8 de agosto de 2026

Los claros rechazos que cosechó esta semana el Gobierno nacional en distintos frentes acotaron algunas de sus propuestas más regresivas y demostraron, además, un margen de resistencia importante en gran parte de la población cuando se tratan temas sensibles como los relacionados con la soberanía y el manejo de los recursos.

En lo que respecta al proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», el oficialismo sufrió un gran revés en el Senado y para lograr la media sanción tuvo que recortar buena parte de la iniciativa.

Concretamente, se vio obligado a retirar el capítulo referido a la denominada «Ley de Tierras» para evitar un fracaso absoluto, ya que no pudo lograr una alianza transversal con gobernadores y otros sectores políticos para asegurar su votación favorable.

De no menor importancia fue la presión social, que llevó a varios legisladores a reconsiderar sus eventuales apoyos en esta materia, que ampliaba las posibilidades de compra de territorio por parte de no residentes.

Frenos
El repudio a esa iniciativa se hizo sentir también en las movilizaciones masivas en muchas localidades del país, al igual que en las afueras del Palacio Legislativo, donde se desató una inexplicable represión policial a la multitud que se manifestaba en forma pacífica.

Por otra parte, en el tratamiento del proyecto en Comisión, el oficialismo quitó el apartado sobre la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. De esta forma, la denominada Ley de Barrios Populares seguirá sosteniendo la suspensión de desalojos en esos asentamientos y la declaración de utilidad pública de esas tierras.

Otro capítulo que tuvo que ser retirado para evitar la frustración del proyecto en general fue el que planteaba la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, texto aprobado en 2020 que busca evitar los incendios intencionales relacionados con la posterior venta de tierras para hacer «negocios» inmobiliarios o agropecuarios. La propuesta del Gobierno eliminaba parte de esas restricciones y limitaba la protección a un grupo más estrecho de territorios.

Inmuebles
Lo que quedó del texto original, de todos modos, resulta igualmente gravoso para la sociedad. 

Por un lado, la aceleración de los procesos judiciales para recuperar un inmueble dejaría a los inquilinos y ocupantes con menos tiempo para apelar. Es una especie de «desalojo express», como lo denominaron algunos medios.

Por otra parte, se aprobó el capítulo relacionado con la expropiación por parte del Estado de una propiedad para realizar una obra de interés público. 

Hasta ahora, si el Gobierno expropiaba un bien debía pagar una indemnización por su valor. La reforma agrega exigencias y amplía el monto a abonar: además del precio de la propiedad, en el cálculo se podrán incluir las ganancias que el dueño asegura que dejó de obtener por la expropiación (lucro cesante). 

Los funcionarios de la Nación sufrieron otro traspié con el fallido decreto para desregular el practicaje y pilotaje en los puertos y, en determinadas condiciones, eximir la contratación de estos servicios.
La inmediata protesta de empresarios y trabajadores del sector paralizó la marcha de unos 150 buques, lo que llevó al Gobierno a desistir de su intento de desregulación.

Se acordó asimismo una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje, a la vez que se conformó una mesa de trabajo para revisar el detalle de la actividad.

Industria
Las distintas expresiones de rechazo al modelo que el Gobierno insiste en consolidar incluyeron las réplicas de distintos sectores fabriles a las declaraciones del ministro Luis Caputo en desmedro de las actividades manufactureras.

Caputo argumentó que «en el modelo de los cracks anteriores la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos».

Los datos, sin embargo, muestran otra cosa. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner el producto manufacturero, medido según los datos del PBI, creció un 8% anual promedio, y un 1% anual en la gestión de Cristina Kirchner. 

Durante la administración de Mauricio Macri, la producción manufacturera cayó un 3,6% anual promedio, para luego crecer un 2,5% anual en la gestión de Alberto Fernández. A la vez, en 2024-25 se produjo una baja del 4,5% anual promedio. 

Para que la industria nacional se reactive hay que protegerla de la competencia externa y sostener la demanda local, tal como hacen otros países. Y para que suban el consumo y el mercado interno se deben mejorar los ingresos de las personas. Nada de esto está ocurriendo.

Tampoco puede esperarse que vaya a generarse suficiente empleo en cantidades razonables en la minería o en los sectores energéticos, como para reemplazar los puestos que se pierden en las empresas textiles, metalmecánicas y en muchas otras que cierran, en los comercios que bajan sus persianas, y en la construcción, que no logra salir de su mediocre performance.

En última instancia, lo que se vio esta semana fue un rechazo al modelo y a sus ejecutores, visiblemente preocupados por crear las condiciones para que los sectores concentrados, locales y del exterior, maximicen sus ganancias, aun a costa de enajenar el patrimonio nacional y postergar la solución de las necesidades populares.

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