17 de julio de 2024

María Soledad Iparraguirre

Tras 15 años de funcionamiento y presencia federal, el Gobierno desmantela los Centros de Acceso a la Justicia, herramientas destinadas a garantizar la igualdad ciudadana ante la ley.

Si bien la medida se concreta a partir de la Resolución 178/2024 publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial, el desmantelamiento progresivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) cobra relevancia en un contexto político y económico en el que cada día grandes porciones de la población ven vulnerados sus derechos más elementales, mientras cientos de trabajadores son despedidos sistemáticamente a partir del feroz ajuste implementado por la gestión de La Libertad Avanza (LLA) desde su arribo al poder. El fundamento de la decisión aduce el «sustancial gasto total anual» que implicaría el sostenimiento de la política pública –traducida en la resolución de conflictos, particularmente para quienes no cuentan con la posibilidad de abonar un abogado y en la escucha activa que puede garantizar un mediador–; sin embargo, los trabajadores señalan que no hubo diagnósticos claros respecto de cuánto le cuesta al Estado mantener estos espacios, 81 en todo el país. 

Creados hace 15 años bajo el primer mandato de Cristina Fernández con la idea de acercar a vastos sectores a un estado de derecho, específicamente aquellos más postergados como las comunidades campesinas, los barrios de emergencia o los asentamientos precariamente urbanizados, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) ofician como puente entre los vecinos y la resolución de conflictos, como herramientas y dispositivos que buscan garantizar la igualdad ciudadana ante la ley, histórico y estructural déficit de nuestra democracia.

Diversificados de acuerdo con la zona geográfica en que se sitúen, los CAJ brindan asesoramiento, mediación y derivación en multiplicidad de variados conflictos, desde una problemática de medianería y diferencias entre propietarios de un consorcio, hasta conflictos familiares y casos de violencia de género. Los CAJ no están capacitados para garantizar justicia per se, pero clarifican la situación ante las partes y pueden funcionar como antecedente para futuras mediaciones en el ámbito judicial.

Quebrar los puentes
«Se trabaja articulando con las comunidades porque es un lugar de confianza, donde el consultante no es alguien de paso; el consultante generalmente tiene una confianza y un vínculo con los trabajadores de los CAJ que no los tiene con ningún otro organismo del Estado», señala Silvina Silva, abogada, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), trabajadora de la Secretaría de Justicia y del CAJ Padre Bachi en La Matanza.

«Por eso decimos que no se parece a ningún otro, porque no es una ventanilla de acceso a formularios o a un turno en Renaper o en Anses, sino que tiene que ver con problemáticas muy complejas que a veces la gente acarrea durante años y en los espacios de los CAJ puede acceder a una escucha muy activa, pero que entiende que por ahí la solución es a largo plazo –dice la letrada–. También se va ideando un esquema de mediación que tiene que ver con la resolución alternativa de los conflictos; el mediador trata de acercar a las partes, a veces cuestiones de medianería, de vecindario, nos pasa mucho con las urbanizaciones, por ejemplo, en Villa Palito los vecinos acarrean estas cuestiones y otras situaciones como vecinos; alteraciones a la convivencia se pudieron ir disolviendo en la mediación comunitaria», agrega Silva.

Equipo interdisciplinario
Al margen de la coyuntura y el barrio o provincia donde se ubique, los Centros de Acceso a la Justicia generalmente están conformados por un equipo interdisciplinario formado por un abogado, un trabajador social, una psicóloga, un mediador comunitario y un administrativo y las problemáticas se abordan de manera integral. Más allá de la mera cuestión presupuestaria, desde el Gobierno afirman que la atención puede seguir manteniéndose a través de dispositivos tecnológicos, y se habla de dejar un CAJ por provincia.

«Con más del 50% de pobres, con mucha gente que no tiene acceso a la conectividad, hablar de digitalización, de inteligencia artificial cuando directamente no tenés red o no tenés elementos para la conexión es desconocer la realidad cotidiana en la que estamos inmersos –cuenta Silva–. Esto responde a una lógica de gestión del nuevo Gobierno, todo lo que podemos decir que es elemental sostener como política pública es todo lo que ellos toman como argumento para cerrarlo. Hay un montón de incumbencias que tienen que ver no solamente con los abogados o los trabajadores sociales o psicólogos o cualquier otra disciplina».

Hay también problemáticas sociales que dificultan el nivel de comunicación entre dichos profesionales y la gente de los barrios. Según Silva «a veces el léxico jurídico, la forma o la actitud del que interviene no es cercana a las poblaciones más vulnerables. Lo que intenta ser el CAJ es un puente a ese estado de derecho, a ese orden que de alguna manera le permite el ciudadano, pero también al barrio, a la escuela, a la sociedad en su conjunto, mantener una paz y una armonía», aclara.

Encuentro
La discusión no se agota simplemente en la posibilidad o no de acceso a las redes por parte de vastos sectores sociales (y de que comprendan su lógica y su funcionamiento) sino en la posibilidad concreta de que la digitalización suplante la escucha y el encuentro con el profesional a cargo. Al respecto, la letrada hace hincapié en la destrucción total de los derechos que, como sociedad, construimos en 40 años de democracia. «No solamente desde una cuestión técnica jurídica sino desde el acompañamiento psicosocial hasta la articulación institucional con el Poder Judicial, o el acceso a justicia, ahí se entiende que el equipo tiene que ser participativo y colaborativo –explica la letrada–. A veces con el abogado se puede desentrañar la temática por la que viene la persona, pero en otros casos tiene que ver con cualquier tipo de problemática que tenga a nivel trámite administrativo. Incluso hasta todo lo relacionado con acceso a los medicamentos, la salud, la escuela, la educación, se trabaja el acompañamiento a las familias y a las personas privadas de su libertad, la articulación con los hogares de Cristo y los curas villeros, con los pibes y pibas en situación de consumo».

Parafraseando al abogado y poeta Julián Axat –en referencia a la disertación brindada en 1981 en La Plata por el jurista Mauro Cappelletti sobre los problemas irresueltos por el positivismo jurídico–, «el pueblo no litiga en los tribunales, los que usan el sistema procesal son un reducido grupo que cuenta con capacidad económica de hacerlo». 

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