20 de mayo de 2024
El reclamo de las políticas de mano dura por una baja de la edad de imputabilidad choca con la opinión de especialistas y las estadísticas. Instigación de los medios. Causas estructurales.
La detención de un menor de 15 años por el asesinato del playero Bruno Bussanich, en Rosario, trascendió apenas un momento antes de que la ministra de Seguridad de la Nación comentara el hecho en la red X. «Ya está entrando al Congreso de la Nación la ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes», proclamó Patricia Bullrich el 28 de marzo. Si bien el anuncio todavía no se concretó, la punibilidad de los menores sigue instalada en el debate sobre la seguridad pública y el Gobierno nacional la sostiene entre sus objetivos. A tal punto que Bullrich insistió con el tema y dijo recientemente que el Gobierno debate si será «14, 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil».
La baja de la imputabilidad es un reclamo periódico de las políticas de mano dura, contra las opiniones de especialistas y contra las estadísticas que señalan la escasa relevancia del delito juvenil. Según Estrella Moreno Robinson, defensora general de Santa Fe, los menores en tratamiento por conflictos con la ley representan el 0,5% de la población carcelaria en esa provincia. La discusión suele estar precedida por la difusión mediática de casos de alto impacto, como el asesinato del adolescente Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores en 2016, y la serie de crímenes de trabajadores que conmocionó a Rosario a principios de marzo.
Si en otras coyunturas la propuesta quedó en suspenso, el contexto actual parece más propicio y según las declaraciones del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona apunta a penalizar a los mayores de 14 años. A falta de reflexiones, tanto el presidente Javier Milei como funcionarios y voceros del Gobierno consagraron una nueva consigna punitiva: «Delito de adulto, pena de adulto».
«El proyecto que tiene el Gobierno es la expresión del fracaso de la política para las niñeces y adolescencias que se dieron los gobiernos anteriores», dice Esteban Rodríguez Alzueta. Los factores son múltiples según el criminólogo y director de la revista Cuestiones criminales –«falta de presupuesto e imaginación», «mucha pereza en los cuadros principales», «limitaciones estructurales», «dificultades operativas»–, «pero lo cierto es que el Estado fue cada vez más impotente para estar cerca de los más jóvenes»
Rodríguez Alzueta afirma a la vez que el debate no es una simple expresión de demagogia punitiva: «Hay un reclamo legítimo de los ciudadanos, especialmente de los vecinos de los barrios donde se dan las mayorías de los delitos callejeros y las violencias que tanto preocupan, que se sienten cada vez más solos. El enojo de los vecinos forma parte del problema, no es una indignación exagerada. Hay un reclamo legítimo que el Sistema de Protección subestimó o no supo cómo atajar».
Cúneo Libarona. Según el ministro de Justicia, la propuesta del Gobierno libertario apunta a penalizar a los mayores de 14 años.
Foto: NA
Sistema educativo
Psicóloga y magíster en Salud Pública por la Universidad Nacional de Rosario, Marisa Germain coincide en destacar el retroceso del Estado y agrega otras «variables estructurales», entre ellas el deterioro del sistema educativo y los medios virtuales como forma predominante de socialización. «Los jóvenes que han producido estos delitos en Rosario declaran no saber leer ni escribir. Con la lectoescritura desaparece también la posibilidad de pensar el progreso social ligado con momentos de avance en el proceso educativo y en la inserción económica. Eso está extinguido y no hay ningún intento de pensar los procesos actuales en relación con esas cuestiones más determinantes».
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de la baja de imputabilidad y agregó exabruptos de su propia cosecha: «Quienes creen que los menores son víctimas de un sistema injusto, llévenselos a sus casas». Marisa Germain encuadra esa declaración en el marco de una gestión de Gobierno «que no ofrece ninguna prospectiva relacionada con el progreso y se organiza ya desde la campaña electoral en torno a una estrategia de defensa social que instala a través de los medios y las redes una lógica de amigo-enemigo: las bandas narcos por un lado y el Gobierno que supuestamente las enfrenta por el otro». Como efecto, «instiga con virulencia el temor y la ruptura de lazos en los grupos sociales postergados, en el sentido de ver a cualquier otro como un peligro».
La escena de los crímenes recientes en Rosario aparece protagonizada por menores que actúan como sicarios y proveedores de armas. La investigación judicial es mucho menos precisa para despejar el trasfondo e identificar a los instigadores. «Los homicidios protagonizados por adolescentes son una excepción. No hay que mirar los problemas por el ojo de una cerradura. Eso no significa que tengamos que subestimarlos», apunta Rodríguez Alzueta, también investigador y docente de las universidades nacionales de La Plata y San Martín. En esa línea, «hay que leer el robo o el homicidio al lado de la pobreza, de la desigualdad social, de la segregación espacial, de las presiones del mercado para que estos pibes asocien sus vidas a pautas de consumo, del hostigamiento policial y del odio acumulado, y con eso no buscamos justificar al protagonista sino comprender el evento».
Germain también cuestiona los relatos periodísticos que ponen el foco en la falta de castigo a los menores y soslayan que los mayores de 16 años afrontan condiciones de encierro como los adultos. «Cuando se narra lo que hacen con el dinero, se busca la indignación del público –puntualiza–. La pregunta sería cuál es el lugar social de una persona para quien la vida de otro vale 100.000 pesos, y lo que se obtura es el recorrido de alguien para quien comprarse zapatillas o pasear por el shopping implica volverse rico».
Los menores representan una mano de obra barata y reemplazable para las bandas criminales.
Pensar un nuevo régimen
Según Rodríguez Alzueta, «el mundo transa está permeado por las lógicas neoliberales, tomado por el emprendedurismo, la tercerización y la precarización». En ese contexto, «los transas captan las destrezas y habilidades que los jóvenes en general desarrollaron mientras robaban al boleo, o se peleaban a los tiros con otros grupos de pares y las ponen a producir». El proceso implica «un atractivo moral» para los más jóvenes: «Muchos pibes quieren ser como el narco, tener el auto y la pilcha que él tiene, hacer la guita velozmente como él la hizo. Gran parte de esa captación tiene lugar en los penales para adultos, donde presos comunes comparten su estancia con presos que llegaron ahí por otras causas pesadas».
«Si como se dice los menores son un recurso constantemente renovado para las bandas entonces no hay chance de que eso se corte por la baja de la imputabilidad: en el momento en que el límite se ponga a los 14 años podemos bajar a los 12», advierte Germain. Con diagnósticos parciales del problema y campañas mediáticas, «no se piensa al delito en relación a sus causas estructurales sino en términos de respuesta defensiva: mientras tanto, tanto en la Nación como en Santa Fe, se protege obscenamente el proceso de enriquecimiento de los más poderosos».
Para Rodríguez Alzueta, «es necesario pensar un régimen penal juvenil específico, con sus propias leyes, procedimientos, autoridades e instituciones; un régimen que no sea adultocéntrico, que asuma la corresponsabilidad del Estado, sin prisión preventiva y con prácticas restaurativas y penas alternativas». En definitiva, «buscar formas de reproche que no sea a través del encierro, porque la cárcel lumpeniza y puede contribuir a agregar a estos jóvenes a redes criminales». Más que reducir la impunidad, como sostiene la ministra Bullrich, la baja de imputabilidad reciclaría condiciones del delito.
