4 de mayo de 2026

El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que revise la sentencia que habilitó la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. El argumento fue su impacto fiscal, al que considera «de gravedad institucional». El fallo del juez Adrián González Charvay había declarado inválido el artículo 2° del decreto 681/2025 del Ejecutivo que suspendía la vigencia de la Ley 27.793 y ordenó la aplicación inmediata e integral de la norma. Después, la Cámara Federal de San Martín declaró abstracta esa decisión. El recurso del Gobierno ante la Corte dice que esta ley «produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal», y que «pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas».