11 de junio de 2014
El entendimiento alcanzado con el grupo de países acreedores abre nuevas perspectivas de financiamiento, tanto para el Estado nacional y los provinciales como para empresas.
Negociación. Representantes del Club de París reunidos en la sede de la entidad con la misión argentina encabezada por Kicillof. (Prensa Mecon)
El acuerdo de pago alcanzado con los países acreedores del Club de París fue celebrado por el Gobierno nacional. Lo curioso fue que, en esta oportunidad, la mayoría de la dirigencia opositora también manifestó su beneplácito. Por su parte, más del 70% de los argentinos aprueba esta medida, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP).
El kirchnerismo ya había intentado solucionar ese frente de conflicto en varias oportunidades. En setiembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández anunció la cancelación de la deuda al contado utilizando reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A los pocos días, la caída del banco Lehman Brothers desató una grave crisis internacional y aquella intención quedó en la nada. El Gobierno reinició las negociaciones en años siguientes, pero los acuerdos fracasaron ante las condicionalidades exigidas por los acreedores (pago inicial de 2.000 millones de dólares, monitoreo del Fondo Monetario Internacional).
La satisfacción oficial por el resultado final de las tratativas encuentra su justificación en dos aspectos fundamentales. La primera es la exclusión del FMI como ente auditor del acuerdo. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, declaró que «esta es una de las pocas veces, así nos dijeron representantes del Club de París, que ellos negocian sin el FMI de por medio. La otra vez fue con Indonesia tras el tsunami en ese país (en 2004)». La confirmación de esa noticia constituyó un duro traspié para los que sentenciaban que el acuerdo era imposible sin la participación del organismo multilateral. La exclusión del FMI no es una victoria meramente simbólica, ya que tiene implicancias concretas en términos del grado de autonomía de la política interna.
El segundo aspecto es considerar el acuerdo como una condición necesaria para estabilizar el frente financiero. Las últimas medidas gubernamentales (cancelación de juicios perdidos en el Ciadi, acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, lanzamiento de un nuevo índice de precios) fueron eslabones de esa estrategia. Asimismo, el arreglo con el Club de París es una poderosa señal para la Corte Suprema estadounidense, que debe resolver la demanda interpuesta por los fondos buitre. Los representantes de los holdouts tomaron nota de esta novedad. Así, el presidente de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Shapiro, declaró que «los integrantes de ATFA están preparados y dispuestos a concluir un acuerdo justo y razonable. El momento es ahora». Lo cierto es que las tensiones en la balanza de pagos están obligando a ciertos ajustes en el frente financiero. En otras palabras, los dólares disponibles no alcanzan para –simultáneamente– financiar el desarrollo y continuar con el mismo ritmo de desendeudamiento. El desafío de la nueva etapa pasa por generar las condiciones para, por lo menos, refinanciar vencimientos a tasas razonables. La historia argentina obliga a un empleo precautorio de esa herramienta. La sabiduría popular lo resume muy bien cuando dice «el que se quema con leche ve una vaca y llora». En ese sentido, el ministro Kicillof afirmó, luego de la firma del acuerdo, que «salimos del paradigma de sobreendeudarse para la timba financiera. Nosotros, al financiamiento, lo queremos para el desarrollo, no para la timba».
Un poco de historia
El kirchnerismo resaltó que el acuerdo significa «hacerse cargo» de la deuda generada por otros gobiernos. El primer préstamo fue otorgado a la Argentina en 1956. El gobierno peronista había rechazado la posibilidad de integrar las dos entidades multilaterales de crédito creadas por los Acuerdos de Bretton Woods, el FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), luego reconvertido en el Banco Mundial (BM). La incorporación de la Argentina a esas instituciones vino de la mano de la autodenominada Revolución Libertadora. Esa nueva estrategia de inserción financiera internacional incluyó el endeudamiento con un grupo de naciones que luego conformarían el Club de París. Aproximadamente la mitad de la deuda renegociada corresponde a obligaciones contraídas durante la dictadura militar. El monto restante incumbe a los gobiernos de Raúl Alfonsín (9%) y Carlos Menem-Fernando De la Rúa (42%). Desde sectores de izquierda siempre se denunció la ilegitimidad de la deuda dictatorial. En esa línea, el senador del Frente Amplio Unen (FAUNEN) Fernando Solanas sostuvo que «con este convenio con el Club de París, el kirchnerismo está violando la Constitución y el Código Civil, que prohíben negociar acuerdos que surjan de actos ilícitos. La deuda con el Club de París está sujeta a una investigación que lleva adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, a cargo del doctor Sebastián Roberto Ramos». Lo curioso es que la amplísima mayoría de la dirigencia de FAUNEN respaldó el acuerdo. Sin perjuicio de eso, la discusión acerca de la ilegitimidad de la deuda fue una de las batallas perdidas por el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, por no encontrar el apoyo necesario. Luego de 30 años, la revisión de una deuda reconocida por todos los gobiernos democráticos parece poco realista. Además, la contraparte (los acreedores) no son fondos buitre, sino los Estados más importantes del mundo.
En efecto, Alemania y Japón concentran el 60% de las acreencias totales. El endeudamiento restante fue contraído con 15 de los 19 países que conforman el Club de París. El monto renegociado también incluye los fondos aportados por un miembro adherente a ese grupo de acreedores (Israel). Es decir, la falta de reconocimiento de esa deuda trascendería una eventual disputa judicial para desatar un serio e imprevisible conflicto diplomático.
Claves de la negociación
La primera cuestión en juego era el monto de la deuda. El nudo central pasaba por la definición del interés punitorio aplicable al saldo impago. Los acreedores pugnaban por aplicar una tasa del 12% anual. Los negociadores acordaron finalmente una tasa del 7%. Así, el capital adeudado ascendió a los 9.700 millones de dólares. Despejado ese punto, las partes acordaron una ingeniería financiera que incluye la cancelación de la deuda en un plazo de 5 a 7 años. Los desembolsos iniciales serán de 650 millones de dólares en julio de 2014 y 500 millones de dólares en mayo de 2015. A partir de entonces, el convenio establece un pago mínimo anual de 1.100 millones de dólares. Argentina podrá realizar pagos adicionales si las condiciones financieras la acompañan. La intención oficial es hacerlo en la medida en que ingresen dólares compensatorios por inversiones provenientes de los países miembros del Club. La tasa de interés resarcitoria acordada (4,5% anual sobre saldos) se reducirá al 3% anual en el caso de que se abone un importe mínimo anual de 2.250 millones de dólares.
Las perspectivas que abre el acuerdo varían de acuerdo con los interlocutores consultados. La idea de que vendría una «lluvia de inversiones» pareciera ser más una expresión de deseos que otra cosa. Lo más probable es que se rehabiliten algunos canales de financiamiento para compañías extranjeras con inversiones en la Argentina. Eso se traduciría en inversiones en rubros como hidrocarburos, química y petroquímica, maquinaria agrícola, automotrices, minería, laboratorios y obras públicas. Esos desembolsos permitirían reforzar el stock de reservas del Banco Central. La contracara de ese proceso sería una probable mayor extranjerización de la estructura productiva. No obstante, el acuerdo también facilitaría el financiamiento internacional de compañías nacionales y del Estado nacional.
Aldo Ferrer sostuvo que la remoción de «ese obstáculo importante tiene efecto positivo respecto de las expectativas del país». De todas maneras, el economista del Plan Fénix descartó que «la inversión en Argentina dependa de la buena voluntad de los acreedores y de los países avanzados». Según Ferrer, el objetivo debería ser movilizar el ahorro interno en clave productiva.
—Diego Rubinzal
