26 de septiembre de 2026
Un documento emitido por el Área de Discapacidad de la Pastoral Social, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirma que la visita programada por el Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione (Claypole) “no es un hecho casual”, sino “un gesto de profundo contenido simbólico”, dado que “el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad”. Además, luego de señalar que la fragilidad de las personas es “una cuestión que interpela las decisiones públicas” que “adquiere especial relevancia frente a las decisiones que actualmente se encuentran en debate”, los obispos advierten que “la respuesta del Estado no debe reducirse a una cuestión matemática”.
El documento eclesiástico, difundido por Página12, corrobora los temores que alentó el gobierno desde el mismo día en que el Cottolengo apareció en el primer borrador de la agenda papal en Argentina. La relación del Ejecutivo con la Iglesia y con el Vaticano, está en manos del canciller Pablo Quirno quien infructuosamente intentó disuadir a los obispos –que ya se habían pronunciado en favor de los reclamos de las personas con discapacidad– de eliminar esa escala de la agenda que se comenzaba a negociar.
Lejos de hacerlo, los representantes de la Iglesia ratificaron la decisión que fue a su vez refrendada por el Vaticano por indicación del propio León XIV. El papa Robert Prevost no solo irá al Cottolengo Don Orione, donde viven aproximadamente 400 personas con diferentes discapacidades atendidas por la Iglesia, sino que esa obra religiosa será la primera actividad del pontífice en el país, solo antecedida por los encuentros protocolares que impone la visita de Estado: el encuentro con Javier Milei (30 minutos en Casa Rosada) y una reunión con el cuerpo diplomático y dirigentes políticos en el CCK.
El documento de la Pastoral Social –comisión que preside el obispo riojano Dane Braida– subraya ahora que es necesario “responder sin demora a la emergencia que viven las personas con discapacidad” porque “está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana”. En el texto se agrega: “Estas prestaciones dependen de mecanismos de protección y financiamiento que involucran al Estado y, a través de él, al conjunto de la sociedad”.
