6 de julio de 2022
Tras largas negociaciones se llegó a un tibio acuerdo en la OMC para suspender por cinco años las patentes para vacunas COVID. Argentina pugnó en soledad.
Después de 18 meses de deliberaciones, la Organización Mundial de Comercio (OMC) aprobó la suspensión por cinco años de las patentes para las vacunas COVID. Para las organizaciones de la sociedad civil se trata de un acuerdo tardío, limitado y de escasos efectos prácticos. Para la industria multinacional, constituye una «pésima señal» porque flexibiliza el monopolio de la propiedad intelectual.
La decisión aprobada por consenso durante la reciente Conferencia Ministerial de la OMC habilita a que cualquier país en desarrollo inicie la fabricación de una vacuna COVID sin autorización del titular de la patente y sin la necesidad «de hacer esfuerzos para obtener una autorización del titular del derecho como se establece en el Artículo 31(b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)».
El acuerdo fue posible en virtud del renunciamiento de China, el mayor exportador de vacunas COVID del mundo, que se autoexcluyó explícitamente de los beneficios de las flexibilidades, a condición de que se eliminara al mismo tiempo cualquier restricción sobre cuotas de mercado que limitara la exención para los países en desarrollo.
Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó el convenio como «decepcionante» y «la incapacidad de acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual en la OMC es un fracaso global devastador para la población de todo el mundo».
Amnistía Internacional coincidió en que después de casi dos años de discusiones «la OMC no pudo garantizar el acceso de millones de personas a los productos sanitarios» que requiere la pandemia.
Para la organización intergubernamental South Centre, que preside el argentino Carlos Correa, «los países desarrollados miembros de la OMC se alinearon con la narrativa de la industria farmacéutica (que se benefició de una inversión pública masiva para desarrollar vacunas contra el COVID-19) y el argumento no probado de que una exención de los ADPIC, aunque sea temporal y se limite a hacer frente a la pandemia actual, pondría en peligro irreparable la innovación».
Sonia Tarragona, economista de la salud y jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de Argentina reconoció a Acción que «la decisión adoptada fue una decisión política y dejó de ser un proceso técnico. Pese a ello, el texto final podría haber sido mucho peor sin la presión de países como Argentina, que estuvo presente en todas las negociaciones de la mesa chica y sostuvo su posición en todo momento».
«Fuimos los únicos que peleamos hasta el final y sin nosotros habría sido mucho peor. Argentina quedó sola. India no peleó nada y Sudáfrica apoyó tibiamente. Quedamos solos con la posición dura. Por eso no salió peor», aseveró la jefa de Gabinete y partícipe activa de las negociaciones en la OMC, sobre los dos países que en agosto de 2020 presentaron el proyecto original.
Tarragona analizó que «el texto adoptado, no es lo que se esperaba, sin embargo, tiene algunas disposiciones que pueden considerarse positivas», entre las que mencionó:
• Se logró que la lista no se restringiera solo a vacunas como era la intención de los países centrales y se incluyeron los procesos y los intermedios;
• Se amplió la posibilidad que otorgaba el Artículo 31 de los ADPIC, permitiendo exportar el 100%;
• Se logró que se aceptara la posibilidad de discutir en seis meses la inclusión de tratamientos, que inicialmente estaba vedada;
• La OMC, por tercera vez en su historia, se ve obligada a reconocer el impacto negativo de las patentes sobre la salud, lo que constituye un antecedente valioso para futuras negociaciones.
Producción y abastecimiento
La posición más refractaria, tal como era previsible, fue adoptada por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), que calificó la exención acordada por la OMC como «una peligrosa señal, no solo a la industria farmacéutica, sino a todos los sectores innovadores» que «puede tener efectos en cadena para el futuro, lo que podría poner en riesgo la respuesta ante crisis sanitarias futuras». El rechazo fue replicado en Argentina por la cámara de los laboratorios multinacionales, CAEME.
Por el contrario, CILFA, la cámara de los laboratorios nacionales, celebró que «con esta medida los países miembros de la OMC dan una respuesta institucional a las necesidades de la salud pública de los países al anteponer el derecho a la salud sobre los derechos privados monopólicos de las patentes».
Coincidentemente, ALIFAR, la asociación de la industria farmacéutica nacional latinoamericana, alentó a los miembros de la OMC «a continuar el debate para que, en forma urgente, se prolongue el plazo de vigencia de la medida adoptada y se extienda su alcance también para la producción y abastecimiento de diagnósticos y terapias contra COVID-19».
