5 de junio de 2026

Daniel Vilá

Pese a los pronósticos exitistas de la derecha, resurgió la fuerza popular ligada al expresidente Castillo y podría haber una sorpresa el 6 de junio. La persistente crisis política y económica es el saldo de décadas de neoliberalismo.

Después de la primera vuelta electoral del 12 de abril, la derecha peruana descontaba una clara victoria en la segunda ronda que se celebrará el próximo 7 de junio. Sus cálculos, reforzados por la Inteligencia Artificial y los datos aportados por las encuestadoras, les aseguraban que sus candidatos Rodolfo López Arriaga y Keiko Fujimori, cuñas del mismo palo, disputarían el Gobierno entre los 35 candidatos que pretendían hacerse del poder político para eternizar la estable macroeconomía zombi que funciona automáticamente desde hace años y garantiza un crecimiento que ronda el 3 por ciento del Producto Bruto Interno, pero nunca alcanza a los trabajadores informales, los campesinos, los pueblos originarios. 

Pero sucedió lo impensado, las clases populares volvieron a decir presente cuando ellos menos lo esperaban y el casi desconocido Roberto Sánchez, surgido de entre una maraña de oscuros personajes, se metió en la pelea esgrimiendo el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo –que sigue teniendo un peso importante entre el campesinado– para recorrer, en una dura campaña, a la que denominó «la ruta castillista», una parte considerable del país profundo. Los algoritmos, las argucias de las redes sociales y las maniobras de los medios masivos de comunicación fueron contrarrestadas por la memoria colectiva, el boca a boca, la experiencia de los etnocidios, es decir la destrucción sistemática del modo de vida, la cultura, la lengua, las tradiciones y la identidad de la población indígena.

Reivindicaciones en lucha
Es que hay una historia de discriminación, racismo, esterilización de mujeres, asesinatos masivos, que dejaron profundas cicatrices que el campo popular no se ha permitido olvidar. Se urdieron incontables intentos de contener ese movimiento –estructurado como fue posible, con más voluntad que medios– esgrimiendo la consabida acusación de comunista contra Sánchez. Un absurdo que no resiste el menor análisis. Juntos por el Perú, al igual que sucedía con el castillismo, carece de una ideología clara. Solo promueve un programa elemental de reivindicaciones históricas, democráticas y progresistas, pero excesivas para lo que los dueños de Perú están dispuestos a tolerar. De allí la amenaza de un golpe de Estado con el que pretenden aventar el peligro.

Razones no faltan para que estén asustados. Un estudio de la consultora Bumeran indica que el 72% de los trabajadores asegura que su salario le dura menos de dos semanas, el 83% considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, el 84% afirma que no le es posible ahorrar y la informalidad laboral supera el 70%.

Cabe destacar, además, que los pueblos originarios tienen una ancestral experiencia en materia de autoorganización y son numéricamente importantes dentro de la estructura social peruana. Los wampis o huampisa, por ejemplo, que habitan en la Amazonia en las cuencas altas de los ríos Morona y Santiago, se asumen como nación aunque no son reconocidos así por el poder central. Tienen organizaciones de autogobierno y su idioma propio pero también hablan castellano. Consecuentes con sus reclamos territoriales ancestrales y su reivindicación nacional constituyeron en 2015 el Gobierno Autónomo Territorial que se autodefine como representante legítimo de su pueblo. Si algo ha quedado claro, es que a pesar de las especulaciones de los analistas mediáticos, el movimiento popular, aunque disperso, posee capacidad de movilización e identifica claramente a sus adversarios.

¿Un capítulo más?
Por su parte, la derecha y la ultraderecha, totalmente atomizadas y respaldadas por un Congreso gangsteril se apoyan en el temor de un amplio sector de la población ante el incremento de la delincuencia y, como en otros países latinoamericanos, proponen mano dura y militarización, con lo cual logran una considerable adhesión en la clase media urbana integrada mayoritariamente por la burocracia estatal que, se estima, abarca a la mitad de la población activa del país, y por importantes segmentos de la administración de las empresas privadas y los profesionales a los que se suman los que se sienten parte de este conglomerado, aunque sus ingresos sean sustancialmente inferiores, y que se muestran como firmes partidarios del neoliberalismo.

Este proceso político cariocinético, donde ya no existen formaciones con raigambre histórica ni influencia destacable, explica que desde 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia a la presidencia, hayan desfilado ocho mandatarios por la Casa de Pizarro, sucesivamente destituidos por un Poder Legislativo que exhibe un poder desmesurado.

El único consenso verificable es que el conjunto de la sociedad peruana cree que esta segunda ronda será un capítulo más de la decadencia política y no logrará consolidar un Gobierno sólido y estable. La crisis de legitimidad es evidente, el autoritarismo parlamentario es innegable, tanto como la corrupción, y la mayoría de las organizaciones políticas carecen de lineamientos programáticos claros, estructuras democráticas y representatividad. La información que circula está distorsionada y plagada de noticias falsas y las campañas, financiadas por la élite financiera y económica, se basan en el desprestigio del adversario.

El sociólogo e historiador Sinesio López, reconocido analista que cuestiona la reducción de la democracia a un régimen electoral, señala que esta es incompleta y formal. «En esencia –puntualiza– hay una política sin políticos y una democracia sin demócratas», que posterga permanentemente los derechos sociales, situación agravada por la descomposición de los partidos tradicionales que favorece el surgimiento de outsiders y la abundancia de agrupaciones efímeras y volátiles. En su opinión, el neoliberalismo imperante ha generado la apropiación del Estado por élites oligárquicas que lo utliizan en su beneficio.

En este contexto, la compulsa, de compleja resolución, se desarrollará entre los desposeídos del campo y la ciudad y la clase media urbana y rural, apalancada por la élite de grandes propietarios, que componen en conjunto más del 40% de la población, a los que podrían agregarse miles de trabajadores pertenecientes a la administración pública que temen perder sus empleos.

La incertidumbre sigue siendo el sentimiento predominante, la desconfianza en las instituciones y aun en la limpieza del proceso electoral promueve el escepticismo, pero la historia no es lineal y suele proporcionar sorpresas. No está todo dicho.