29 de noviembre de 2025
A 8 años del asesinato de Rafael Nahuel, la persecución hacia el pueblo mapuche se profundizó desde la llegada de Milei al poder. Dirigentes procesados y territorios militarizados.
Aniversario. Protesta frente al monumento a Roca en Buenos Aires, a 8 años del asesinato de Rafael Nahuel.
Foto: Federico Imas
«Tenían armas de fuego», insistía la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti en la mesa de Mirtha Legrand. La señora de los almuerzos, siempre bien informada, le replicaba que había leído que no era así. Los peritajes demostraron que el grupo de jóvenes mapuches que el 25 de noviembre había regresado a su territorio recuperado dos días después del violento desalojo de su comunidad, la Lof Lafken Winkul Mapu, solo tenía piedras y fue emboscado por los Albatros de la Prefectura, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ciento catorce disparos hicieron los prefectos, y uno impactó en la espalda de Rafael «Rafita» Nahuel, de 22 años. El joven quería dejar atrás una vida sin oportunidades en los barrios pobres del Alto Bariloche para tener su ruca (casa) y criar animales en la Lof donde su prima, Betiana Colhuan, se había levantado como machi (sanadora), la primera en muchas décadas, a ambos lados de la cordillera.
«Hasta hoy no tiene paz, nosotros no tenemos paz por el dolor tan grande causado por su asesinato», dijo a Acción María Nahuel, tía de Rafita y una de las personas que influyó en su acercamiento a su identidad ancestral como mapuche. «Los Gobiernos corruptos son los que nos mandan a desalojar en nuestros territorios, mandan a balear y gasear a nuestras niñeces, son los que mataron a Rafita por la espalda, le quitaron sus sueños de vivir como mapuche con su familia, de ser libre», agregó. María no se refirió solamente al operativo de 2017, sino también al que ocurrió en octubre de 2022, cuando 250 efectivos del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales volvieron a irrumpir en la comunidad, destruyeron sus casas, atacaron el rewe (altar sagrado) y detuvieron a la mayoría de sus integrantes, acusados de haber violado la Ley Antiterrorista. Ahora el Gobierno de Javier Milei incluyó a la Lof en el listado oficial de personas y organizaciones vinculadas a actos terroristas y los convirtió en muertos civiles. «El Estado se sigue riendo de nosotros, piensa que nos castiga, pero no le tenemos miedo, a pesar de que nos han quitado todo, yo tenía una pensión por discapacidad y me la quitaron, a las lamienes (hermanas) que recibían la asignación también se las sacaron», explicó.
«No somos terroristas»
En julio pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra los efectivos de Prefectura Naval responsables del asesinato: Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. La sentencia resultó insuficiente para familiares y organismos de derechos humanos, ya que no alcanza a los funcionarios que ordenaron la represión, entre ellos, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, la Cámara ratificó la condena contra los cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por «exceso en la legítima defensa», pero ordenó al tribunal de primera instancia que revise el monto de las penas, de 4 a 5 años, por lo que podrían reducirse a penas excarcelables.
Tras el asesinato de su sobrino, María se enfermó y ya no pudo trabajar. «Este es un Gobierno que trabaja para los ricos y no para los pobres, apalean a los jubilados», afirmó. A esta mujer curtida, delegada de la Lof, se le nota el dolor en la voz. «Mi hijo Juan Pablo Colhuan, lonko de la comunidad que está preso en una cárcel de máxima seguridad, como si fuera un delincuente cuando en realidad lo que hizo fue defender un territorio, acompañar a su machi, nosotros no somos terroristas, no somos delincuentes, ni ladrones; el Estado es el que roba el agua y la tierra para venderla, y el que mata a quienes la defendemos, si no lo hacemos no va a quedar nada ni para el mapuche ni para aquel que no es mapuche».
General Roca. El tribunal oral federal condenó a cinco prefectos por la muerte del joven.
Foto: NA
Juan Pablo Colhuan estaba en proceso de convertirse en lonko (líder político y espiritual) cuando lo detuvieron. Estuvo acusado en varias causas, la mayoría de las cuales están prescriptas, salvo una por usurpación agravada. «Supuestamente hubo un hecho de violencia contra un policía, pero no fue así», explicó a Acción Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Colhuan está alojado en la cárcel de Rawson, junto con el lonko de Cushamen, Facundo Jones Huala. Taffetani remarcó la gravedad de que miembros de la comunidad Winkul Mapu hayan sido incluidos en el listado de terroristas, sindicados como integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). «Son varias mujeres y dos hombres, cuyos nombres sumaron allí sin ningún fundamento; las causas son por usurpación, no por terrorismo, les han bloqueado todas sus cuentas bancarias, e incluso a la machi, que no está en el listado, le han aplicado esta especie de muerte civil, les quitaron la AUH y una pensión de discapacidad», precisó la abogada.
En semejante panorama, resultó casi un milagro que la jueza Silvina Domínguez haya planteado una medida de resguardo del rewe, a pesar de que Parques Nacionales pidió que fuera removido. Así, la comunidad puede subir a ese monte, volver al escenario de la violencia que padeció, para reunirse en torno a esa estructura vertical de madera tallada a mano, que la machi Colhuan utiliza para realizar ceremonias de sanación. Diezmada en lo material, la Lof logró preservar su pilar sagrado y su lugar de conexión espiritual.
Rafael Nahuel no fue el único muerto mapuche en esta etapa, en la Patagonia. El 21 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Elías Garay en la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, por parte de empleados del empresario forestal, Rolando Rocco. Ambos crímenes ocurrieron en el marco del reclamo por parte de sus respectivas comunidades, con los territorios totalmente militarizados.
Tal como lo expresó el medio especializado Telesisas, a ocho y cuatro años de ambos crímenes –aún sin justicia plena– las comunidades mapuche señalan que la violencia estatal, la militarización de los territorios y la complicidad política y judicial responden a una misma matriz: el racismo estructural que sostiene la negación histórica de los pueblos indígenas. En palabras de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, del genocidio del siglo XIX a la represión actual, el Estado reproduce las mismas lógicas coloniales que permiten que estos crímenes permanezcan impunes.
El 25 de noviembre de 2017, en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, tuvo lugar el velatorio de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el río Chubut tras 78 días de estar desaparecido, luego del feroz operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen. «Nos tenemos que ir, mataron a un compañero», se excusó ante los familiares Ariel Garzí, amigo de Santiago, al enterarse de que Rafita había sido fusilado en Villa Mascardi.
