22 de abril de 2026
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por las defensas de los represores Adolfo Miguel Donda y Bernardo Caballero, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Así, ambos continuarán alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
La resolución fue adoptada por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes desestimaron los planteos de las defensas tras evaluar los antecedentes de cada caso y el marco jurídico que rige para los crímenes de lesa humanidad. El fallo se basa además en la jurisprudencia consolidada que limita de manera estricta los beneficios para quienes participaron en el terrorismo de Estado.
En su voto, Slokar enfatizó que los delitos por los que fueron condenados Donda y Caballero “no son pasibles de indulto ni amnistía”, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos. Advirtió además que cualquier decisión que reduzca o conmute las penas podría implicar “ingresar nuevamente en un pasaje de impunidad”, retrocediendo respecto de las políticas de memoria, verdad y justicia sostenidas en las últimas décadas, detalló el portal diarioelnorte.com.ar.
Adolfo Miguel Donda fue condenado a prisión perpetua por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país. Allí se desempeñó como jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, estructura represiva señalada por centenares de secuestros, desapariciones y apropiaciones de menores. La Sala II no solo rechazó su pedido de domiciliaria, sino que, en algunos votos, también cuestionó una autorización previa que le permitía visitar a su esposa sin intervención del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, Bernardo Caballero, ex integrante del área de Inteligencia de Campo de Mayo, cumple una pena de 20 años de prisión por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en esa guarnición militar. Su solicitud de prisión domiciliaria volvió a ser rechazada, en concordancia con una decisión anterior que ya había descartado el beneficio por razones de gravedad de los hechos y de política criminal.
