18 de abril de 2026
Tras décadas de descenso sostenido, volvió a subir un indicador que es mucho más que un número: habla de la inequidad y de las condiciones de vida de gran parte de la sociedad argentina.
Señal de alarma. En 2024 la tasa llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un 6,25% más que el año anterior.
Foto: Guadalupe Lombardo
La mortalidad infantil alcanzó en 2024 la tasa de 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un 6,25% más que el año anterior. El aumento, que ocurrió tras décadas de descenso sostenido, se concentró sobre todo en la mortalidad neonatal, las muertes ocurridas en los primeros 28 días de vida.
Lejos de ser un número, detrás de este dato aparecen factores como el deterioro de las condiciones de vida, las inequidades territoriales, el impacto de la desarticulación de políticas públicas y un cambio de tendencia que expone el vínculo entre salud y desigualdad social, así como las tensiones del federalismo sanitario.
«La mortalidad infantil se valora como tasa, no como número absoluto», explica en diálogo con Acción el pediatra Enrique Abeyá Gilardon, presidente del Consejo de Nutrición de la Asociación Argentina de Salud Pública, y apunta que se trata de la relación entre los niños que mueren antes del año de vida y los nacidos vivos en ese mismo período. Y es, según el especialista, uno de los indicadores más completos: «Refleja no solo el estado sanitario, sino también las condiciones de vida: ingresos, educación, vivienda, acceso al agua y a los servicios de salud».
Para el médico sanitarista, a nivel global la mortalidad infantil muestra una tendencia sostenida a la baja, entonces «cuando las tasas son altas, pequeñas mejoras generan descensos rápidos, sobre todo en el componente posneonatal». Sin embargo –agrega–, a medida que el indicador baja, el ritmo de mejora se vuelve más lento porque predomina el componente neonatal, «mucho más difícil de modificar y estrechamente ligado a la calidad de la atención médica».
Por eso, advierte, un aumento es un hecho poco frecuente: «Solo suele verse en situaciones extremas, como guerras o grandes epidemias; cuando la tendencia se revierte, es un dato que debe llamar la atención».
Determinantes sociales
Para Abeyá Gilardon, no es posible entender estos cambios sin mirar más allá del sistema sanitario. «Hace muchísimos años se incorporó en la política sanitaria el concepto de determinantes sociales de la salud. La salud no depende solo de la biología o de los agentes infecciosos, sino de condiciones sociales que son su base», explica y advierte que las políticas económicas tienen efectos directos: «Los programas de ajuste fiscal han tenido históricamente impacto sobre las condiciones de salud de la población», resalta, y como ejemplo menciona el caso de Grecia: «Durante el ajuste impulsado con el Fondo Monetario Internacional, se observó un aumento importante de la mortalidad infantil», y señala que los condicionamientos que el organismo internacional impone en nuestro país más temprano que tarde tendrán las mismas consecuencias. «Las condiciones sociales no son ajenas a la salud. Y donde más se expresan sus efectos es en los sectores más vulnerables, especialmente en los niños», advierte.
Debate sobre cómo medir
El repunte reavivó una discusión técnica: si el indicador debe analizarse como tasa o en términos absolutos. Para el diputado y médico pediatra Pablo Yedlin, no hay dudas: «La tasa es el indicador que se usa internacionalmente y lo que mide es la proporción de niños que nacen y mueren antes de cumplir un año». Algunos plantean que, como están cayendo los nacimientos, el denominador se reduce y eso podría distorsionar la tasa. Bajo esa lógica, señalan que en términos absolutos hay menos muertes y que, por lo tanto, no habría motivo de alarma. «Ese razonamiento es incorrecto –advierte Yedlin– y explica que «si uno mirara solo números absolutos, podría decir que en Estados Unidos mueren 30.000 niños por año y en Argentina unos 500, y parecería que estamos mejor. Pero eso depende del tamaño de la población. Por eso se utilizan tasas».
Pero más allá del promedio nacional, el dato clave está en las diferencias territoriales.
«El indicador se construye con realidades muy distintas entre provincias», señala Yedlin y sostiene que «hay provincias donde la mortalidad infantil aumentó más de un punto y medio, en las jurisdicciones del norte por ejemplo, y otras donde bajó», una heterogeneidad que refleja las asimetrías estructurales del sistema federal de salud.
Abeyá Gilardon insiste en este punto que «la mortalidad infantil está fuertemente asociada a la pobreza, entonces cuando aumentan los niveles de pobreza, empeoran las condiciones de vida y eso impacta directamente en la salud de los niños». «El indicador es especialmente sensible porque el ser humano nace en condiciones de alta dependencia y a diferencia de otros mamíferos, el bebé humano requiere cuidados intensivos desde el nacimiento. Por eso cualquier deterioro en el entorno social o sanitario lo afecta de manera directa», añade.
Sistema bajo presión
Tanto para Yedlin como para Abeyá Gilardon, el aumento de la mortalidad infantil también pone en foco el funcionamiento del sistema sanitario. «Hoy el sistema público está mucho más cargado, la caída del empleo dejó a más personas sin cobertura y empujó la demanda hacia hospitales y centros de salud públicos. Al mismo tiempo, el sector privado atraviesa problemas de financiamiento», advierte el diputado nacional, mientras que Abeyá Gilardon apunta a la reducción o discontinuidad de programas nacionales. «Cuando el Estado se retira, deja de sostener políticas que protegen la salud infantil», dice y recalca que entre los factores que inciden aparecen la calidad de los controles del embarazo, la atención del parto, la disponibilidad de neonatólogos, la infraestructura de neonatología y la cantidad de personal de salud. «Lo que define la diferencia es la calidad del sistema», resume.
Además, Yedlin resalta que el deterioro no se limita a la infancia, y que es necesario prestar atención a la mortalidad materna, «que también mostró un aumento significativo con una suba de 1,2 puntos en un año» por causas prevenibles como hemorragias, infecciones y enfermedades asociadas a la falta de controles o vacunación. «Eso indica problemas en la atención y en las políticas sanitarias», agrega.
Rol del Estado
Aunque históricamente las provincias financiaron la mayor parte del sistema de salud, el Estado nacional cumplía, hasta la llegada del Gobierno de Milei, funciones clave en la coordinación, supervisión y compensación de desigualdades entre las jurisdicciones.
Para Abeya Gilardon «ese rol de rectoría es fundamental y en un país donde más del 50% de los niños está en situación de pobreza, no puede desaparecer de un día para el otro».
Para Yedlin, la falta de conducción se refleja incluso en la comunicación: «No hay una explicación oficial, solo se difunden números, sin análisis ni medidas concretas», cuando no se trata de una mera estadística. «Es una discusión de responsabilidades», dice Yedlin y en la misma línea, Abeyá Gilardon concluye: «Es un indicador muy sensible que muestra la relación entre salud, condiciones de vida y desigualdad. Cuando cambia la tendencia, hay que mirar qué está pasando en la sociedad».
