27 de abril de 2026
Reclamo nacional. Clase pública de docentes universitarios en Plaza de Mayo.
Foto: NA
Los últimos días están claramente marcados por la reacción de una buena parte del establishment económico, político y mediático, ante el vertiginoso deterioro de la calidad de vida de una gran mayoría de la sociedad, muy dañada por la aplicación del modelo mileísta.
No hay duda acerca de que la caída en el nivel de vida de los sectores humildes, los núcleos asalariados y las clases medias está dado por las políticas que se aplican desde la Casa Rosada.
Consecuentemente, se va generando un claro distanciamiento de los sectores que cifraron esperanzas en el discurso anticasta del presidente Javier Milei, lo cual se refleja en una pérdida de consenso y el crecimiento de la protesta social.
A este cuadro se agregan diversas manchas por supuestos casos de corrupción que involucran a funcionarios muy cercanos al presidente, generando una imagen negativa que afecta su afán reeleccionista.
A granel
Ante este cuadro se vuelve a utilizar un envío a granel de proyectos de ley que, si avanzaran, reemplazarían normas progresistas elaboradas durante mucho tiempo, por otras que marcan retrocesos en materia de derechos sociales y culturales.
Así, se impulsa la inviolabilidad de la propiedad privada, que habilita desalojos inmediatos, nuevas reglas de expropiación, se levantan las restricciones a los extranjeros para la compra de tierras y promueven la modificación de la ley de manejo del fuego, a pesar de los incendios generalizados que se repiten cada vez con más frecuencia.
En otro orden se presenta una reforma electoral para modificar la institucionalidad política, alterando la forma de financiamiento de los partidos políticos, se especula con eliminar las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), imaginando que esto dañaría la posibilidad de construir unidad en espacios opositores, recrean la ley de ficha limpia, e incluso intentan recuperar un tratado de patentes con EE.UU. que beneficia a las compañías de ese origen.
En el plano social reiteran un proyecto para desfinanciar los programas de discapacidad y el sistema universitario, a pesar del fuerte reclamo de ambas comunidades, junto a un proyecto de salud mental en clave oscurantista.
Triunfo cooperativista
En el mismo sentido desempolvan la idea de la «Ley hojarasca». En nuestra opinión se trata de un nombre de ficción que se vale de normas anacrónicas, algunas de ellas generadas en la presidencia de Bartolomé Mitre, que lógicamente hoy son vetustas, para incluir en ese proyecto otras normas que restringirían realidades sociales de gran trascendencia. Entre ellas, se produjo el intento de derogación de la Ley 11.380, de 1926, nacida de la voluntad política de la época en el sentido de fomentar el despliegue del movimiento cooperativo en el país, generando exenciones tributarias para fortalecerlo.
Cooperativismo. Reunión de Comisión por el proyecto «Hojarasca». Freno a la derogación de la Ley 11.380.
Foto: @DiputadosAR
Ciertamente, la reacción unánime del sector en sus más diversas ramas generó que la iniciativa deba ser alterada y el artículo en cuestión, eliminado.
Se trata de un importante triunfo del sector cooperativo que logró fundamentar ante los legisladores y las legisladoras su enorme inserción en la vida económica, social y cultural de nuestro país.
En suma, tras las brumas de esta catarata de proyectos, el factor esclarecedor es definir quienes serían los ganadores y quienes los perdedores. Una vez más, el núcleo triunfante son las grandes corporaciones, que logran que se vaya acentuando una regresiva distribución del ingreso, lo cual potencia sus ganancias, a la vez que avanzan sobre el sector más estratégico del momento actual, los recursos naturales.
Los perdedores también son los de siempre, las grandes mayorías, los más humildes, los sectores productivos y las clases medias.
El desafío de la oposición, de cara a 2027, vuelve a ser transformar el descontento y la indignación en una visible y esperanzadora acción política.
