período del año pasado. Ese mes, la edificación de viviendas residenciales creció un 6,4% y las obras de infraestructura aumentaron un 11,3% interanual. Los operadores del sector entienden que el blanqueo de capitales y el Procrear sostendrán un crecimiento cercano al 7% interanual durante el segundo semestre de 2013.
Informalidad
La tasa de empleo en negro registró una tendencia ascendente desde la década de los 80 y adquirió mayor relevancia a partir del gobierno de Carlos Menem. Lo notable del fenómeno fue que esa tendencia se mantuvo tanto en las fases expansivas como en las recesivas y bajo regímenes políticos y económicos diversos.
Los teóricos neoliberales sostenían que la informalidad laboral era causada por una excesiva regulación estatal. En esa línea, los altos costos asociados a la formalización de los trabajadores «obligaban» a los empresarios a contratar «en negro». Los datos de la década de los 90 contradicen esas afirmaciones. El repliegue estatal y la aplicación de políticas flexibilizadoras, a contramano de esas predicciones, provocaron un aumento del desempleo y de los asalariados no registrados. Así, la tasa de asalariados que no registraban aportes jubilatorios creció del 25,2% en mayo de 1990 al 49,1% en el tercer trimestre de 2003.
El patrón de crecimiento instaurado en 2003 revirtió, por primera vez en más de dos décadas, el crecimiento tendencial del trabajo no registrado. En la actualidad, el porcentaje de empleados informales alcanza el 32,8%. La tasa de empleo no registrado es más alta en el caso de las mujeres y las franjas etáreas extremas (hasta 24 años y más de 60 años).
El hecho de que un tercio de los trabajadores permanezcan en condición de no registrados da cuenta de la inmensa tarea pendiente. El propósito gubernamental es continuar reduciendo el trabajo en negro mediante el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). Los objetivos declarados del PNRT son «combatir el trabajo no registrado (fortaleciendo la protección y seguridad social) y lograr que los empleadores regularicen su situación ilegal». Las fiscalizaciones laborales enmarcadas en el plan alcanzaron a 1.047.506 establecimientos durante el período 2003-2012. Esas inspecciones detectaron que el 41,1% de las empresas fiscalizadas tenían al menos una persona trabajando en condición irregular.
La intensificación de las inspecciones laborales se revela como una medida necesaria aunque insuficiente para avanzar sobre el núcleo duro de la informalidad. Uno de los componentes principales de ese universo son pequeños establecimientos que, muchas veces ante situaciones críticas, no pueden cumplir con las cargas previsionales.
En esos casos, «se requiere del sostenimiento del esquema macroeconómico que priorice el crecimiento de la actividad económica, en general, y de los sectores de mayor dinamismo tecnológico y productivo, en particular. En nuestro país, este esquema se ha configurado desde 2003 basado en un tipo de cambio competitivo y estable y en la expansión del consumo interno y la demanda agregada, que traccionaron la producción nacional y la inversión productiva (…) Ello implica, en esencia, trabajar en una agenda de desarrollo que suponga la mayor densidad del entramado productivo nacional y la creación y fortalecimiento de complementariedades, incrementando la generación de puestos de trabajo formales. Por otra parte, también abre la posibilidad de intervenir con políticas focalizadas sobre cadenas de valor en las que existe una mayor incidencia de trabajo no registrado a partir de estrategias microeconómicas del tipo de desarrollo de proveedores locales», sostienen los economistas del Departamento de Trabajo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Ariel Lieutier, Sergio Woyecheszen y Gustavo Ludmer en su informe «Empleo no registrado: de la distinción conceptual a la diferenciación de políticas».
Las actividades que concentran el mayor peso del empleo no registrado son los sectores de la construcción (63,6% de informalidad laboral), hoteles y restaurantes (47,55%) y, fundamentalmente, el servicio doméstico (82,8%).
En este último caso, el Gobierno impulsó la aprobación de una nueva ley que, además de igualar los derechos de esas trabajadoras con el resto de sus pares, prevé un registro para los empleadores de casas particulares, quienes tenían plazo hasta el 30 de junio pasado para declarar la relación laboral ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A partir de ahora, el organismo fiscal presumirá que todas aquellas personas que ganen más de 500.000 pesos anuales y que tengan un patrimonio superior a los 305.000 pesos cuentan con trabajadores de casas particulares. La AFIP informó que el registro de empleados ya cuenta con 317.000 puestos de trabajo declarados. El sindicato de trabajadoras de casas particulares estima que esa cantidad apenas comprende al 30% de los trabajadores actuales.
—Diego Rubinzal
