14 de agosto de 2026

La Justicia ordenó al municipio de San Isidro suspender un protocolo ilegal que impedía a las mujeres poder acceder al aborto en los centros de salud municipales. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 hizo lugar a la mayoría de los puntos de la medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigiendonoslas que el municipio garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos amparados por la ley nacional y con resguardo de la intimidad de las personas que soliciten la práctica. Al fundamentar su decisión, la jueza María Paula Vénere señaló que la interrupción del embarazo es una prestación especialmente sensible al paso del tiempo y que las demoras burocráticas pueden terminar impidiendo, en los hechos, el ejercicio del derecho. En esta instancia preliminar, consideró suficientemente acreditado que el protocolo municipal incorporaba exigencias que no están previstas en la Ley 27.610.