31 de mayo de 2026
La intervención de la UOM y las nuevas exigencias del FMI aparecen como partes de un mismo movimiento: debilitar la resistencia sindical y profundizar el el recorte de derechos. Dos caras del modelo que se evidenciaron en la última semana.
26 de mayo. Abrazo de militantes y dirigentes de diversas organizaciones al sindicato intervenido.
Foto: Matías Baglieto
«Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM». Con estas palabras, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, explicó de qué modo caracteriza la intervención judicial que anuló las elecciones que lo habían proclamado reelecto como titular de la seccional Campana y dictaminó la intervención del sindicato a nivel nacional. Una medida como esta representa un antecedente peligroso desde el retorno de la democracia y sobre todo está teñida de suspicacias ya que fue dictada por la misma Cámara del Trabajo que semanas antes había avalado la controvertida reforma laboral del Gobierno con el simple y no menos inédito subterfugio de otorgar un efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional contra el recurso de amparo en primera instancia del juez Raúl Ojeda a 82 artículos de la ley 27.802. La aprensión se centra en el camarista de la Sala VIII de ese fuero, Víctor Pesino, que había pedido una prórroga para mantenerse en el cargo luego de cumplir los 75 años y milagrosamente, apenas puesto el «gancho» en apoyo de la famosa ley, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le activó el inicio del trámite formal para concederle la prórroga.
Furlán, uno de los integrantes más notorios del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a los sectores sindicales combativos y agrupaciones de la izquierda que se oponen al proyecto anarcocapitalista que pretende imponer el presidente Javier Milei, acusó de la componenda en su contra al grupo Techint. El gremialista había ganado en marzo la elección en su sindicato con el 85% de los votos, pero fue impugnado por una lista contraria, la Naranja. Puede ser que el mandamás de Techint tenga enfrentamientos con Milei, pero en Campana, donde está la base –Dálmine Siderca– desde la que el conglomerado se expandió al mundo a partir de su fundación, en 1946 (un dato que no gustan compartir ahora en su historial en la web), sigue teniendo la sartén por el mango, lo mismo que en el Poder Judicial. Y es evidente que Furlán representa a un sector que influye en el rechazo a las políticas de flexibilización salvaje que, en última instancia, benefician a Rocca. O sea, fabrica acero, pero no come vidrio.
Unidad y rebeldía
«Los sindicatos son de los trabajadores y no de jueces corruptos y empresarios inescrupulosos», lanzó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en un abrazo simbólico que se realizó el martes en la sede de la UOM Nacional, a metros de la Plaza de Mayo. Del acto participaron también dirigentes de la Federación Gráfica Bonaerense, Sipreba, Suteba y los ministros provinciales Walter Correa (Trabajo), Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y Cristina Álvarez Rodríguez (asesora del Gobierno) junto con un puñado de legisladores nacionales por Fuerza Patria.
Furlán fue uno de los protagonistas del Plenario Nacional de Delegadas y Delegados del FreSu del 1 de mayo en el que se aprobó un documento que se reconoce como heredero del Programas de Huerta Grande, el de la CGT de los Argentinos de 1968, «que unió lucha gremial, liberación nacional y denuncia del poder concentrado», los «26 puntos de la CGT para la Unión Nacional» (1986), el Grito de Burzaco en 1991, y las luchas «del pueblo argentino que culminaron con la gran movilización del 19 y 20 de diciembre de 2001». El nombre de este programa es de por si un desafío para los tiempos que corren: «Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la patria».
La mano del Fondo
En todo este enrarecido clima sindical, se fueron desmenuzando los pormenores del último informe del FMI sobre la economía argentina. Un crudo detalle de todo lo que el organismo crediticio reclama al Gobierno al que, a pesar de las críticas que le hace, le sigue entregando apoyo para que no se derrumbe. En este caso, la institución que comanda Kristalina Georgieva no oculta el programa de siempre, obviamente en la vereda de enfrente del que propone el FreSU.
Acotación no tan marginal: Argentina ingresó al FMI en 1956, luego del golpe militar contra el Gobierno constitucional de Juan Perón, y el primer acuerdo con la entidad fue en abril de 1957, con los primeros 57 millones de dólares. En ese mismo mes, durante la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, se eliminó de facto la Constitución de 1949 y se reformó el artículo 14 (el famoso 14 bis) de la de 1853, para incluir algunos derechos laborales que quedaban derogados al desechar, sin la consulta popular pertinente, la Carta Magna hasta entonces vigente. El 30 de noviembre de 1957, la CGT aprobó el Programa de La Falda, que buscaba mantener la vigencia de ese paradigma de la Constitución depuesta: «Constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana».
Entre las «novedosas» exigencias del FMI figura la ampliación del Impuesto a las Ganancias. Una manera sería la baja del mínimo no imponible para que más trabajadores queden alcanzados por el tributo. La otra es menos explícita: mantener el piso de los aportes y que la inflación solita haga el resto. En todo caso, el Fondo pretende volver a los niveles del 2019, cuando alcanzaba al 20% de los asalariados en blanco. También la idea es recortar beneficios fiscales y exenciones, básicamente IVA y Monotributo. Junto con otros aprietes impositivos (tabaco, alcohol, gaseosas y combustibles) los genios del edificio del 700 de la Calle 19, N.W, de Washington calculan generar ingresos por el 3,3% del PBI.
No especifica ese informe qué porcentaje del Producto Bruto se deja de recaudar con la eliminación de impuestos a los autos de lujo y yates o las distintas variantes del RIGI. Gente de fe, sin embargo, afirman que esas reducciones a las retenciones, por ejemplo a la soja, podrían impulsar la producción en un 0,5% y la eliminación total, hasta un 10%. Todo en potencial.
De que los que más pueden más paguen, ni una palabra. El derrame también es una cuestión de fe. Así, en la misma semana que se anunciaron nuevos aumentos en las tarifas de colectivos, trenes, luz y gas a partir de este lunes, se busca quitar subsidios por zona fría y hasta beneficios a discapacitados en el transporte, se condonaron 1.800 millones de dólares de deuda de Edenor, Edesur y el Grupo DESA con Camnesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista. Así es como están las cosas.
Según la información disponible, los sectores más vulnerables aportan hasta el 37% de sus ingresos en impuestos mientras que los ricos tributan un 30%, lo mismo que las clases medias. Los milmillonarios, sin embargo, solo «ponen» el 25%, aunque con las recomendaciones del FMI todo tiende a empeorar. Entre otras razones, porque los de abajo no tienen la posibilidad de «dibujar» sus ingresos o mudarse a Uruguay.
