4 de junio de 2025
En la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se debatió una iniciativa que busca respaldar y ampliar el alcance de las cooperativas que promueven la inserción laboral de personas con discapacidad. La propuesta fue respaldada por representantes del sector cooperativo, académico y funcionarios de distintos niveles del Estado.
Durante la reunión informativa, encabezada por el diputado Daniel Arroyo, se remarcó el rol estratégico de estas entidades como espacios de trabajo digno e inclusivo. La discusión se da en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, proclamado por la Alianza Cooperativa Internacional, que invita a reafirmar los principios del movimiento en función de los desafíos sociales actuales.
«¿Por qué debería haber cooperativas que brinden accesibilidad a las personas con discapacidad y por qué debería haber normativa?», interpeló Mariana Pacheco, de la cooperativa La Huella. La dirigente expuso que en Argentina viven más de cinco millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 82,5% –de entre 18 y 64 años– no accede al mercado laboral, según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). «Este porcentaje es mayor en el caso de la discapacidad psico-social e intelectual, población que sin trabajo tiende a aislarse y aumentan sus síntomas», agregó. También destacó los beneficios sociales, sanitarios y económicos que implica la inclusión laboral: «La persona trabajando disminuye el gasto en asistencia y medicamentos, conlleva efectos terapéuticos y bajan los casos de reiteraciones».
Por su parte, Susana Fígaro, de la cooperativa Abriendo Caminos, consideró que «las experiencias de las cooperativas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de valores de inclusión y accesibilidad». En ese sentido, abogó por un marco legal que permita avanzar en iniciativas sustentables con el compromiso de todos los sectores.
Desde el ámbito académico, Gustavo Sosa, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, propuso que una eventual norma reconozca la complejidad y diversidad del modelo: «Una cooperativa de inclusión laboral es disruptiva respecto a una cooperativa de trabajo; aquí tenemos personas que están trabajando, personas que están acompañando, familias y entidades públicas y privadas». También planteó que los beneficios fiscales deben abarcar Ganancias, débitos, créditos e IVA, además de promover mecanismos para la recepción de donaciones.
El cooperativismo como herramienta concreta para garantizar derechos fue subrayado por Marcelo Betti, representante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Banco Credicoop. «En las cooperativas tenemos un lugar privilegiado, porque allí no es el fin de lucro, la maximización de la utilidad lo que motiva su naturaleza, sino que se buscan satisfacer necesidades humanas», expresó, al tiempo que recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, insta a los Estados a promover las cooperativas como espacios de empleo para personas con discapacidad.
La perspectiva federal estuvo presente en la voz de Eugenia Pomazán, secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba, quien describió la evolución de las políticas provinciales, valoró la transición desde un modelo asistencial hacia uno centrado en la dignidad y celebró las iniciativas que buscan construir respuestas concretas a aquellas organizaciones «que con mucho esfuerzo intentan salir de un modelo asistencial hacia uno de dignificación de sus miembros».
También participaron representantes de cooperativas vinculadas al turismo, como Rodolfo Tolosa, de la Federación de Cooperativas y Mutuales del Turismo, quien puso de relieve las barreras simbólicas y materiales que enfrentan las personas con discapacidad.
Finalmente, desde la provincia de Buenos Aires, el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los adolescentes y jóvenes con discapacidad en relación con la educación y el empleo y llamó a construir «normas que equiparen oportunidades, que compensen la justicia social, que se piensen con las personas con discapacidad». «Acá hay un gran desafío», concluyó.
Pacto cooperativo
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, promulgada en 2008 y con rango constitucional en Argentina desde 2014, establece como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».
Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un diagnóstico médico sino una situación social, producto de las barreras que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad. En este sentido, el cooperativismo se constituye en una herramienta clave para la inclusión. Poner al ser humano en el centro de las preocupaciones, más allá del lucro, permite generar entornos accesibles, derribar estigmas y promover nuevas formas de participación social y laboral.
En línea con estos principios, se lanzó el Pacto Cooperativo sobre Discapacidad, una iniciativa que convoca a cooperativas y federaciones a asumir compromisos concretos para fortalecer la inclusión, donde las entidades firmantes se comprometen, entre otras cosas, a capacitar a sus dirigentes y asociados en perspectiva de discapacidad; fomentar la participación plena de personas con discapacidad en la vida institucional; eliminar barreras físicas, virtuales y actitudinales; y contar con personal formado para impulsar su inclusión laboral, consolidando así el rol del cooperativismo como motor de una sociedad más justa, diversa e igualitaria.
