28 de agosto de 2024
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, en sintonía con una decena de proyectos legislativos que van en ese sentido. Especialistas refutan los argumentos oficiales.
Ministerios de la mano dura. Cúneo Libarona y Bullrich impulsan el proyecto oficial.
Foto: NA
Cuando el 15 de julio el Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados su reforma del régimen penal juvenil, se sumó en el Congreso a otros 15 proyectos de ley con estado parlamentario y similar objetivo. Al margen de los matices, el grueso de estas propuestas comparten un punto: bajar la edad de punibilidad, es decir, que el sistema penal alcance a chicas y chicos en una etapa cada vez más temprana de sus vidas. El tema está latente en la agenda parlamentaria, a la espera, por parte del oficialismo, del momento propicio para acelerar su debate.
Expertos en infancia señalan que la iniciativa del Poder Ejecutivo sobresale por su marcado carácter regresivo en materia de derechos para las niñas, niños y adolescentes, en un momento en que los índices de pobreza castigan con mayor fuerza a los jóvenes y los expone a múltiples carencias y amenazas, entre ellas, la delincuencia, entendida no como una elección «de adultos», sino como una vulneración más entre tantas. Trascendió, asimismo, la preocupación del papa Francisco por esta iniciativa. Según informó La Nación, Jorge Bergoglio habría expresado su rechazo al proyecto oficial en una audiencia con representantes de la Justicia federal en El Vaticano.
La reforma, fogoneada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca que la imputabilidad comience a los 13 años y no a los 16, como en la actualidad, derogando la ley 22.278, que data de 1980. Como argumento central, ambos funcionarios repiten eslóganes tuiteros del estilo «delito de adulto, pena de adulto» o «el que las hace, las paga», y exponen un recorte de estadísticas forzadas para sostener algo que no se verifica en las cifras de criminalidad, pero que sí encuentra terreno fértil en un amplio sentido común: que existe un aumento de los delitos cometidos por menores.
«Hay un mismo proyecto que cada tanto vuelve y al que hay que llamar por su nombre: una demagogia punitiva que quiere poner a los chicos y chicas como enemigos sociales», aseguró Gustavo Daniel Moreno, secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Asesor tutelar de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, Moreno alertó sobre el mensaje que se pretende instalar: «Pareciera que si ponemos a los chicos presos vamos a encontrar mayor seguridad. Pero la verdadera inseguridad no son los adolescentes, es el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas».
Víctimas, no victimarios
El proyecto 0010-PE-2024 –en tratamiento por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda– castiga con penas de hasta 20 años de prisión a chicos a partir de los 13, que deberían ser recluidos en «un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario». Las «medidas alternativas» se habilitan solo superados los dos tercios de la pena. Incluso, el artículo 24 ordena que «en los casos de inimputabilidad el juez deberá realizar una investigación a los efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas».
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que «el sistema penal es una trampa para cazar niños» y advirtió que «con este proyecto lo único que vamos a hacer es ampliar la trampa». Durante el reciente encuentro «Más derechos sociales, menos cárcel para los pibes», convocado por COPAJU y el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), Martínez definió la propuesta oficial como «una suma de mentiras», donde «lo mediático tuvo mucho que ver». Afirmó que «son falsas las estadísticas que se usaron», porque tomaron datos enviados solo por los juzgados nacionales de la Ciudad, donde «la mayoría son hechos mínimamente lesivos, de delitos contra la propiedad», y «se cotejó la actualidad con la pandemia, cuando hubo muchos menos casos porque la gente no salía a la calle». Para la defensora general, «son cifras construidas de manera perversa y sobre esa base quieren hacer esta reforma».
Ocurre que, en rigor, ningún dato avala una baja de la edad de punibilidad, mientras que sí abundan los que hablan de carencias en la infancia. Así lo explicó Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de quienes dijo que «son más víctimas que victimarios». Detalló que «el 70% vive en hogares bajo la línea de pobreza; el 30%, bajo la línea de indigencia» y que «en los adolescentes la incidencia de la pobreza fue 17 puntos porcentuales más alta que en la población total». Sin embargo, en esta dura realidad donde muchas veces falta la comida, «solo el 0,45% de los chicos comete algún delito», precisó Graham.
Exjuez de la Corte Suprema de Justicia y director del IFBC, Raúl Eugenio Zaffaroni también echó por tierra los argumentos del Gobierno. Además de indicar que «en la Ciudad de Buenos Aires, de 2010 a 2022, bajaron un 50% los homicidios», subrayó que «en delitos graves la incidencia de menores de 16 años es despreciable». Para Zaffaroni, «este proyecto no es una flor en el medio del desierto. Es resultado de un punitivismo lamentable, fomentado por los medios masivos de comunicación monopólicos».
Cambiar la mirada
Para Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU y juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, la reforma «propone trabajar sobre los efectos y no sobre las causas». El magistrado remarcó que «un enorme conjunto de nuestra población está en un cono de sombra, donde no hay horizontes, no hay esperanzas ni perspectivas». A la vez, señaló, «es un cono de violencia estructural que hoy le estamos imprimiendo a 7 de cada 10 menores».
El obispo Gustavo Oscar Carrara, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, propuso otro enfoque: «Estos proyectos plantean qué hacer con los menores, pero la gran pregunta es qué hacer con nosotros, los adultos. Tenemos la tendencia a buscar algún chivo expiatorio para que cargue nuestras culpas». Puso un ejemplo simple: «¿Cómo llega a un adolescente un arma con la cual podría hacer muchísimo daño? El tráfico de armas es una cuestión del mundo adulto».
En cuanto a la ley vigente, Martínez aseguró que «es muy mala» –idea compartida de forma transversal–, habló de «jueces que no se preocupan mucho por aplicarla bien» y que «no están preparados los verdaderos mecanismos, que nada tienen que ver con lo penal, sino con lo social y el fortalecimiento de la familia». A pesar de esto, no dudó en pronosticar un aumento de la reincidencia con un cambio como el que impulsa la Casa Rosada. Graham coincidió: «Los índices de criminalidad no se bajan así, va a haber más reincidencia y eso va a generar mayor inseguridad».
Más allá de este proyecto, Moreno puso sobre la mesa otra preocupación: «¿Cuál es hoy la solución para los chicos no punibles? La derivación a organismos de protección. Bienvenidos sean. ¿Pero cuál es su situación en todo el país?». El asesor tutelar describió la difícil situación presupuestaria de estas instituciones, los bajos salarios de su personal y los límites reales de su capacidad de acción. «Estamos en deuda todavía –concluyó– y tenemos que dar una solución».
