14 de octubre de 2021
El cambio de presidente del máximo tribunal y la renuncia de la única mujer que lo integraba abrieron disputas y especulaciones sobre el rol de la Corte.
Juego de cuatro. Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Ronsenkrantz en un acto de 2019: con tres votos y sin el rafaelino eligieron autoridades.
NA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación está dividida. La designación de sus nuevas autoridades en medio de un enfrentamiento abierto entre los ministros supremos y la renuncia de Elena Highton de Nolasco abrieron un escenario de volatilidad en el máximo tribunal del país, que hoy no tiene una mayoría de tres votos consolidada.
El tribunal supremo quedará compuesto por cuatro integrantes a partir del 1º de noviembre cuando se haga efectiva la partida de la única mujer que hay en la «cabeza» del Poder Judicial. Para lograr un fallo cortesano hacen falta tres voluntades y no existe en la actualidad una mayoría estable. Más bien lo contrario: casi no hay diálogo entre los habitantes del cuarto piso del Palacio de Tribunales, lo que quedó expuesto el pasado 23 de septiembre, cuando se realizó la votación para elegir al presidente del cuerpo.
En aquella jornada, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron electos presidente y vice. Se votaron a sí mismos a propuesta de Carlos Maqueda, quien también los apoyó. Fueron los únicos tres cortesanos que participaron del acuerdo extraordinario en que se nombró a las nuevas autoridades. Ricardo Lorenzetti y Highton de Nolasco no estuvieron e hicieron públicas las diferencias con sus pares. El abogado rafaelino al día siguiente del nombramiento escribió una carta a sus colegas donde explicó su ausencia, dijo que la elección no fue «ética ni razonable» y comparó lo sucedido con el accionar de la Corte menemista. La segunda renunció formalmente una semana después. Su carta de dimisión dirigida al presidente Alberto Fernández está fechada el 30 de septiembre pasado, cuando aún era vicepresidenta del tribunal. Un día antes, se había realizado el primer acuerdo post elección y los supremos votaron la intervención de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que depende, en última instancia, de ellos mismos. Tras hallar diversas irregularidades definieron que se haga una auditoría.
Fuego cruzado
El de la Obra Social no es un tema menor. Se trata de una caja multimillonaria que pasó a estar bajo el ala de la Secretaría General de Administración, a cargo de Daniel Marchi, un hombre históricamente vinculado con Lorenzetti. Había sido allanada el 27 de septiembre, en el marco de una causa en la que se analizan desmanejos y que se abrió el 14 de septiembre, en la víspera de la elección del presidente cortesano. La denuncia apunta contra quien era el titular del servicio de salud, Aldo Tonón, cercano a Maqueda, es decir, al juez que propuso la fórmula que conduce al alto tribunal desde el pasado 1º de octubre. Las acusaciones cruzadas de realizar operaciones son parte del clima tenso que reina en el Palacio. «Creo que no hay manera de que una institución funcione en base a trascendidos, le hacen daño, es una cuestión de seriedad y de respeto», afirmó Lorenzetti en una de las entrevistas que brindó luego de la elección interna. Apuntó, sin decirlo, contra el nuevo presidente.
Ante este cuadro de situación, el interrogante es cómo funcionará la Corte tras la partida de Highton. El primer dato es que volverán los encuentros presenciales, cara a cara, ya que los supremos se reunían vía Zoom por un planteo de la ministra. A diferencia de la etapa en la que el máximo tribunal tuvo tres miembros (en aquel entonces había un bloque homogéneo, una mayoría consolidada) en la actualidad hay una interna a cielo abierto. La nueva mayoría que votó a Rosatti como presidente puede articularse para lo que se conoce como «el gobierno del Poder Judicial», es decir, la cuestión administrativa que maneja la Corte, para la que también se requieren tres votos. Pero no de forma asidua en los fallos. Existe una distancia jurídica grande entre la dupla Rosatti-Maqueda, que ya asoma como una nueva sociedad suprema, y Rosenkrantz, quien suele firmar en soledad en materia social, económica y de derechos humanos.
Al ser cuatro miembros, las votaciones pueden terminar 2-2 o 2-1 si uno de los supremos es recusado o está excusado. También puede darse ese resultado en una votación si uno de los cortesanos decide no firmar, algo que está habilitado a hacer. Si esto sucede, se deberá convocar a un conjuez o se paraliza el caso hasta que –negociación mediante– se destrabe. El conjuez se sortea entre los 27 integrantes de la Junta de Presidentes de Cámara Nacionales y Federales. Si ninguno de ellos puede intervenir, se activa una nómina de conjueces abogados aprobada por el Congreso. Es difícil imaginar que la Corte, salvo alguna excepción puntual, como sucedió en el caso Farmacity, funcione con conjueces.
Desde el Ejecutivo adelantaron que propondrán a una mujer para reemplazar a Highton. Pero el nombre de la elegida no está definido, lo que se explica por distintas razones. En primer lugar, los distintos sectores de la alianza gobernante deben estar de acuerdo con la postulación. Si se trata de un solo cambio, todo indica que será una candidata moderada. Se buscaría replicar el esquema de la candidatura de Daniel Rafecas a la Procuración General. Sería la vía que daría más chances de obtener los dos tercios de los votos del Senado que el oficialismo requiere y hoy no tiene para para aprobar el pliego de la candidata.
En segundo lugar, en el Gobierno no faltan quienes creen que el actual escenario habilita discutir una ampliación de la Corte, ya que puede abrir un abanico de negociación más amplio con la oposición y eso facilitaría el consenso. El razonamiento es el siguiente: si están los dos tercios de los votos para una sucesora de Highton, lo podrían estar también para agrandar el alto tribunal.
Según indicaron desde el oficialismo, enterrados los proyectos de «reforma judicial» como el que busca reestructurar Comodoro Py, hay diálogo con un sector de la oposición para intentar avanzar en una serie de puntos en materia judicial que son de interés para el Ejecutivo y hacen a la gobernabilidad. En esa negociación se incluye a la reemplazante de Highton y la reestructuración de la Corte (están abiertas ambas posibilidades); la designación de un procurador general (volvió a ganar fuerza el nombre de Rafecas); el nombramiento de jueces en cargos clave (ver recuadro) y la reforma del Consejo de la Magistratura (la Corte podría intervenir en la materia y declarar la inconstitucionalidad de la actual conformación de este órgano que trabaja en la designación y sanción de jueces, por un caso que le llegó en 2015).
Si en Juntos por el Cambio prima el sector más duro, el Gobierno se debe preparar para gobernar los próximos dos años con una Corte de cuatro miembros, un procurador general interino y hasta es posible que con un Consejo de la Magistratura reestructurado.
Si se mira el pasado reciente, no hay un antecedente prometedor para el oficialismo. Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición trabó la designación de jueces en puestos clave de la Justicia. Esos cargos quedaron vacantes y luego, con la asunción de Mauricio Macri, fueron capitalizados por el Gobierno de Cambiemos. Por ejemplo, la Corte funcionó con tres integrantes hasta que llegó Macri y nombró a dos jueces «propios» en el Tribunal Supremo: Rosatti y Rosenkrantz. Hizo lo mismo en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país que revisa todo lo concerniente a la materia penal federal, incluidos los casos políticos más sensibles. Allí Macri designó a cinco camaristas.
Así las cosas, se abre un interrogante cuya respuesta solo la dará el tiempo: si aquella estrategia judicial le fue tan efectiva a Cambiemos en el pasado, ¿por qué habría de modificarla en la actualidad?
