3 de julio de 2024
El proyecto de regularización propuesto por el PEN genera un cambio de paradigma en cuanto al desarme y se encamina hacia una suerte de «blanqueo» y amnistía para la tenencia ilegal.
Arsenal. Hay 800.000 armas irregulares registradas, pero otras 2,5 millones ni siquiera entraron al sistema.
Foto: NA
Por estos días los plenarios de comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal de Diputados, entre otras, se encuentran abocados al tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para regularizar las armas de fuego y prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pvaf), creado por la Ley 26.216. De acuerdo con el artículo 1º de la iniciativa que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «el que tuviere armas de fuego clasificadas de conformidad con la normativa vigente como de “uso civil” o de “uso civil condicional”, o sus repuestos principales, sin estar legalmente autorizado, deberá presentarse dentro de los 360 días de la entrada en vigencia de la presente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)», organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio, «con el fin de obtener la autorización pertinente, si procediera».
Y aquí empieza la primera de las controversias ya que la iniciativa también propone que mientras dure el trámite, estas personas conservarían el arma de fuego en su poder y quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa. De acuerdo con el proyecto del PEN, «las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas de las cuales se estima que más de 800.000 están en una situación irregular».
Para Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD), aquí ya se vislumbra la primera de las falacias. «La exención penal significa que cualquier persona ya sea humana o jurídica, es decir, empresas o agencias de seguridad que puedan tener en forma ilegal armas de fuego, pensemos en el caso relevante de un supermercado que tenía un arsenal ilegal de armas de fuego y municiones, podrían registrar esas armas y quedar exenta de cualquier responsabilidad. No fueron en estos casos víctimas de la burocracia estatal, como plantea el proyecto, sino que fueron personas o empresas que conscientemente decidieron obviar los controles estatales y que probablemente hayan obtenido esas armas de manera ilegal», asegura en diálogo con Acción.
Por otra parte, el proyecto, en su artículo 3º, señala que a fin de que se regularicen las armas de los usuarios no autorizados «quedan exentas de ser pasibles de acción penal las personas humanas o jurídicas por la tenencia ilegal de armas de fuego de “uso civil” o de “uso civil condicional” previstas en el artículo 189 bis del Código Penal de la Nación Argentina».
¿A qué se refiere el 189 bis? A la pena que se le impone –de 5 a 15 años– a quien «con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación».
«El proyecto de regularización de armas enviado por el PEN plantea una suerte de blanqueo de armas de fuego y como todo blanqueo implica eximir de pena, de sanción, a quienes hayan cometido un delito, en este caso la tenencia o la portación ilegal no registrada de un arma de fuego, pero además lo peligroso es que acá estamos blanqueando armas de fuego, que en ninguna circunstancia, sean legales o ilegales, registradas o no, generan un efecto positivo, porque a mayor cantidad de armas mayor violencia, mayor cantidad de delitos y de muertes», explica Alfie.
Una ley muy laxa
Adrián Marcenac también es integrante de la RAD y pionero en la lucha por el desarme de la sociedad tras un trágico hecho: el asesinato de su hijo Alfredo, en 2006, a manos de Martín Ríos, quien luego sería conocido como el «Tirador de Belgrano». Según la investigación del hecho avanzaba, salió a la luz que no era la primera vez que Ríos disparaba, ya había hecho lo mismo en otras tres oportunidades y además poseía la autorización de lo que en su momento era el Registro Nacional de Armas (Renar), pese a que el certificado médico necesario para la tenencia de armas subrayaba que este hombre debía ser sometido a exámenes psicológicos. Finalmente, diez años después, en abril de 2016, Ríos fue declarado inimputable y absuelto. Hasta el día de hoy, tanto Adrián como su esposa Mónica, trabajan incansablemente por la destrucción de las armas y por este motivo el proyecto presentado por el PEN los pone en alerta. «Esta ley es muy laxa y además rompe un paradigma que se venía sosteniendo en estos últimos años y que es el de tratar de que en la sociedad circulen menos armas. Parecería que ahora el paradigma sería que estén regularizadas, esto es un cambio importante, porque ya no apunta a reducir estos elementos que generan muertes, sino a tenerlos regulados», sostiene en una charla con Acción.
Tirador de Belgrano. Martín Ríos mató de un disparo a Alfredo Marcenac en 2006. Fue declarado inimputable y absuelto en 2016.
Foto: Archivo
Por otra parte, Marcenac cuestionó las cifras aportadas en los argumentos de la norma y sostenidas por Patricia Bullrich, quien además en 2018 popularizó la frase «el que quiera estar armado, que ande armado. El que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre».
«Estas 800.000 son las armas que en algún momento tuvo registradas el Estado, que están de manera irregular, ahora, hay otros 2,5 millones que nunca entraron al sistema, que no están contempladas. Estamos hablando de 3 millones de armas, que sería el universo al cual se pretende regularizar, con un Estado que no tiene los recursos ni humanos ni financieros, ni la estructura necesaria en el Anmac para regularizar semejante stock de armas en el término de un año, como se plantea en el proyecto de ley», señala.
De acuerdo con los últimos datos de 2021 aportados por un estudio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en la Argentina el 52% de los homicidios se cometen con armas de fuego, muy cerca del promedio mundial de asesinatos bajo esta modalidad. A su vez, se estima que alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, familiares, o femicidios. Menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa. Por su parte, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó en abril de este año un informe denominado «Femicidios cometidos con armas de fuego en Argentina», que muestra que entre 2017 y 2022 se registraron 404 víctimas de femicidios directos y vinculados producidos con armas de fuego, sobre un total de 1.628 víctimas, lo que representa casi el 25% de los femicidios de dicho período.
La Anmac tenía hasta hace poco tiempo un sistema de oposición ciudadana, por el cual ante cada persona que solicitaba un arma de fuego, se publicaba el nombre de este ciudadano/a en la web del organismo, para que el resto de la ciudadanía, incluidas potenciales víctimas de violencia de género, pudieran oponerse, pero fue eliminado y no se compensó con algún otro control.
«Hay que concientizar y poner en la agenda pública cuál es la problemática, porque si bien disminuyó la cantidad de muertos por armas de fuego en el país, seguimos en un nivel de 5-6 muertos por día. Argentina es referente en el tema del desarme y destrucción de armas, por todo lo que se hizo, pero faltan recursos. Cuando comenzó el Pevaf, allá por 2007, en homenaje a nuestro hijo, durante ese primer año y medio se recepcionaron casi 105.000 armas, a lo largo de los otros 16 años que pasaron, se recepcionaron igual cantidad –dice el padre de Alfredo–. Hay que poner nuevamente en vigencia el Programa, la prórroga es necesaria, pero además faltan recursos económicos y humanos capacitados, porque el organismo ha sido desmantelado y desfinanciado en los últimos años. No es necesario presentar una nueva ley mezclándola con una amnistía generalizada para aquellos que tienen armas por fuera del circuito legal, son dos cosas distintas, se tienen que hacer dos proyectos diferentes; el proyecto de regularización necesita una discusión mucho más amplia», concluye Marcenac.
