14 de agosto de 2022

Franco Mizrahi

Los vínculos entre integrantes de los tribunales federales y sectores políticos quedaron expuestos en una serie de imágenes de tinte futbolero. Denuncias cruzadas y causas en proceso.

Las fotografías que muestran al fiscal que acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio denominado «Vialidad» junto a uno de los integrantes del tribunal que debe resolver esa acusación, jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri, son otra prueba del estrecho vínculo que mantiene Comodoro Py con el macrismo y dañan aún más la imagen del Poder Judicial.
«Esto colapsó. Se debe hacer algo desde el Consejo de la Magistratura y la Comisión Bicameral de control del Ministerio Publico Fiscal. Tiene que ser reestablecido el Gobierno y el control, y los impresentables separados del servicio», afirma un camarista consultado para esta nota. «Todos son responsables, por acción, omisión o reacción. Se necesita un órgano superior serio y responsable que sancione los desvíos», añade otro magistrado.
Cristina Fernández se hizo eco de las fotografías y tuiteó: «De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri».
El fiscal Diego Luciani (acusa a la vicepresidenta en Vialidad) y el juez Rodrigo Rodríguez Uriburu (la juzga en el mismo juicio) integran el equipo de fútbol Liverpool, donde además ataja el camarista porteño Mariano Llorens. Designado por Macri en 2018, Llorens es una pieza clave en Comodoro Py: presidente de la instancia revisora es coautor de la doctrina del cuentapropismo con la que se benefició al líder del PRO en una megacausa de espionaje ilegal, firmó el sobreseimiento de Macri por la inteligencia ilegal a los familiares del ARA San Juan y, recientemente, en el marco del caso Ruta del dinero K, ordenó que se reúnan las causas contra la vicepresidenta para que se investiguen de forma «conglobada».
Las fotos futboleras son solo un elemento más que grafica la relación que mantiene el exmandatario con los principales funcionarios judiciales de los tribunales de Retiro. Se suman a las visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada que realizaban durante el gobierno de Cambiemos los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y hasta el fiscal Raúl Plee y el mentado Llorens. Hornos y Borinsky fueron denunciados penalmente junto al expresidente por esos ingresos, pero los tres fueron favorecidos por sus colegas de Comodoro Py y lograron el sobreseimiento. No obstante, quedan abiertos aún los expedientes que se iniciaron contra ellos en el Consejo de la Magistratura.

Pierna fuerte. Jueces y fiscales federales jugaron y juegan al fútbol en la quinta Los Abrojos, del expresidente Macri.

Otros ejemplos del vínculo que mantiene el macrismo con jueces que tienen despacho en el edificio de Retiro son el del camarista de Casación Daniel Petrone –designado por Macri– y el fiscal Carlos Stornelli. El primero, que integra la Sala I del máximo tribunal penal del país, se excusó de intervenir en el caso D’Alessio por su «íntima amistad» con el exministro de Justicia Germán Garavano. Petrone debe revisar los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces e interviene en el de los Cuadernos del chofer Oscar Centeno. A su favor: a pesar de sus relaciones, firmó el sobreseimiento de CFK en el caso Dólar Futuro. En lo que hace a Stornelli, su hijo trabajó unos meses en la AFI macrista. Otro juez de Casación, Carlos Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal y padre de un exfuncionario de Macri, Juan Bautista Mahiques, es actualmente Fiscal General porteño. Esta red de relaciones podría explicar los resultados que se vendrán en materia judicial.

Escenario consolidado
¿Es posible para el oficialismo modificar este escenario? La relación de fuerzas entre los distintos sectores de la política indica que es muy difícil que algo cambie en el corto plazo. No es azaroso que hayan naufragado todos los proyectos de reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso. En más de dos años de gestión, el Poder Ejecutivo no logró designar a un procurador general (continúa el interinato de Eduardo Casal desde 2017) ni reemplazar a Elena Highton de Nolasco en la Corte. Necesita los dos tercios de los votos en el Senado y no los tiene.
El Consejo de la Magistratura y la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (MPF), que desde tribunales señalan como dos organismos desde donde se pueden instrumentar ciertos cambios, están paralizados u obstaculizados. Por ejemplo: tras el recambio legislativo, la bicameral de control del MPF no pudo volver a conformarse. No hay acuerdo entre oficialismo y oposición para la designación de autoridades. El Consejo de la Magistratura –donde se sanciona a los jueces– fue reestructurado por la Corte, que tomó su presidencia y alejó al oficialismo de reunir una mayoría que le permita avanzar con sus iniciativas.
En este contexto, tras la publicación de las fotos de Luciani y Giménez Uriburu jugando al fútbol en la quinta de Macri, Cristina Fernández recusó a ambos para que sean apartados del juicio de Vialidad. Este viernes Luciani pidió al TOF 2 que rechace in limine la recusación. Dijo que no tiene «ninguna vinculación con el anterior presidente» y que hay «un ataque inusitado» en su contra. Ratificó su relación con Giménez Uriburu y afirmó que eso no afecta su objetividad y que mantiene relación con muchos jueces y abogados. Como era previsible, el TOF 2 rechazó todas las recusaciones.
El oficialismo no descarta presentar una denuncia penal tras las revelaciones. Se trata de una acción que busca exponer las relaciones que se hicieron evidentes. Pero son los mismos jueces de Comodoro Py los que deberán resolver la suerte de sus colegas (conviven todos en el mismo edificio de Retiro). Cada vez que eso sucedió primó el corporativismo y las denuncias, más tarde o más temprano, se terminaron cerrando.
Las fuentes consultadas coinciden en que ante este escenario, con una situación económica apremiante, el foco de la sociedad no está en la familia judicial. Y que los cambios que ahora se muestran indispensables para un mejor servicio de justicia debieron haberse realizado al inicio de la gestión, cuando el Gobierno tenía una mayor fortaleza.

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