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La soberanía en las decisiones de política económica ya fue cedida por el gobierno de Cambiemos al Fondo Monetario Internacional, al que funcionarios acuden para pedir autorización antes de tomar medidas, tal como se relata sin disimulo hasta en los medios alineados con el oficialismo. Algo similar ocurre con la política exterior. Nuestro país, lamentablemente, dejó de lado la autonomía y el compromiso con la integración regional como modo de relacionarse con el mundo desde un entramado colectivo de naciones, unidas no solo por la vecindad, sino por un conjunto de intereses comunes que, sin dudas, se defienden mejor en bloque que de manera aislada.
Para la gestión de Mauricio Macri, la inserción internacional consiste en alinearse con Estados Unidos y tratar de ser «el mejor alumno» de la región para contar con los favores del poderoso. En ese contexto, el presidente y el canciller Jorge Faurie apoyaron públicamente el intento de golpe de Estado perpetrado en Venezuela semanas atrás. «Hay factores que muestran que hay un grado de insurrección en las Fuerzas Armadas que esperamos que se empiece a extender más», dijo Faurie en una entrevista radial. La actitud no sorprende pero alarma, ya que la región había logrado un consenso general en contra de los golpes de Estado. Para ello había una institucionalidad –Unasur, Celac– que permitía la rápida acción en común y actuaba como contrapeso frente al poder de la principal potencia del mundo. Hoy, esas estructuras se están desmontando –Argentina abandonó la Unasur en abril– y se crean nuevos sellos, como el Prosur, formados bajo el influjo de EE.UU., empeñado en recuperar su injerencia en el sur del continente. Para ello cuenta con la Argentina, cuyo presidente pugna por ser líder en la región en lo que hace al desmonte de toda forma de integración política autónoma de los países de Sudamérica.

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