La reforma castrense impulsada por el gobierno cosechó un amplio rechazo de partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos. Acechanzas para la democracia a partir del fortalecimiento del aparato represivo. Opinan reconocidos especialistas.
8 de agosto de 2018
(Kala Moreno Parra)
Agolpe de decreto, y contra las advertencias de amplios sectores de la oposición, los organismos de derechos humanos y los expertos en defensa, el gobierno avanzó sobre un sólido consenso social y político que se mantiene vigente desde la recuperación del sistema institucional: que los militares no puedan actuar en seguridad interior. El presidente, Mauricio Macri, puso en cuestión ese acuerdo al que había arribado el conjunto de la sociedad al cabo de la última dictadura cívico-militar y habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el combate contra el narcotráfico, bajo la figura de «apoyo logístico» en zonas de frontera. También les otorgó tareas de ciberdefensa y vigilancia sobre «objetivos estratégicos». En paralelo, en lo que es la clave del cambio de paradigma, determinó que la salvaguarda de la soberanía por parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ya no se limite a repeler ataques de otro Estado, sino que dicho objetivo se amplió hasta incluir a todo tipo de agresor externo, con el terrorismo internacional como argumento.
El instrumento utilizado para este avance del esquema represivo fue el decreto 683, que reformó quirúrgicamente el 727 que en 2006 emitió el entonces presidente Néstor Kirchner para reglamentar la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional. Una de sus principales características es la vaguedad en la descripción del alcance de las nuevas funciones asignadas al aparato castrense y la discrecionalidad en favor del gobierno a la hora de caracterizar a las eventuales «amenazas» por enfrentar.
Esta redefinición de criterios para la actuación militar aparece en un escenario marcado por la conflictividad social y el creciente uso de la vía represiva por parte del Estado. «Es importante que las FF.AA. puedan colaborar con la seguridad interior», declaró Macri el 23 de julio desde Campo de Mayo. El anuncio estuvo acompañado por planteos sobre la necesidad de «modernizar» a una institución que acumula décadas de desinversión, con materiales acotados y caídos en la obsolescencia, y que se inscriben en un debate más amplio acerca del papel que la ciudadanía quiere para los militares. Pero si bien el diagnóstico es compartido por muchos (ver Ajuste y…), la alternativa tomada por Cambiemos –que ya fue cuestionada en su legalidad y que la oposición busca derogar– está en las antípodas de lo que recomiendan los expertos consultados por Acción y de los antecedentes en la región, donde la militarización de la seguridad interior incrementó las violaciones a los derechos humanos, desprofesionalizó a las fuerzas intervinientes y las corrompió, además de no lograr reducir los índices de criminalidad; por el contrario, las muertes se multiplicaron.
A esto se suma que el gobierno no aportó mayores razones para sostener una transformación tan radical: ni el narcotráfico es en la Argentina una problemática crítica como en otros lugares del continente, ya que no excede la capacidad de la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura; ni hay datos que indiquen que el país está en la mira del terrorismo internacional. En cambio, la propuesta oficial sí va en línea con el paradigma geopolítico de Estados Unidos, donde una parte de la integración al mundo para países como la Argentina supone sumarse a la lucha contra lo que Washington llama «las nuevas amenazas del siglo XXI», una fórmula que no por casualidad está muy presente en el discurso del presidente y los integrantes de su Gabinete.
La primera respuesta a esta iniciativa se vio en las calles el 26 de julio, con una masiva movilización convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e Hijos, junto con un amplio arco de organizaciones políticas y de derechos humanos, bajo el lema «Fuerzas Armadas represivas, ¡Nunca Más!».
A sola firma
Rubricado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el decreto 683 reemplazó el artículo primero del 727/06, donde se establecía que el aparato militar solo podía entrar en acción frente al ataque de otro Estado. En su nueva letra, se limita a señalar que las FF.AA. «serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo», sin ninguna restricción. El argumento es que estos hechos ya «no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas», y que «no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional».
El artículo 3 del decreto de Kirchner, que aclaraba que el sistema de defensa «no podrá contemplar supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior», delimitados por la Ley Nº 24.059, fue reemplazado por otro texto que dispone como criterio integral sobre las FF.AA. –organización, equipamiento, estrategia, doctrina y adiestramiento– para las nuevas funciones fronteras adentro, «la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad».
