21 de febrero de 2026
En las últimas horas, abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría abrir una serie de planteos judiciales, en particular por aquellos puntos que colisionan con garantías constitucionales, lo cual marcaría un retroceso en derechos históricamente conquistados por los trabajadores.
En diálogo con C5N, el abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que “los planteos se darán en cada caso particular” y que “no hay margen para una acción colectiva”. En ese sentido, sostuvo que la reforma “va a generar mayor litigiosidad en el plano del derecho individual del trabajo”, ya que los eventuales fallos solo alcanzarían a la persona que impulse la demanda y no tendrían efectos generales.
Entre los puntos más cuestionados, Armesto mencionó el alcance de la jornada laboral debido a que “no queda claro si el tope máximo será de 8 o de 12 horas”. También puso el foco en el cálculo de las indemnizaciones, puesto que el proyecto propone excluir componentes clave para su determinación, así como el artículo que habilita al empleador a modificar las formas y modalidades de la prestación laboral.
En la misma línea se pronunció su colega Andrés Gil Domínguez, quien aseguró que “van a haber planteos individuales de casos concretos en todo el país”. El abogado consideró que esta ley “va a ser sancionada sin importar lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales y lo que dice la Corte Suprema de Justicia”.
“Lo que hace este Gobierno es crear su propia normativa, hace como que no existiera nada, lo que es propio de los gobiernos autócratas, acompañado por la debacle republicana de los partidos de centro y centro derecha”, subrayó. En este sentido, aseveró que el proyecto significa una “regresión normativa”, al considerar que “el 95% de los artículos son regresivos por distintos motivos”. Según detalló, la iniciativa deja en una situación de menor protección aspectos centrales como la jornada laboral, las vacaciones, la facultad del empleador para modificar funciones y el cálculo de las indemnizaciones.
Por su parte, el letrado Félix Lonigro planteó, en términos generales, que “una ley siempre puede sufrir planteos de inconstitucionalidad porque los gobernantes políticos, Ejecutivo y Legislativo, no hacen controles preventivos de constitucionalidad a la hora de dictar una norma o sancionar una ley”, aunque aclaró que “deberían hacerlo, pero no tienen la preparación suficiente para eso en general”.
En el caso puntual de la reforma laboral, evaluó que “podría objetarse el capítulo tributario por cuanto toda ley que aborda temas impositivos debe comenzar en Diputados -como cámara de origen-, y este proyecto empezó en el Senado” por lo que “ese capítulo específico sería inconstitucional”.
