13 de julio de 2026

El plan económico del presidente Javier Milei, que combina el dogma thatcheriano con el apoyo político del trumpismo, va concitando fuertes apoyos en el establishment internacional y la burguesía local, en contraposición con las posturas críticas de diversos sectores sociales, culturales y políticos, entre ellos, la crítica severa de la Iglesia argentina hacia las consecuencias sociales que se están generando.

Uno de los respaldos manifiestos es el de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien decidió apoyar sin eufemismos el plan del presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, que comanda un equipo conformado por cuadros del JP Morgan.

Georgieva decidió visitar el país por primera vez los días 27 y 28 de este mes. En tal sentido, hay que tener en cuenta que Argentina es por lejos su deudor más importante, a partir del afán por tomar deuda del expresidente Mauricio Macri, quien suscribió un crédito de 57.000 millones de dólares –otorgado en violación a los propios estatutos del organismo–, afán que continuó vigente luego de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Como es tradición, junto al apoyo, el Fondo viene con nuevos reclamos. Ahora exige la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo cual explica la inesperada voluntad del presidente en tal sentido. El FMI reclama que se elimine de la parte dogmática de la carta orgánica el objetivo de «promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social». Dichas ideas no se compadecen con la ideología liberal. Asimismo, el organismo señala que solo se debe sostener para el BCRA el precepto de «promover la estabilidad monetaria y financiera».

Pero el directorio del FMI no se queda solo con esos planteos. También reclama que la oposición asuma que el concepto de superávit fiscal debe ser inmutable, intentando negar cualquier posibilidad de un programa reformista, popular y progresista.

Pérdida de soberanía
El Gobierno nacional, retomando la agenda largamente postergada por el episodio de Manuel Adorni, se propone impulsar en el Congreso Nacional los otros requerimientos del establishment, con epicentro en el proyecto de «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada», que posibilita la venta de nuestros territorios ricos en minerales, agua, petróleo y alimentos a los monopolios extranjeros. Otro eje de esta agenda es completar la sanción del Super-RIGI, que le da todo tipo de prerrogativas a las corporaciones extranjeras, cediendo ingresos básicos para el país, generando daño ecológico y pérdida de soberanía territorial.

Con ese propósito, el Gobierno y su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, se plantean volver a operar sobre los gobernadores «amigables» a los efectos de lograr el consenso necesario para sancionar esos proyectos estratégicos, y suman otro, ya de carácter político, relacionado con lo electoral: suspender o eliminar las PASO con el objetivo «milenario» de dividir para reinar. La idea detrás de esta iniciativa es que sin ese instrumento electoral se obstaculizaría la posibilidad de que los diversos afluentes de la oposición puedan unirse en una propuesta común.

Ciencia que resiste
Por su parte, diversos sectores de la sociedad están movilizados en la defensa de su subsistencia y sus proyectos culturales, sociales y profesionales. Un caso muy particular de estos días es el de los núcleos científicos y docentes que reclaman ante el desguace que ejecuta el mileísmo en organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros.

Como ejemplo de las consecuencias de estas políticas, se conoció en estos días el freno al proyecto Carem 25, un prototipo de reactor pequeño que podría abastecer de energía eléctrica a una ciudad entera. El proyecto, de concepción 100% nacional, con recursos y conocimiento generados en el país, estaba en un alto grado de avance en su ejecución al momento de que se iniciara el Gobierno de Milei y su puesta en marcha estaba prevista para 2028. Desde 2024 se lo fue ahogando presupuestariamente y despidiendo técnicos asignados a su construcción, a efectos de favorecer negocios privados en esta materia. La concepción ultraliberal del Gobierno libertario aspira a dejar al país sin soberanía científica y tecnológica. Si logran imponer su objetivo, Argentina pierde terreno en su autonomía nacional y renuncia a conseguir un desarrollo productivo acorde a las necesidades de su pueblo. 

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