La celeridad del proceso y la difusión periodística del caso de la adolescente entrerriana Nahir Galarza encienden luces de alerta acerca de la actuación del Poder Judicial ante la violencia de género. Participación juvenil y fin del silencio.
25 de julio de 2018
El 3 de julio el Tribunal de Gualeguaychú condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 27 de diciembre del año pasado. Más que cerrar el caso, y al margen de las apelaciones posibles en otras instancias judiciales, la sentencia lo reabrió con mayor intensidad a través de las redes sociales. La gravedad de la condena, el tratamiento periodístico y la rapidez del proceso movilizan una discusión que excede la causa y comprende a la actuación de la Justicia ante la violencia de género y la reacción hostil de sectores de la sociedad ante los reclamos de igualdad del movimiento de mujeres.
La figura de Galarza, de 19 años, estudiante de Derecho e hija de un matrimonio de policías, divide las opiniones entre quienes destacan su «frialdad» y señalan los malos tratos que padecía Pastorizzo, y quienes la presentan como una víctima de violencia de género. La repercusión del suceso incluyó la intervención de grupos tan heterogéneos como un club de fans en Facebook, el pequeño grupo de mujeres que promovió una marcha en defensa de Nahir frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en Buenos Aires, y organismos de la derecha que combaten al feminismo, como la Fundación Libre.
El perfil de joven universitaria de buena posición económica y las publicaciones previas en redes sociales atrajeron desde un principio la atención periodística. «El caso se posiciona como una excepción en relación con el victimario, que en general es representado en los medios de comunicación como joven, varón y pobre. La condición de mujer también colabora en la excepcionalidad, en un contexto donde los temas de género hegemonizan la agenda mediática», dice Brenda Focás, investigadora del Conicet y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín.
El juicio comenzó el 4 de junio y puso en escena a los familiares de la víctima y a los de la acusada y a sus amigos. Entre las pericias expuestas ante los jueces, se contó el análisis de más 100.000 mensajes de WhatsApp, algunos de los cuales se difundieron junto con audios e imágenes. «Lo atractivo funciona también vinculado con el morbo: los videos secretos que los medios titularon “bombón asesino”, la violencia de género, los mensajes que muestran la relación conflictiva que ambos mantenían. El caso interpela a las audiencias por cercanía y porque tiene los elementos propios de la espectacularización de la noticia», analiza Focás.
Paradoja
La abogada Susana Chiarotti integra desde 1995 el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, una ONG rosarina que promueve acciones por los derechos de mujeres y niñas. «No conozco casos de femicidio que hayan sido tan aceleradamente resueltos. En general se buscan pruebas, se investiga a la víctima. La rapidez inusual y la gravedad de la sentencia hicieron una combinación que alarmó a muchas mujeres», dice a propósito de la sentencia contra Galarza.
La sospecha de que «podría haber patrones discriminatorios» se refuerza ante las fallas reiteradas de la Justicia y el funcionamiento de una burocracia que no suele conmoverse ante la violencia de género. «El Poder Judicial es el sector más conservador del sistema republicano, es el llamado a mantener el statu quo –agrega Chiarotti–. Cada conquista hay que pelearla. Conseguimos una ley, y ahora hay que lograr que los jueces la implementen. Algunos son capaces, nos acompañan con sentencias ejemplares. Pero queda muchísimo por hacer».
Chiarotti considera una paradoja que Galarza haya sido condenada con una ley que impulsaron los movimientos feministas: «Nosotras peleamos durante muchos años para que la relación de pareja fuera considerada un agravante en el castigo de la violencia de género». Destaca en contraste la causa de Paola Acosta, asesinada en Córdoba por su expareja, Gonzalo Lizarralde, quien, además, intentó matar a la hija de ambos. «Los jueces no aplicaron el agravante porque la definieron como una mujer empoderada que vivía sola y reclamaba sus derechos. Parece que piensan en un estereotipo de la víctima ideal, que sería una mujer dependiente, virgen y que está encerrada en la casa», dice.
Como en el caso de Genaro Fortunato, el rugbier mendocino atropellado y muerto por su novia, Julieta Silva, el 9 de septiembre del año pasado, el crimen de Fernando Pastorizzo se convirtió en una especie de argumento para la prédica que busca desconocer el problema de la violencia de género. «No hay comparación posible –dice Chiarotti–. En Argentina tenemos una mujer muerta cada 30 horas por violencia machista. No pasa lo mismo con los varones».
«Nada justifica un asesinato», si bien «hay legítima defensa» en la mayoría de los homicidios de varones por sus parejas. «Tenemos forma de denunciar –agrega Chiarotti–. Prefiero que las mujeres se empoderen. En caso de que recurran a ese extremo, tienen que ser sancionadas. El feminismo no carece de sentido común, las abogadas feministas no somos locas fanáticas que llamamos a matar hombres. No, son nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros hermanos».
Invasión a la intimidad
Nahir Galarza confesó su responsabilidad poco después de matar a Pastorizzo con el arma reglamentaria de su padre, aunque en el juicio alegó que se trató de un accidente. Las declaraciones de los testigos tuvieron como eje la relación que mantenían los jóvenes, y las versiones periodísticas dieron amplio espacio a las revelaciones íntimas y a la vida sexual de la joven, en una perspectiva que actualizó «la exposición invasiva y sexualizante» denunciada en 2014 por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Brenda Focás sostiene que el asesinato de Ángeles Rawson, el 10 de junio de 2013, marcó un punto de inflexión en la cobertura de los femicidios y en los modos en que el público asume la información. «El caso –destaca– logró mantenerse por un tiempo considerable en la agenda y, además, fue uno de los primeros en traspasar el ámbito del noticiero para ser tema obligado en los programas magazine». Ese pasaje «permitió que las audiencias actuaran a modo de fiscales, por ejemplo, culpando en principio al padrastro, a pesar de que las pruebas científicas apuntaban al portero, quien finalmente fue condenado».
Entre otros litigios, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo intervino en un abuso sexual contra dos menores, víctimas de su propio padre y, en la exposición del hecho ante el Comité de la Convención de la Mujer de la ONU, denunció a los medios locales por exponer los detalles de los hechos. «¿Cómo sobrevivís cuando tu intimidad fue revelada, cuando problemas que te llevan años para procesar de pronto se dicen en un instante en una radio o en la televisión? Así como los medios toman rápido algunos paradigmas –como hablar de femicidio en vez de crimen pasional–, se demoran en incorporar normas éticas y, al no hacerlo, revictimizan a las personas», dice Chiarotti.
La exhibición del cuerpo de Ángeles Rawson en un basural o pretendidas recreaciones en clave truculenta provocaron rechazo. «La Defensoría del Público recibió numerosas denuncias sobre el tratamiento mediático del caso y elaboró un informe donde evidencia la violación de los derechos de las personas imputadas y no imputadas en el caso, así como su banalización y su ficcionalización mediática», destaca Focás. «Los periodistas de policiales –agrega la investigadora– deberían tomar nota».