También se agrega el artículo 24 bis, que habilita a los militares «la custodia de los objetivos estratégicos», algo que era exclusivo de Gendarmería y Prefectura. Por último, se dejó sin efecto otro decreto de Kirchner de 2006: el 1.691, que sentaba los criterios para la organización y funcionamiento de la institución castrense. Fue reemplazado por una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (ver Bases…).
Campo de mayo. El presidente Macri anunció los cambios en el rol de las FF.AA.: «Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior». (Presidencia)
Los bloques de diputados del FPV-PJ y del Peronismo para la Victoria presentaron un proyecto para derogar lo dispuesto por Macri. «Es un atajo del gobierno, absolutamente inconstitucional. Nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley», resumieron. El Frente de Izquierda también pidió anularlo: «Es la excusa del imperialismo yanqui para justificar el emplazamiento de bases militares en América Latina», denunciaron.
Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) planteó que la norma «viola la legislación vigente y los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la separación entre seguridad interior y defensa nacional», fruto de «la laxitud de interpretación de lo que el gobierno entenderá por “objetivos estratégicos”», y porque al validar la custodia militar «con independencia de conflicto armado», se vulnera la Ley de Defensa.
Recalculando sus propias palabras, la reacción de Macri fue sostener que «las FF.AA. pueden colaborar sin participar en temas de seguridad interior». Y en relación al antecedente de la dictadura, declaró que «no se puede plantear todo a partir de un episodio trágico, triste e inaceptable que pasó hace 40 años».
Puertas abiertas
Doctor en Política Latinoamericana y docente en la Universidad Torcuato Di Tella, entre 2014 y 2015 Jorge Battaglino dirigió la Escuela de Defensa Nacional. A su juicio, lo dispuesto por Cambiemos «es muy peligroso, porque abre la puerta a que las FF.AA. intervengan en muchos escenarios distintos, y si bien el gobierno dice que no están pensando en eso, de hecho, por como está redactado el decreto, deja planteada esa posibilidad». En concreto, se refirió a que «le da un nivel de discrecionalidad muy grande al Ejecutivo para vincular cualquier situación interna con una dimensión internacional y, así, justificar la intervención de las Fuerzas Armadas».
Para Sabina Frederic, profesora en la Universidad Nacional de Quilmes, doctora en Antropología Social y exsubsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa (2009-2011), «quedó una redacción que es de temer», en especial en el artículo primero. «Al sacar la aclaración de que el agresor externo debe ser un Estado, deja abierta la puerta a nuevas amenazas y, yo diría, a viejas amenazas también», alertó. «Pensemos en la doctrina de seguridad nacional –recordó Frederic– que define a los movimientos de izquierda como asociados al comunismo soviético». Consideró que «los gobiernos poseen una gran capacidad para convertir disidencias políticas en enemistades políticas, en una amenaza ya no interna, sino externa, a través de los instrumentos que el Estado tiene para inventar o dramatizar información que ninguno de nosotros puede chequear». Al igual que Battaglino, puso como ejemplo la cuestión mapuche: «El riesgo es que se comiencen a producir asociaciones tales como que tienen financiamiento externo y, por lo tanto, son fogoneados por grupos terroristas internacionales».
Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), opinó que, si bien el gobierno «dice que respeta el principio de división entre defensa y seguridad, al avanzar con la regulación, lo hace de forma contradictoria y, en vez de reforzarlo, lo debilita». Litvachky también señaló «un alineamiento muy explícito al paradigma de las nuevas amenazas, en una especie de “vuelta al mundo” donde la Argentina se reinserta en la estrategia global de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico».
Bruzzone. «Este modelo social y económico no cierra sin represión.»
Litvachky. Alineamiento explícito con el paradigma de las nuevas amenazas.
Battaglino. Advierte sobre un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Frederic. «La guerra contra el narcotráfico es una política estadounidense.»
Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), opinó que, si bien el gobierno «dice que respeta el principio de división entre defensa y seguridad, al avanzar con la regulación, lo hace de forma contradictoria y, en vez de reforzarlo, lo debilita». Litvachky también señaló «un alineamiento muy explícito al paradigma de las nuevas amenazas, en una especie de “vuelta al mundo” donde la Argentina se reinserta en la estrategia global de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico».
Desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina, Elsa Bruzzone afirmó que esta medida gubernamental responde a dos planos. Por un lado, «hay un factor externo, que es el pedido del Comando Sur de Estados Unidos, a través de su jefe, el almirante Kurt Tidd, que viene insistiendo en que los gobiernos que tengan una línea divisoria entre defensa y seguridad, la rompan y que las FF.AA. puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, dos hipótesis de conflicto de Washington». Por otro lado, Bruzzone habló de «una necesidad interna, porque Macri ve que este modelo social y económico no cierra sin represión e intenta implicar a las FF.AA. en la represión de la población en un regreso a la doctrina de seguridad nacional».
