25 de mayo de 2026
Con más de 300 vacantes en juego, el oficialismo avanza sobre juzgados estratégicos y teje alianzas con sectores de la corporación tribunalicia en un intento de construir una nueva arquitectura judicial. El rol del ministro Mahiques.
Proyección. Al frente de la estrategia gubernamental en tribunales, el ministro Mahiques aspira al cargo de Procurador.
Foto: NA
El Gobierno acelera la designación de jueces para completar la gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial. El 14 de mayo pasado, en la Comisión de Acuerdos del Senado se terminó de allanar el camino para que el plenario nombre en los próximos días a más de 70 jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo. En la misma jornada, ingresaron otros 59 pliegos de postulantes, que tendrán tratamiento en el corto plazo. Se trata de alrededor de 140 cargos. Y hay muchos más en carpeta.
Pero el dato más relevante de aquella jornada fue lo que sucedió en el recinto con la extensión en el cargo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, que estaba por jubilarse y fue apoyado con 58 votos en el recinto para continuar 5 años más en la máxima instancia penal del país. La cifra, que superó holgadamente los dos tercios de las voluntades, marcó los números que puede obtener el oficialismo para avanzar con la cobertura de la tercera parte del Poder Judicial que está vacante e incluye la renovación de Comodoro Py y la designación de jueces de la Corte Suprema.
Mayoría inesperada
El camarista Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, cumple 75 años el 1º de noviembre, es decir, la edad límite para seguir ejerciendo la magistratura salvo que se le extienda su estadía en tribunales por pedido expreso del Ejecutivo y el apoyo de una mayoría simple del Senado. El juez de la Casación hizo uso de esa potestad: el Gobierno envió su pliego a la Cámara Alta y el pasado 14 de mayo, el pleno de la Cámara lo aprobó de forma contundente. Los números de apoyo que obtuvo sorprendieron al oficialismo y reposicionaron a la familia Mahiques de cara a las negociaciones que se avecinan para el mundo político-judicial. Carlos Mahiques, a través de la articulación que realizó su hijo ministro, cosechó 58 votos y tan solo 11 rechazos, que provinieron de un bloque peronista partido –incluso los que votaron en contra quedaron en minoría hacia dentro del espacio–. Hubo respaldo prácticamente de todas las bancadas.
Fuentes del Consejo de la Magistratura y de tribunales consideraron que a partir de los votos que cosechó Mahiques padre en el Senado se podría abrir en el corto plazo una nueva «hegemonía» encabezada por este clan familiar que representa a un sector tradicionalista de la corporación judicial. Es que Juan Bautista Mahiques tiene en sus manos la posibilidad de designar magistrados por muchos años en tribunales clave si logra avanzar y terminar con los concursos abiertos para cubrir las vacantes que hay en la Cámara Federal de Casación Penal –que es la máxima instancia penal del país–, la Cámara Federal porteña –que es el tribunal revisor de Comodoro Py–, los juzgados de primera instancia de Comodoro Py así como en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Comercial, entre otros cargos.
Según se informa desde la página del Consejo de la Magistratura, en total hay 144 vacantes en trámite y 75 concursos desarrollándose en el órgano de selección y sanción de jueces; a la vez que hay 113 vacantes en manos del Poder Ejecutivo. A lo que se suman más de 100 vacantes en manos del Senado, dos vacantes en la Corte Suprema, otra en la Procuración General de la Nación y otra en la Defensoría General. Solo para estos cuatro últimos cargos se requieren los dos tercios de los votos del Senado, la suma que superó con comodidad el pliego de Mahiques padre. La cantidad de vacantes explica el poder que, tras el 14 de mayo, pasó a tener el ministro de Justicia.
Poder permanente
Si bien no lo dice públicamente, el propio Juan Bautista Mahiques –exfiscal general porteño– pretende el cargo de Procurador, que es el jefe de los fiscales. Los votos que cosechó su padre alimentan esa ilusión. Pero su pretensión choca con la de otros actores del mundo judicial como el camarista de Casación Mariano Borinsky –que visitaba al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos para jugar al padel–.
Para el mundo judicial está claro que los Mahiques –y Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura– no responden de manera directa a Javier y Karina Milei, representan al Gobierno, pero a su vez lo exceden. «Desde la Casa Rosada decidieron tercerizar en los Mahiques la avanzada sobre el Poder Judicial», afirmó una fuente judicial para explicar el rol que cumple Juan Bautista Mahiques. En esa línea, agregó que a la larga «eso se puede transformar en un problema para los Milei». Es que el peso de la familia Mahiques en tribunales precede a los Milei y seguramente lo suceda.
Además de la aprobación del pliego de Mahiques en el recinto, el 14 de mayo pasado terminaron de tener dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado –presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto– 78 pliegos de postulantes a jueces, fiscales y defensores propuestos por el Gobierno en los últimos días. Ahora solo resta que una mayoría simple del plenario del Senado apruebe sus pliegos para que todos ellos sean designados en los cargos seleccionados. Dos casos de este grupo son emblemáticos y dan cuenta del acuerdo sellado entre los Milei, los Mahiques y la corporación judicial: se trata de los pliegos de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, Horario Rosatti, quien fue postulado para juez de un tribunal federal de Santa Fe; y de Ana Juan, la esposa del juez que tiene a su cargo la causa $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, propuesta para jueza federal en Hurlingham. Que el presidente Javier Milei –con Mahiques– haya propuesto designar a la esposa del juez a cargo de esa pesquisa que tiene al propio jefe de Estado como imputado genera todo tipo de suspicacias, que la Comisión de Acuerdos del Senado decidió soslayar.
Entre los 59 nuevos pliegos que ingresaron al Senado el pasado 14 de mayo se destacan 6 relativos a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Se trata de un copamiento por parte del Gobierno de un tribunal clave en materia laboral mientras espera que se vaya concretando paulatinamente la disolución del fuero del Trabajo, que el Ejecutivo dispuso en la Reforma Laboral y el convenio de traspaso de la mentada Justicia a la órbita porteña.
La estrategia de la Casa Rosada de nombrar magistrados que le respondan a sus intereses en unos tribunales que pretende hacer desaparecer tiene un objetivo central: blindar la legislación antiobrera que impulsó con la Ley de Modernización Laboral mientras exista la Justicia Nacional del Trabajo, cuyo aniquilamiento definitivo demandará unos años.
