11 de marzo de 2026
Hay casi 20.000 inscriptos en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Obligado a abrir una convocatoria a la sociedad por miedo a una futura judicialización, el oficialismo se enfrenta ahora a la decisión de definir un mecanismo de selección que no habilite una guerra judicial. Martín Menem quiere apurar los tiempos y sesionar el 7 u 8 de abril, pero la oposición presiona para convocar más días de audiencias públicas. «Si Menem quiere que la audiencia se cumpla como marca la Constitución Nacional y no convertirla en un mero trámite administrativo, que se haga público el registro de participantes y se garantice la participación de todos. Que dure meses la audiencia pública si es necesario», advirtió la diputada peronista Sabrina Selva, que viene trabajando en equipo, con el lilito Maximiliano Ferraro, el socialista Esteban Paulón, la radical jujeña María Inés Zigarán y otros diputados, para voltear la reforma. Los diputados presentaron una nota al presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), y de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, exigiendoles ampliar el número de jornadas para la audiencia pública. El argumento es que, si se convoca sólo para el 25 y 26 de marzo, solo llegarán a participar unas 200 personas. «El Acuerdo de Escazú obliga a que esa participación sea abierta, informada y real, no meramente formal», advirtió Ferraro.
