24 de junio de 2026
Los últimos datos publicados por la ONG Oxfam dan cuenta de la profundización de la desigualdad global en los últimos años. «Por primera vez en la historia, el número total de milmillonarios en el mundo ha superado las 3.000 personas, y su riqueza combinada ha alcanzado un valor sin precedentes. Mientras tanto, una de cada cuatro personas pasa hambre», destaca la organización. Más aún, si consideramos que tan solo las 12 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que la mitad más pobre de la población: 4.000 millones de personas. Los datos son contundentes y no dejan lugar a dudas: la riqueza está, el problema es su distribución.
Una expresión que se reafirma con una frase extraída del texto de Oxfam: «La riqueza de los milmillonarios se incrementó en 2,5 billones de dólares en 2025, ese monto podría eliminar la pobreza extrema 26 veces». Si bien es muy difícil que esto se pueda llevar a la práctica, nos da una idea de lo que una mejor distribución de la riqueza implicaría.
Cabe destacar que esta situación no es ajena a nuestro país, sino todo lo contrario. No solo es el discurso del Gobierno libertario que, entre otras cuestiones, atenta explícitamente contra el rol redistributivo del Estado, sino también las políticas que pone en práctica y que generan mayor desigualdad social en nuestro país.
Tal es el caso de la llamada «economía a dos tiempos». Es decir, mientras que un puñado de sectores, principalmente extractivos (representados por grandes empresas extranjeras) y los vinculados al agro, muestran un desempeño muy positivo y son apoyados por el Estado, otros, especialmente los mano de obra intensiva como la industria o la construcción, se encuentran en niveles históricamente bajos de actividad. Como consecuencia de ello, cada vez son más las empresas, fundamentalmente pymes, que cierran sus persianas dejando una gran cantidad de trabajadores en la calle o, en el mejor de los casos, reducen sus ingresos por falta de actividad. Una situación que empeorará al tener en cuenta la desregulación laboral que está aplicando el Gobierno nacional, que implica una reducción de derechos laborales y permite la privatización de empresas estatales.
Otra arista de la distribución de la riqueza es la injerencia que ostentan los magnates en las políticas públicas. La empresa más importante de Argentina, que tiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Javier Milei, en un escenario de grandes recortes del gasto público se convirtió en la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por un valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años. Mientras, su ex-CEO se muestra en contra de los subsidios a otros sectores, como por ejemplo a la industria, y reclama imponer barreras a la competencia de otras plataformas.
Hay dos Argentinas, no caben dudas. Una de ellas es una porción minoritaria de la población, con privilegios económicos y políticos, y otra que integra la mayoría de la ciudadanía y que, en el mejor de los casos, posee un ingreso, pero no llega a fin de mes.
