7 de noviembre de 2024
El Gobierno dispuso una lista de bienes del Estado para ser enajenados, entre ellos, lugares donde operaron centros clandestinos de detención. Freno a investigaciones de crímenes cometidos en la dictadura.
Córdoba. Señalización de La Perla Chica en noviembre del año pasado.
Foto: Argentina.gob.ar
El Gobierno de Javier Milei quiere forjar una nueva memoria de lo sucedido en los años 70 en la Argentina. Los que fueron catalogados por los tribunales como crímenes atroces, para el presidente, son excesos. En el mensaje que difundió el 24 de marzo, al cumplirse 48 años del golpe de Estado, hubo una ausencia: la de los detenidos-desaparecidos. Pasados más de siete meses desde entonces, su gestión avanza con el plan de rematar los terrenos del Estado. La motosierra no se detiene ni ante lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE).
La administración libertaria se alimenta de escándalos y provocaciones. La última, en lo que compete al movimiento de derechos humanos, vino de la mano del decreto 950, que Milei firmó el 24 de octubre pasado. A través de esta norma, el presidente puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 309 terrenos para ser enajenados o transferidos. También resucitó una serie de decretos de Mauricio Macri que iban en la misma lógica de desprenderse de distintos inmuebles en poder del Estado.
En el listado que se encuentra en el anexo del decreto 950 se detectaron, al menos, dos lugares que operaron como CCDTyE. Uno es La Perla Chica, que funcionó como anexo de La Perla en Córdoba, el mayor campo de concentración del interior del país. La unidad fiscal de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pidió que la Justicia cordobesa dictara una medida de no innovar para frenar el proceso de venta del predio ubicado en la localidad de Malagueño y separado, desde 1978, del casco principal de La Perla por la autopista Córdoba-Carlos Paz.
El otro caso es el de Puerta 8 en Campo de Mayo. En ese lugar funcionó el Destacamento de Comunicaciones. La construcción fue demolida a finales de los años 90. En diciembre del año pasado, la jueza federal de San Martín Alicia Vence dictó una medida de no innovar en la zona porque creía que allí había funcionado un centro clandestino y podría haberse usado el terreno para enterramientos. La identificación fue posible porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó una declaración anónima de una persona que contó cómo funcionaba el lugar. El destacamento estuvo bajo las órdenes del teniente coronel Herman Antonio Tetzlaff, el militar que se robó a Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti.
Recortes y restricciones
En el caso de Puerta 8, ya hubo presentaciones judiciales por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Matías Moreno, y del abogado querellante Pablo Llonto. Después de que se publicó el decreto 950, hubo festejos en Twitter del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que quiere crear un polo industrial en la zona.
Los lugares en donde se cometieron crímenes aberrantes están siendo afectados de distintas maneras por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Se frenaron las obras, por ejemplo, en Campo de Mayo, donde el Gobierno de Alberto Fernández se había comprometido a inaugurar un espacio de memoria. Los sitios de memoria que ya están en funcionamiento y que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ven sacudidos cada tres meses por los despidos. Según denuncian sus trabajadores, esta situación impactó directamente en su funcionamiento: se restringieron las tareas de investigación, se suspendieron visitas y se paralizaron las tareas de arqueología o preservación.
El Gobierno tomó medidas para frenar investigaciones por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. En primer lugar, el ministro de Defensa, Luis Petri, desarmó los equipos de civiles que, desde 2010, analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con los juicios de lesa humanidad. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya no existe; la mesa que se había creado para discutir con los organismos de derechos humanos qué hacer con los documentos en su poder, tampoco.
Milei desarmó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba desde 2004 al interior de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La UEI podía hacer averiguaciones pre-judiciales y tener acceso a los archivos estatales para encontrar a los bebés que fueron robados durante la dictadura. Estas medidas fueron acompañadas por una campaña en redes sociales del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que decía que Abuelas de Plaza de Mayo ya no recibiría apoyo financiero por parte del Estado. El viernes último, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que desconocidos ingresaron a robar documentación a la sede de su universidad nacional ubicada en Defensa 119, a 100 metros de la Casa de Gobierno.
Ministro. Luis Petri desarmó los equipos que trabajaban en los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con los juicios de lesa humanidad.
Foto: NA
Aquella visita
Al menos, por el momento, desde la Casa Rosada no hubo una política proactiva para intentar frenar los juicios, que tienen más de 1.187 condenados –según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad–. Milei tampoco se plegó a la cruzada de Victoria Villarruel cuando la vicepresidenta anunció que buscaría reabrir las causas por delitos cometidos por las organizaciones político-militares de izquierda porque quería a «todos los montoneros presos». Villarruel tuvo que salir a aclarar que esos pedidos de reapertura serían promovidos por su ONG, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), y no desde el Senado de la Nación. La principal apuesta que tienen los sectores de la «memoria completa» es que la Cámara Federal porteña decida impulsar la causa por la bomba que puso Montoneros en 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El lugar –conocido popularmente por su anterior nombre, Coordinación Federal– era sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y albergaba un centro clandestino. Milei, enfocado en su batalla cultural, da señales cuando dice que los azules siempre tienen razón.
El hecho que simbolizó los vasos comunicantes entre el oficialismo y el mundo de los perpetradores de la última dictadura fue la foto de familia entre diputados y genocidas que se tomaron el 11 de julio pasado en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. Después de casi cuatro meses, la Cámara Baja no tomó ninguna sanción para sus integrantes. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, continúa bajo investigación en la Justicia federal de Lomas de Zamora. El Consejo de la Magistratura decidió no analizar la conducta de su vicepresidenta, la jueza Agustina Díaz Cordero, que se habría reunido con los diputados, abogados y el cura amigos de los represores. Para los organismos de derechos humanos, el balance es agridulce: no consiguieron ni la comisión investigadora ni las sanciones, pero saben que, con la conmoción que generó el episodio, quedó trunco el menú de opciones que manejaba el sector pro-impunidad para lograr un regreso anticipado a sus casas de los criminales o un freno a las investigaciones en curso.
