11 de mayo de 2023
Unos 80 abogados y abogadas que llevan causas en las que se investigan los crímenes de la última dictadura cívico-militar concretaron su noveno encuentro y reafirmaron su lucha por la justicia en relación con los efectos del terrorismo de Estado. Letrados –querellantes, integrantes de organismos del Estado y del ministerio Público Fiscal– vinculados con la investigación judicial sobre secuestros, torturas, abusos, homicidios y desapariciones; apropiaciones de niños y robo de bienes, entre otros graves hechos que integraron el abanico de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura debatieron el pasado fin de semana y advirtieron sobre el avance de «discursos y prácticas de odio y misoginia» que ven materializados en el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández, y repudiaron a candidatos, espacios y representantes políticos de esos lineamientos «negacionistas». El colectivo sostuvo también que «para que haya garantía de que el proceso de juzgamiento a los genocidas no se va a paralizar, hay que tener recursos», afirmó Pablo Llonto, quien representa a decenas de sobrevivientes y familiares de víctimas.