Para Litvachky, «darles más funciones a las FF.AA. no significa que mañana vayan a querer poner los tanques en las calles o a intervenir en protestas. En realidad, lo que están planteando es la necesidad de sobredimensionar el aparato de seguridad, en un contexto político y social que se complica cada vez más». Por lo pronto, la Casa Rosada ya anunció un primer envío de 500 militares a la frontera norte, hasta llegar a 5.000 en un año y luego trepar a 10.000, liberando gendarmes para derivar a centros urbanos.
Zona de riesgo
La naturaleza del «apoyo logístico» que tiene en mente Cambiemos es otro punto difuso. «Hay una contradicción legal», aseguró Battaglino. «La Ley de Seguridad Interior establece que es una posibilidad, pero debe ser excepcional y no alterar la organización, el despliegue, el equipamiento y la doctrina de las FF.AA.», explicó. Ocurre cuando camiones del Ejército trasladan gendarmes, o batallones logísticos les proveen comida y agua, y en el caso de radares que detectan vuelos sospechosos y dan aviso. «Pero el gobierno dice que van a patrullar y que creará una unidad especial, habla de despliegue permanente y de compra de equipamiento. Eso no es apoyo logístico y viola la ley», evaluó.
Frederic aseguró que «las FFAA no quieren involucrarse en el patrullamiento y en la lucha contra el crimen, porque no tienen competencia ni la quieren tener». Sostuvo que, «extraoficialmente, los altos mandos del Ejército están proponiendo solo tener una presencia disuasiva en la frontera, que para ellos sería cumplir con el adiestramiento, pero en ningún caso subordinarse a la represión del crimen, que corresponde a Gendarmería y Policía Federal».
«La intención del gobierno profundizará la crisis de las FF.AA.», afirmó Battaglino. «Cuando transformás a tus militares en policías –completó–, pasás indefectiblemente a tener problemas con excesos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos».
Los expertos insisten en el riesgo de darles a las FF.AA. tareas para las que no fueron concebidas. Frederic afirmó que «su participación en la “guerra” contra el narcotráfico es una política estadounidense que ya demostró su fracaso, que genera muchísima más violencia y corrupción». Además, indicó que «no es solo el daño que le hacen al ciudadano, sino el propio deterioro institucional».
Litvachky sumó otro aspecto. «En algunos discursos –señaló–, esta necesidad de darles un nuevo rol a las FF.AA. va acompañada de una reivindicación, en el sentido de decir que han estado injustamente castigadas». Aclaró que «eso no significa que todas las FF.AA. estén de acuerdo», pero «implica poner en discusión el proceso de Memoria, Verdad y Justicia». El mismo Macri declaró que su misión es «saldar la deuda» con los militares de la democracia. Para Litvachky, «pareciera que, como hay que reivindicarlos, hay que darles nuevas funciones para que vuelvan a ser actores fundamentales en el país, cuando la discusión todos estos años fue que no tengan ese peso político determinante».
Desfile. Ejército, Armada y Fuerza Aérea suman más de 106.000 efectivos. (Paula Acunzo)
Acerca del impacto hacia adentro de los cuarteles, Battaglino sostuvo que «están dejando atrás un pasado que les costó muchísimo remontar, que precisamente comienza con su intervención sistemática en cuestiones de seguridad interna y las violaciones masivas de derechos humanos». Por su parte, Litvachky sostuvo que «hay muchas dudas y diferencias en relación a intervenir en seguridad interior, porque reconocen que han tenido un costo enorme luego del terrorismo de Estado». Y añadió: «Saben que después terminan siendo ellos los responsables y no los políticos que les dieron las funciones». Frederic apuntó que, respecto a ser parte del combate contra el narcotráfico, «la inmensa mayoría está en contra», entre otras razones, «porque entrás en una agenda completamente ajena». Distinto es el escenario sobre el terrorismo internacional. «Hay militares que lo piensan como asociado a un Estado y creen que es un rol que les corresponde. Es un problema porque también es una agenda que no es la nuestra», advirtió la investigadora, y recordó lo ocurrido en la Guerra del Golfo: «Tomamos parte en un conflicto que no tenía nada que ver con nosotros, sin ningún beneficio ni interés específico».
