4 de diciembre de 2023

Franco Mizrahi

Una serie de pronunciamientos en causas importantes muestran una tendencia favorable al expresidente Macri y el poder económico. El juicio a la Corte y una nueva avanzada contra la vicepresidenta.

El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales tuvo, en lo inmediato, un efecto «organizador» en los tribunales. Una serie de movimientos en el tercer poder del Estado, que se dieron en la víspera de la asunción del nuevo mandatario, fueron interpretados en el mundo político como un gesto de la Justicia hacia la próxima gestión. El mayor beneficiario de las novedades judiciales fue Mauricio Macri, por ahora socio de Milei.
En una secuencia de fallos que se inició el 17 de noviembre y tuvo su punto cúlmine el último viernes, la Justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia de Alberto Fernández que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial; confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan; volvió a comprometer a Cristina Fernández en la causa «Ruta del dinero» donde estaba sobreseída; allanó el domicilio del testigo que comprometió a Gerardo Milman en la causa del atentado contra la vicepresidenta; volvió a insistir con la indagatoria de un funcionario cercano a Cristina Fernández en una causa de presunto espionaje; y suspendió momentáneamente las elecciones en el club Boca Juniors, a pedido del compañero de fórmula de Macri en esa interna boquense, Andrés Ibarra.
Como contraparte, el martes pasado la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes acusatorios contra los cuatro ministros de la Corte por la causal de mal desempeño en sus funciones. Y el jueves la Corte avanzó para ejecutar una sentencia multimillonaria contra el Gobierno en el caso de la coparticipación, lo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires.
Como si fuesen pocas las novedades judiciales, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el 1 de diciembre el procesamiento del expolicía Jorge Bacigalupo en la causa de los cuadernos adjudicados al exmilitar y chofer Oscar Centeno. Lo acusa de adulterar los anotadores para favorecer a una persona de nombre Marcelo y perjudicar a los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra. Esta decisión, que se dio en una causa paralela a la central, puede impactar en el caso principal que está elevado a juicio.
Todos estos movimientos se dieron antes de que se concretara una reunión entre el ministro de Justicia saliente, Martín Soria, y el entrante.
La interpretación política de esta secuencia de fallos es que el Poder Judicial está acomodando algunas de las resoluciones que tenía pendientes de cara a los nuevos tiempos que se avecinan. En una lectura de superficie se puede concluir que todos los fallos fueron en la misma dirección: en favor del sector político que se impuso en las elecciones del último 19 de noviembre. Lo que no queda claro es cómo impactan en la interna del flamante bloque dominante. ¿Qué beneficien a Macri y al grupo Clarín implica que también favorezcan a Milei?

Tarifas «libres»
El 17 de noviembre pasado, la jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, decretó la nulidad del DNU que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La magistrada falló a favor de la empresa Telecom, es decir, del Grupo Clarín, que había calificado como «inconstitucional» el decreto que Alberto Fernández firmó en 2020.
El multimedios ya había logrado la suspensión de ese DNU con medidas cautelares. Ahora tiene una sentencia que anula lo decidido por Fernández y que está en línea con el ideal de Milei de que el Estado no interceda en el valor de las tarifas en esa área. El fallo, no obstante, se enmarca en una discusión que se le abrirá al presidente electo con Clarín: la regulación del 5G.

