6 de mayo de 2026

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la investigación por la represión contra un grupo de jubilados frente al Congreso ocurrida en octubre de 2025. El fallo no solo obliga a reabrir el expediente para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales y las autoridades políticas, sino que además apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían intentado clausurar la pesquisa, calificando su actuación como prematura y arbitraria. La decisión, adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, se originó a partir de una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú. El caso central que motorizó el reclamo fue el de Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que, durante una de las movilizaciones de los miércoles, sufrió una fractura de húmero tras ser violentamente empujado por efectivos de la Policía Federal mientras se encontraba sobre la vereda. En sus fundamentos, Slokar fue especialmente crítico con el «paradigma beligerante de combate» que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad.