28 de enero de 2025
Aunque no se proyectan en los grandes medios, distintos gremios plantean medidas de fuerza frente a los despidos y a la falta de acuerdos paritarios. El plan de disciplinamiento del Gobierno.
Constitución. El paro de la Fraternidad expone la política de ajuste salarial promovida por el Gobierno.
Foto: Juan Vargas
Mientras el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) parece no encontrar motivos para encarar un plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei y sus integrantes guardan silencio respecto de los despidos y de las suspensiones que padecen los trabajadores de distintas actividades, y de la no homologación de los acuerdos paritarios que superen la pauta impuesta por el oficialismo, los conflictos se suceden aunque los medios de comunicación hegemónicos se esfuercen en ignorarlos o acallarlos.
Una muestra de la creciente efervescencia es el paro general que el sindicato de maquinistas ferroviarios La Fraternidad —que no está alineado con los gremios más combativos— ha convocado para hoy. El titular de la organización, Omar Maturano, anunció que las autoridades de la empresa rechazaron nuevamente la propuesta de recomposición salarial que consiste en el equivalente al 10% de lo que cobran actualmente. Cabe consignar que los ingresos de los maquinistas están congelados desde septiembre pasado y la propuesta oficial es del 1% mensual, una suma que no llega a cubrir la mitad de la inflación reconocida por el INDEC. Los sindicalistas sostienen que no se trata de una discusión dineraria, sino de garantizar el carácter alimentario del salario y de proteger así el poder adquisitivo de sus representados.
Tampoco se ha llegado a ningún acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a cargo de Abel Furlán, y los representantes de la Cámara del Acero, capitaneada por el grupo Techint. En un comunicado, el gremio sostuvo al respecto: «Ratificamos la clara y absoluta mala fe del sector empresario que no solo dilata inconducentemente las negociaciones con el evidente propósito de eludir el ámbito paritario para discutir salarios y condiciones de trabajo, sino que se desdice permanentemente de las propias manifestaciones formuladas desde el inicio de la paritaria 2024/2025», y añadió que los empresarios aducen «dificultades» en el sector que no resisten el menor análisis si se cotejan sus estados contables publicados correspondientes a los años 2023 y 2024.
Necesidad y bronca
Una situación similar se verifica en el caso de los aceiteros. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIOD y ARA), Daniel Yofra, señaló que se encuentran en una negociación que debió haberse resuelto en diciembre. En declaraciones a El Destape Radio, advirtió a las cámaras del sector y al Gobierno que son inminentes medidas de fuerza nacionales como consecuencia de incumplimientos salariales y despidos. Denunció, además que el propietario de una empresa santafesina productora de biodiésel decidió no pagar el bono acordado, lo que dio motivo a un paro que fue respondido con despidos, frente a lo cual el gobierno provincial envió a la Gendarmería y a la policía en un claro mensaje de disciplinamiento. Yofra agregó: «Vamos a parar todas las plantas», al tiempo que cuestionó severamente a la CGT que «durante los últimos 20 años, por omisión o sumisión, mantiene pobres a los trabajadores». Y remató: «La gente tiene necesidad y bronca. No podemos seguir esperando más con un Gobierno insensible como este».
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) se enfrenta con la solicitud de la multinacional Bridgestone ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se extienda el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que le permitió a la empresa despedir ilegalmente a 290 trabajadores el año pasado. Tal extensión no existe en la legislación argentina y de esta manera se pretende rebajar salarios y romper el convenio colectivo. A la vez, los gremios pertenecientes a la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) se encuentran movilizados en distintos puntos del país en rechazo a la apertura del cabotaje nacional para empresas extranjeras impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Además, los empleados públicos representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), devastados por la no renovación de contratos y los despidos indiscriminados, recibieron la miserable oferta del 1% mensual y, en el caso de ATE, están encarando las medidas que impidan esta imposición.
ATE. Los estatales confrontan desde el año pasado por los despidos en organismos públicos.
Foto: NA
Coherente con su política de devaluar el salario, el Gobierno también pretende demostrar que la mayoría de los sindicatos se resignaron a sus imposiciones y, para ello, apela a información sesgada o falsa. Es el caso del acuerdo al que arribó el sindicato de Camioneros con los empresarios, que está siendo propagandizado como un modelo de acatamiento a las pautas oficiales, ya que dispone un incremento salarial del 3% a partir del 1 de diciembre de 2024, del 2,5% a partir del 1 de enero de 2025 y del 2,5% desde el 1 de febrero de 2025. Se omite consignar que se dispuso una asignación extraordinaria no remunerativa que será abonada en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $150.000 cada una, circunstancia que cambia sustancialmente la ecuación.
Pero el colmo de esta regresión laboral y social es la disputa entre las empresas de la industria pesquera y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por el reclamo patronal de una reducción salarial del 30% en el convenio colectivo de trabajo de octubre de 2024. Para fundamentar el insólito pedido, la pesquera Luz S.R.L planteó que la rebaja es necesaria para mantener competitiva la actividad pesquera en el golfo San Jorge.
