3 de mayo de 2025
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó el procesamiento de seis miembros de la Armada involucrados en un “adiestramiento antidisturbios” en el que Brisa Páez, una marinera voluntaria, terminó con convulsiones, por lo que estuvo en coma inducido durante once días y con riesgo de vida. Uno de los marinos, el cabo segundo Juan Gabriel Escobar, quedó detenido con prisión preventiva, por ser quien le tiró a la chica una patada voladora que la hizo caer de espaldas, lo que habría causado las lesiones más severas, informó Página12.
“Los hechos aquí investigados reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”, advirtió la magistrada al dictar el procesamiento.
Según las constancias de la causa, los golpes y empujones brutales que recibieron tanto Páez como sus compañeros, se intentaron ocultar ya que estos últimos, al declarar como testigos, dijeron que sus superiores les indicaron que si alguien les preguntaba cómo o dónde se habían lastimado “dijeran que había sido en sus casas”.
Escobar fue procesado como autor material por lesiones graves triplemente agravadas porque con Brisa había tenido una reciente relación de pareja. Hubo alevosía (ya que ella se encontraba en situación de indefensión) y violencia de género. Además, la jueza le atribuyó los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por estos últimos delitos también fueron procesados, sin prisión preventiva, el suboficial Miguel Ángel Reyes, que es encargado de Sección de Contrainteligencia y está a cargo de la División Seguridad y los marineros primero Rodrigo Tejerina y Pablo Bucaron y el cabo segundo Leandro Patricio López. Al cabo primero Leandro Morales le sumó lesiones culposas. A este grupo de cinco, la jueza les impuso algunos requisitos, como concurrir al tribunal cada 15 días, y restricciones, como la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 48 horas sin avisar al tribunal, les retuvo los pasaportes y por ende les prohibió salir del país. Además, no pueden tener ningún tipo de contacto con la víctima, ni por sí ni por terceros.