Tareas de inteligencia
El último martes, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del expresidente Macri y los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El fallo se estructuró en el voto del camarista Guillermo Yacobucci, quien, en una postura sumamente delicada, legitimó las tareas de inteligencia en este y otros casos. ¿Esta posición puede interpretarse como una advertencia de lo que vendrá durante el gobierno de Milei? Para los querellantes de esta causa, sí.
Según expresó Yacobucci en el fallo, en el marco «de asegurar la integridad de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo de la Nación, como es el presidente de la república» es «esperable que surja la necesidad de limitar derechos». El camarista de Casación, que formó un voto mayoritario con Mariano Borinsky, dijo que «esto debe realizarse dentro de una perspectiva de proporcionalidad, necesidad y eficacia donde el valor e importancia del fin perseguido muestre razonable la restricción». Hasta consideró legítimo que se hagan tareas de inteligencia en manifestaciones.
El punto en cuestión de esta causa era si el espionaje que realizó la AFI macrista sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que se manifestaban contra Macri y buscaban respuestas de su parte tras el hundimiento del submarino fueron ilegales o no. Fue la única causa de todas las que se le iniciaron a Macri en el último tiempo en la que estuvo procesado. Su cierre es una gran noticia para el expresidente. Los familiares adelantaron que recurrirán ante la Corte y de ser necesario a tribunales internacionales.
Para ello se sustentarán en el voto en minoría de la jueza Ángela Ledesma, quien se manifestó en contra de lo postulado por la dupla Yacobucci-Borinsky. Para la camarista hubo espionaje ilegal y criticó a sus colegas: «La función de los jueces no puede orientarse a justificar las tareas de inteligencia realizadas por razones de política o para evitar y prevenir reclamos y protestas. Por el contrario, es función esencial de los jueces velar por la vigencia de los derechos de orden superior que se encuentran en juego en el caso», enfatizó.
El mismo martes, Macri recibió otro fallo a medida: la suspensión de las elecciones para autoridades de Boca, donde se postula como vicepresidente de Andrés Ibarra con el objetivo de derrotar a Juan Román Riquelme. Los comicios estaban programados para este domingo. La titular del juzgado Civil Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra Abrevaya, hizo lugar a un pedido de Ibarra por supuestas irregularidades en el padrón –algo que el oficialismo desmintió– y puso en suspenso los comicios. En Tribunales, por lo bajo, se dice que la maniobra fue porque las encuestas no le dan bien a Macri. Como si todo esto fuera poco, en la misma jornada la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el caso «Ruta del dinero» y en la víspera de la asunción de Milei volvió a complicarla en una causa judicial. La expresidenta estaba sobreseída, pero la aparición de la ONG macrista Bases Republicanas y la decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ambos nombrados por Macri, fueron clave para revertir esa situación.
En plena campaña electoral, la Casación había reabierto las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, donde la vicepresidenta también estaba sobreseída. Ahora en esos dos casos deberá ir a juicio. Esto se suma a la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad. Cristina Kirchner estará sin fueros durante el gobierno de Milei. ¿Es voluntad del presidente electo que el Poder Judicial confirme la condena y ejecute la pena?
La secuencia de fallos de este martes provocó un tuit de Cristina Fernández, que alertó sobre quién es, a su criterio, el dirigente que detenta el verdadero poder en la nueva alianza gobernante: «Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del “dinero K” y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!». El foco lo puso en Macri y no en Milei. Aunque la última línea de su tuit puede estar dedicada, implícitamente, a Mariano Cúneo Libarona, el abogado que Milei postuló para el Ministerio de Justicia.
En sintonía con al dirección de estos fallos, el 30 de noviembre se conoció que el juez Julián Ercolini allanó el domicilio de Jorge Abello, el testigo que complicó a Milman en el caso del atentado contra Cristina Fernández. El procedimiento se dio en una investigación por falso testimonio que se abrió contra el testigo como contradenuncia por haber dicho en sede judicial que escuchó decir a Milman en el bar Casablanca, el 30 de agosto de 2022, «cuando la maten voy a estar camino a la costa». «Me parece de una gravedad casi sin antecedentes, a pesar de que antecedentes de gravedad no faltan en Comodoro Py», tuiteó el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazabal. Y el viernes, el fiscal Gerardo Pollicita insistió con el pedido de indagatoria de Fabián Rodríguez. Lo acusa de ser parte de una red de espionaje ilegal.
En tanto, el martes pasado la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes acusatorios contra los cuatro jueces de la Corte. Con 16 votos afirmativos, el oficialismo logró avanzar en el proceso parlamentario contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Se los acusa de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Ahora el proceso de juicio político pasa al recinto donde se requieren 2/3 de los votos para seguir con la acusación.
En un claro desafío a esta esperada decisión, Cúneo Libarona dijo que está en contra de ese proceso, algo que repitió luego de reunirse el 23 de noviembre con los cuatro supremos, en un encuentro que incluyó fotografía y llamó la atención en el mundo político-judicial ya que la Corte no suele hacer este tipo de concesiones a un candidato a un cargo. Sus encuentros suelen ser con ministros en funciones.
La Corte mostró que puede complicar, y mucho, los planes del presidente electo, ya que avanzó para ejecutar una sentencia multimillonaria contra el nuevo Gobierno. Se trata de una medida cautelar que dictó por los fondos de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. El monto en cuestión supera los 215.000 millones de pesos. El jueves pasado los supremos rechazaron las recusaciones en su contra y quedaron habilitados para embargar las cuentas públicas y comenzar a descontar ese dinero en favor de la Ciudad. La decisión, que se parece a una advertencia, lo tomaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Lorenzetti, envuelto en una feroz interna con Rosatti, no firmó la resolución.

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