1 de septiembre de 2022
A un año de sanción como norma, la Educación Ambiental aún no se halla plenamente implementada. Los docentes exigen su aplicación.
Legislación. Las organizaciones ecologistas hoy advierten que podría quedar en una declaración de buenas intenciones.
Foto: Télam
En el ámbito educativo desde hace años existe un interrogante: qué temas les interesan realmente a los jóvenes. Más allá de temáticas sobre nuevas tecnologías y la educación sexual e identidad de género, más en silencio, el interés por la ecología aparece de manera permanente y como parte de una emergencia actual.
Es por eso que a un año de sancionada la Ley Integral de Educación Ambiental, con la unanimidad de los votos del Senado, los docentes ya exigen materiales y herramientas para abordar el tema en las aulas.
La Ley Nacional 27.621 establece una serie de concejos jurisdiccionales para llevar a cabo la llamada «Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral». Y cabe destacar que normas como esta también existen en Europa y algunos países de la región como Brasil, Colombia y México.
Sin embargo, varias organizaciones ecologistas alertan que la ley corre el riesgo de quedar en solo una «declaración de buenas intenciones» ya que, al ser un contenido «transversal» a todas las materias, puede suceder que «una responsabilidad de todos termine siendo de nadie».
Alcira Rivarosa, bióloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto y doctora en Educación Científica, califica la nueva norma como «necesaria e interesante» y un «excelente paraguas protector» para acompañar «prácticas que se vienen haciendo hace rato en diversos espacios: escuelas, pero también sindicatos, barrios o grupos alternativos muchas veces censurados o castigados por el resto de la comunidad».
Y sobre la «transversalidad» de la ley y los tiempos de aplicación, los compara con la Educación Sexual Integral, que con 15 años de vigencia todavía sigue ausente en varias instituciones: «Las trasformaciones educativas son muy lentas. Son pequeñas revoluciones en las aulas que requieren el atreverse de muchos profesores y maestros». Recalca la «paciencia» que hay que tener, pero sin embargo asegura que no hay que dejar de «militar» para que exista «una ciudadanía responsable, crítica y que haga suya la propuesta».
El modelo económico
En esta línea, planteado como «un aporte para que la ley comience a implementarse», el colectivo comunicacional La Tinta, de Córdoba, y la Fundación Rosa Luxemburgo elaboraron la serie videodocumental Tierra sobre la mesa. De pandemias globales y cultivos locales y un cuadernillo para docentes. Todo de libre acceso en internet y presentado en una charla virtual con el apoyo de docentes de la UBA y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Lucía Maina, periodista especializada en temas ambientales e integrante del colectivo La Tinta, explica lo importante de trabajar estos temas a partir de las causantes más profundas en cada comunidad: «No sirve de nada hablar de no tirar basura en la vereda o juntar tapitas de plástico sin ver que es el modelo económico-productivo la causa de los grandes problemas ambientales que vivimos. Por eso debe pensarse desde el territorio donde se está enseñando», y ejemplifica con la problemática de las escuelas fumigadas o de los pueblos donde la principal actividad económica es el cultivo de transgénicos, muy presente en varias provincias: «Cuando los docentes tocan estos temas en muchos casos deben abordar situaciones que afectan al pueblo en general. Es un desafío importante poder poner en debate esas cuestiones tan conflictivas en esos lugares».
«Es un tema con mucha demanda de los alumnos. Pero no se da en las escuelas porque, además de la falta de herramientas, tiene que ver con un conflicto de intereses y relaciones de poder», asegura Maina, y reflexiona: «Porque si la educación ambiental es un derecho, como lo plantea la ley, los jóvenes tienen derecho a saber las consecuencias que traen esas actividades en sus propias regiones».
Sin embargo, del video y el cuadernillo presentado también se desprenden acciones concretas para realizar y no quedarse con un panorama apocalíptico y catastrófico que desmotive a los estudiantes. Así aparece la Escuela Andrés Carrasco, de Saladillo, provincia de Buenos Aires, como una propuesta de alternativa productiva concreta y llevada a cabo por la propia comunidad educativa con su huerta agroecológica y kiosco de comida saludable.
De esta manera, la crisis ambiental, que según la especialista Rivarosa «es global, pero se muestra de manera muy desigual en lo local», puede encontrar una solución en las escuelas, pero no de cualquier manera: «La educación ambiental no es solo pensamientos sino acción comprometida y pensamiento en acción».
Por su parte, Maina ve a la nueva ley como una oportunidad para abordar desde las instituciones educativas el verdadero desafío de la actualidad que es el enfoque de la cuestión ambiental: «De la pandemia para acá la ecología tiene más presencia en la agenda y en los debates, pero centrado en las acciones individuales, quizás más aún en las generaciones más jóvenes. Y esas miradas, muchas veces superficiales, terminan no permitiendo la perspectiva que esta crisis ecológica y civilizatoria nos exige».
