21 de octubre de 2026
La proveedora de agua potable y cloacas del AMBA quedará en manos de un consorcio integrado por dos grupos argentinos, una operadora brasileña y un fondo de inversión con sede en Londres.
Concesión. La oferta de 340 millones de dólares por el 90% de las acciones quedó por debajo de los 500 millones que el Gobierno había manejado como referencia.
Foto: @AySA Oficial
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se consolidó bajo una estructura empresarial que combina proveedores históricos de la compañía, un operador brasileño de servicios sanitarios y un vehículo financiero internacional que concentraría la mayoría del capital del consorcio ganador. La oferta de 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones quedó por debajo de los 500 millones que el Gobierno había manejado como referencia para la operación, mientras que los compromisos de inversión y las condiciones tarifarias abren interrogantes sobre el costo de la transferencia, el financiamiento de las obras y los controles sobre una prestación esencial para millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión del Gobierno de Milei de devolver AySA a manos privadas, dos décadas después de la salida de Aguas Argentinas, mantuvo en discusión el esquema de gestión de un servicio que requiere inversiones de largo plazo, regulación estatal y capacidad de sostener la cobertura en zonas donde la rentabilidad comercial no necesariamente coincide con las necesidades de la población. El resultado de la licitación permite, además, identificar una característica del proceso: parte de los empresarios que pasarán a controlar la compañía ya participaban de su cadena de proveedores, mientras que el principal accionista del consorcio no exhibe antecedentes específicos en la operación de redes de agua potable y cloacas. Sería el primer país que, bajo un esquema de mamushkas, un mismo grupo empresario controla la energía eléctrica, la distribución del gas y ahora el agua.
El consorcio integrado por Rowing S.A., Transclor S.A., Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V. quedó primero en la licitación, frente a los US$ 285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio, según la información difundida por el Ministerio de Economía. La diferencia entre ambas propuestas fue de 55,2 millones de dólares, pero el resultado también dejó una distancia considerable respecto de las expectativas que había manejado la administración nacional, cercanas a los 500 millones de dólares. Sin importar la diferencia de dinero, el Estado decidió desprenderse de la participación mayoritaria en una empresa que presta un servicio esencial.
El proceso también deja una pregunta sobre la valuación utilizada para definir el precio de referencia. La tasación había quedado a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero el valor de esa evaluación no fue difundido en la información aportada para reconstruir la operación. Sin conocer la metodología completa, los supuestos de ingresos, las necesidades de inversión y el horizonte temporal utilizado para calcular el valor de AySA, resulta difícil determinar qué proporción del patrimonio y de la capacidad futura de generación de ingresos se transfiere al sector privado.
Área de cobertura. AySA provee agua potable y red de cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense, y da servicio a más de 14 millones de habitantes.
Foto: @AySA Oficial
Los dueños del agua
La composición del consorcio ganador reúne cuatro integrantes con funciones diferentes. PHX Aqua concentraría el 55% del capital, Rowing tendría el 20%, Arcos el 15% y Transclor el 10%.
Walter Román, propietario de Rowing, es una de las caras locales del acuerdo. Su compañía desarrolla actividades de ingeniería, construcción y servicios industriales, con presencia en infraestructura energética, obras civiles, telecomunicaciones, proyectos ferroviarios y saneamiento urbano. El consorcio presentó a la firma como una empresa con más de tres décadas de experiencia en infraestructura y una dotación superior a los 3.000 trabajadores. Rowing ya tenía vínculos comerciales con AySA a través de trabajos de infraestructura, reparaciones y mantenimiento. La trayectoria de Román también despertó alarmas por los aportes de empresas vinculadas a Rowing a la campaña de La Libertad Avanza. Esas firmas realizaron contribuciones por 40 millones de dólares al espacio político que llevó a Milei a la presidencia. Otro negocio asociado a la trayectoria empresarial de Román es Urbano Express, compañía de servicios logísticos y postales en la que tiene una participación mayoritaria. En 2025, la firma obtuvo una licitación del PAMI para proveer y distribuir pañales para adultos mayores. El procedimiento fue posteriormente cuestionado y dio lugar a denuncias por presunto direccionamiento y sobreprecios.
El otro empresario argentino es Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y conocido por su participación en el mercado de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Su empresa provee insumos para la potabilización y comercializa desde 2009 policloruro de aluminio, un compuesto utilizado en ese proceso. El empresario, llamado «El señor del cloro», también comparte con José Luis Manzano y Daniel Vila el control de Edenor, una de las principales distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA es, a su vez, una consumidora relevante de electricidad, necesaria para bombear, transportar y tratar el agua, además de operar las instalaciones vinculadas al saneamiento.
La pata brasileña del consorcio está representada por Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav. Su función prevista es aportar experiencia técnica en la operación de servicios sanitarios, un componente que diferencia su participación de la de los empresarios argentinos dedicados principalmente a infraestructura y provisión de insumos. Arcos opera Águas do Rio, una concesionaria brasileña de saneamiento, y cuenta con experiencia en la prestación del servicio a 39 millones de usuarios en diversos municipios y estados de Brasil.
Mientras que el 55% restante queda en manos de PHX AQUA AR, «un vehículo de inversión», que se constituyó el 18 de agosto pasado en Londres con un capital simbólico de 1 libra. PHX es una sociedad de responsabilidad limitada, radicada en Londres por dos motivos: en primer lugar, por cuestiones tributarias, pero sobre todo porque Gran Bretaña tiene desde la década del 90 un tratado bilateral de inversión con Argentina. Este acuerdo le da derecho o acceso a la empresa a los tribunales de arbitraje internacionales, a garantías para giros de dividendos y garantías adicionales en caso de expropiaciones.
Su controlante es Phoenix Global Fund, un fondo de inversión radicado en Curazao que busca altos rendimientos con bonos y acciones en mercados de riesgo. PHX, «un fondo de fondos» será la accionista mayoritaria de la segunda compañía de saneamiento más grande de América Latina, que presta servicio a más de 14 millones de habitantes, cuando Javier Milei firme su privatización. ¿Qué puede salir mal?
