21 de abril de 2026
Muchas fuentes de agua dulce han perdido funciones y capacidades por encima de su posibilidad de restauración. Un punto de no retorno ecológico que compromete a todos.
Ecosistema fundamental. En 50 años, desapareció más del 30% de la masa de los glaciares.
Foto: Getty Images
No es una crisis pasajera, no es un mal momento. Es una quiebra, una bancarrota, un punto a partir del cual, muy probablemente, las cosas ya no volverán a ser como siempre fueron. Los sistemas hídricos de agua dulce globales están en un punto límite y muchos de ellos ya han perdido funciones y capacidades por encima de su posibilidad de restauración: se acabó el saldo, las cuentas ya están en rojo. «Hablar de estrés o de crisis del agua ya no alcanza para describir las nuevas realidades hídricas del mundo», señala un nuevo informe del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-Inweh), publicado pocos días antes de una nueva conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo y que este año tuvo como lema «Donde fluye el agua, crece la igualdad», un eje que destaca el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano y factor fundamental para la igualdad de género.
En el documento, que propone hablar de una «quiebra hídrica global», un punto de no retorno para ciertos sistemas en los cuales la demanda humana ha agotado irreversiblemente los ahorros acuíferos, se destaca que tras décadas de sobreexplotación, la contaminación, la destrucción de la naturaleza y la presión del cambio climático «han llevado a muchos sistemas hídricos más allá del punto de recuperación». Algunos números dan cuenta de la situación: se estima que el 75% de la población mundial vive en países donde el agua escasea o no es segura; más del 50% de los grandes lagos del planeta han perdido agua desde la década de 1990; el 50% del agua de uso doméstico y más del 40% del agua de regadío proviene de aguas subterráneas; y el 70% de los grandes acuíferos muestra tendencias de declive a largo plazo. Los humedales y los glaciares, ecosistemas fundamentales en el almacenamiento del agua dulce, están siendo destruidos a un ritmo alarmante: unas 410 millones de hectáreas (el tamaño de la Unión Europea) de humedales han desaparecido en los últimos 50 años; mientras que más del 30% de la masa de los glaciares desapareció en el mismo lapso.
Injusticia social ambiental
Los efectos de la alteración de los sistemas hídricos son múltiples y están interconectados: cosechas disminuidas, sistemas energéticos discontinuos, salud pública en riesgo, ciudades invivibles y ganado en riesgo, son solo algunos de estos efectos: «La inseguridad hídrica se ha instalado como un riesgo sistémico global», dice el documento, que insiste en la necesidad de que los Gobiernos planifiquen acciones para garantizar agua segura a sus ciudadanos. En la práctica, sin embargo, estos derechos están lejos de ser respetados. Así lo considera Anibal Faccendini, docente e investigador a cargo de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario: «Nos cuesta entender a los humanos que las cosas tienen fin, que se acaban. La quiebra hídrica existe, por varios factores que no son iguales para todos, ya que el mayor consumo está en los países del norte. Hay que decir que el 75% de quienes no acceden a este derecho viven en países del sur», explica el experto, para quien a ese «hiperconsumo» se suman «focos» dentro del mercado capitalista en puntos de América Latina y Asia. «Hay lugares de Estados Unidos donde se usan 1.000 litros por día por persona, mientras que en zonas de Argentina hay 7 millones de personas sin acceso al agua segura, una cifra que en la región sube a 150 millones». «Falta abordar este problema desde el foco de la desigualdad de ese acceso, falta hablar más sobre esa injusticia social y ambiental».
A pesar de la fragilidad del recurso y de la múltiple evidencia científica sobre el rol vital del agua como motor de vida y de desarrollo, la actualidad política nacional va a toda velocidad en sentido contrario.
«Estamos en un momento brutal de transferencia de bienes comunes públicos que son de todos, como los humedales y los glaciares, a determinados grupos económicos dominantes para los cuales solo cuenta el negocio. Lo de la Ley de Glaciares es un avance espantoso en ese sentido, una gran regresión ambiental», analiza Faccendini.
Por su parte, Facundo Barrionuevo, politólogo especializado en gobernanza del agua y gestión de infraestructura, pone el foco en el momento a partir del cual se empezó a considerar el agua como un bien que cotiza en Bolsa, lo que ocurrió a finales de 2020 en Wall Street. «Esto marcó un hito en cuanto a la concepción simbólica de lo que entendemos por agua. Hay muchas definiciones teóricas, siempre en tensión con la realidad. El agua ha sido un motivo de conflicto y hoy, tanto a nivel geopolítico internacional como por los impactos del cambio climático, todas esas tensiones sobre la gobernanza del agua crecen en conflictividad. Nos queda cada vez más lejos su definición como un derecho humano básico», razona el especialista.
Mercantilización de un bien común
Contrariamente a lo que suele pensarse, Argentina es un país mayoritariamente desértico. Según datos del Informe sobre el estado del ambiente de 2021, casi el 70% de la superficie del país tiene suelos clasificados como áridos, semiáridos o subhúmedos. Se calcula que el 36% del territorio nacional, unos 100 millones de hectáreas, presentan algún proceso de degradación por erosión hídrica, eólica o biológica asociada al menos en parte con malas prácticas productivas como el sobrepastoreo, la deforestación y los incendios intencionales, entre otros. Las dos regiones más afectadas son la Patagonia –por el sobrepastoreo ovino– y las provincias que integran el Gran Chaco (Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco), por los desmontes y los cambios de uso del suelo.
Como ocurre con toda la agenda ambiental, el Gobierno libertario busca desmantelar, a través de desregulaciones y modificaciones regresivas de leyes de alcance nacional, el paquete normativo que –hasta ahora– constituye la base de la institucionalidad ambiental argentina. Esto incluye también aquellas leyes que de manera directa o indirecta protegen el agua como bien común, como la Ley de Glaciares, cuya modificación fue aprobada en Diputados a principios de abril, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques. «Los glaciares son fundamentales para la existencia de los humedales, almacenan enormes volúmenes de agua dulce que, al derretirse naturalmente, alimentan a estos ecosistemas. Su rol es vital no solo para la naturaleza, sino también para el desarrollo de las comunidades andinas, especialmente en la Puna seca, donde el agua es un recurso limitante», dice un informe presentado en febrero pasado por la Fundación Humedales.
En este escenario político, la construcción de una gobernanza del agua, desde el Estado, parece una utopía. «En Argentina se han hecho cosas, pero el tema de la buena gestión y manejo del agua no ha tenido la prioridad política que debería haber tenido para solucionar problemas humanos y de producción. No ha sido priorizado ni nada federal, y eso es un problema. Falta mucho trabajo aún», concluyó Barrionuevo.
