14 de mayo de 2026

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/26, la cual establece que las decisiones sobre impuestos, gasto público y deuda no son meros números técnicos, sino que deben garantizar los derechos fundamentales de la población. La Resolución 2/26, titulada Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas, fue adoptada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). La CIDH sostiene que el presupuesto público es el «instrumento principal» para traducir las leyes en acciones estatales concretas. Según el documento, «ninguna política pública puede ser efectiva sin una asignación adecuada de recursos, y advierte que un gasto social insuficiente o mal distribuido vulnera la capacidad del Estado para reducir la desigualdad, y que recortar en lo social termina profundizando la brecha entre los que más y menos tienen. Los Estados deben orientar la asignación, ejecución y evaluación del gasto público a la garantía de los derechos humanos». La medida cobra especial relevancia para la Argentina, en medio de los recortes impulsados por el gobierno y tras la masiva Marcha Federal Universitaria que volvió a reclamar fondos para sostener el sistema educativo público.