3 de octubre de 2026
La ley aprobada por el Senado recorta el mapa de las zonas alcanzadas por el subsidio y deja a millones de usuarios sin el descuento. Para quienes permanecen, también cambia la forma de calcular el beneficio. Las ciudades perjudicadas.
38 a 8. El Senado aprobó la reducción del esquema de subsidios para las zonas con crudas temperaturas invernales.
Foto: Comunicación Senado
La reforma del Régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno de Milei quedó convertida en ley luego de que el Senado aprobara el proyecto con 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, en una sesión atravesada por la discusión sobre el costo de los servicios públicos, la distribución territorial de los subsidios y la negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada. La modificación devuelve el beneficio general a un universo geográfico más reducido, deja fuera a las regiones incorporadas por la ampliación de 2021 y cambia además la forma en que se calcula el descuento para los usuarios que continúan dentro del régimen.
El cambio no implica simplemente la eliminación del régimen para determinadas localidades, porque la ley modifica también la estructura del beneficio dentro de las zonas que permanecen alcanzadas. Hasta ahora, el esquema podía representar una bonificación de entre 30% y 50% sobre la factura de gas, mientras que con la nueva normativa el descuento se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, conocido como PIST, y no sobre el total de la boleta. De esta manera, los componentes vinculados con transporte y distribución quedan fuera de la bonificación, por lo que también habrá un incremento de las facturas en las provincias patagónicas y en las demás regiones que mantienen el régimen.
El Gobierno presentó la reforma como parte de la reestructuración de los subsidios energéticos y de la estrategia para reducir el gasto estatal, con el argumento de que el régimen ampliado había dejado de responder exclusivamente a condiciones climáticas y había incorporado localidades que no correspondían al criterio original de zona fría. La normativa oficial ya había cuestionado la extensión producida por la Ley 27.637, sancionada en 2021, y había señalado que el sistema alcanzaba a más de la mitad del país y que incluía localidades que, de acuerdo con la clasificación bioambiental utilizada por el propio Estado, eran consideradas cálidas.
La modificación, sin embargo, tiene una consecuencia concreta para el consumo residencial de gas: los usuarios que habían ingresado al régimen por la ampliación de 2021 dejan de contar con el descuento automático por ubicación geográfica y deberán recurrir, si cumplen las condiciones, al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. En la provincia de Buenos Aires, el nuevo mapa deja dentro del régimen a Carmen de Patagones, mientras que 94 municipios quedan fuera de la cobertura general, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, y la La Plata.
La ampliación de 2021 había llevado la cantidad de hogares alcanzados desde aproximadamente 950.000 a más de 4 millones, incorporando zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza, entre otras provincias. Con la reforma aprobada, más de 3,3 millones de usuarios dejan de tener el beneficio automático, mientras que la cobertura general queda concentrada en Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malargüe, Carmen de Patagones y determinados departamentos de la Puna jujeña.
Qué cambia en la factura
La reforma establece una diferencia central entre los hogares que pierden la cobertura territorial y aquellos que permanecen dentro del régimen. Para los primeros, la tarifa deja de tener la bonificación general asociada a la zona y solo podrán acceder a una asistencia si cumplen los requisitos del nuevo esquema focalizado. Para los segundos, la cobertura territorial continúa, pero el descuento deja de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasa a concentrarse en el componente correspondiente al precio del gas en el PIST.
El Subsidio Energético Focalizado constituye, en este punto, el mecanismo destinado a reemplazar parte de la protección que desaparece para los usuarios de las zonas excluidas. Según la información publicada sobre la reforma, podrán acceder quienes acrediten determinadas condiciones socioeconómicas, con un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, estimado en alrededor de 4,4 millones de pesos mensuales para una familia tipo al momento de la sanción. También se contemplan accesos directos para hogares que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas comprendidas por un Certificado Único de Discapacidad.
Mar del Plata. La ciudad balnearia bonaerense, con casi 700.000 habitantes, es una de las que quedan afuera del nuevo mapa de zonas frías.
Foto: NA
El diseño supone entonces un desplazamiento desde un subsidio determinado principalmente por el lugar de residencia hacia un sistema en el que adquiere mayor peso la condición socioeconómica del hogar, aunque el criterio climático continúa funcionando como condición de acceso para las regiones que conservaron la Zona Fría.
El Gobierno había planteado esta modificación como una forma de evitar que hogares con capacidad económica suficiente recibieran automáticamente una bonificación por vivir en una determinada localidad, mientras que sus críticos sostienen que el costo de la energía y las características climáticas no desaparecen por el nivel de ingresos del usuario y que el aumento puede trasladarse a hogares, comercios y pequeñas empresas.
Uno de los ejemplos utilizados para dimensionar el impacto corresponde a Bahía Blanca. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea estimó que un hogar de esa ciudad con un consumo mensual de 118 metros cúbicos «pasaría de una factura de 19.945 pesos a otra de 39.890 pesos si quedara fuera del subsidio focalizado, lo que representa un aumento del 100%». Para un usuario de las mismas características que sí acceda al esquema focalizado, el incremento proyectado sería del 22%. A su vez, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, había calculado que los usuarios de las zonas templadas que perdieran el beneficio enfrentarían un aumento aproximado de 15.000 pesos mensuales.
La aprobación en el Senado estuvo precedida por una negociación política que modificó el escenario original del debate, debido a que el oficialismo necesitaba sumar votos de legisladores vinculados con gobernadores de provincias que no formaban parte del régimen tradicional de Zona Fría. El Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, negoció con mandatarios del Norte Grande la posibilidad de crear un esquema destinado a las llamadas zonas cálidas, con subsidios para las tarifas eléctricas durante los meses de mayor demanda de verano. El acuerdo permitió que senadores vinculados con esos gobernadores acompañaran la reducción de la Zona Fría.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó el entendimiento como un reclamo histórico del NEA y el NOA, y sostuvo que se avanzaría hacia una resolución para que Nación reconociera las zonas cálidas y estableciera un subsidio destinado a las familias que necesitaran asistencia. El punto central de la discusión política fue que ese nuevo beneficio no formaba parte de la ley que se estaba votando en el Senado, sino que quedaba sujeto a una decisión posterior del Poder Ejecutivo. El peronismo utilizó esa diferencia para cuestionar que el intercambio entre quita y compensación no tuviera el mismo grado de formalización jurídica.
El resultado legislativo vinculó ambas discusiones: para algunos gobernadores, la eliminación de una parte del subsidio al gas abría la posibilidad de incorporar una compensación para otra región; para los opositores, esa negociación trasladaba el problema de la distribución de recursos desde una discusión sobre necesidades energéticas hacia una disputa entre provincias.
El rechazo también llegó desde intendentes de distintos espacios políticos. La Federación Argentina de Municipios, que reúne a más de 500 intendentes e intendentas, cuestionó la reforma y sostuvo que la eliminación del beneficio produciría un impacto directo sobre los hogares. En un comunicado firmado por Fernando Espinoza, Lorenzo Smith y Juan Manuel García, la entidad calificó la medida como un golpe directo al bolsillo de las familias y sostuvo que el cambio se produce en un contexto que describió como de «tarifas impagables».
